Es verdad que la decisión del gobierno nacional de trasladarle a las provincias el financiamiento de los subsidios al transporte de pasajeros significa, en la práctica, ponerlas frente a un compromiso que la mayoría de ellas no están en condiciones de absorber; y que el corte de los subsidios significaría un aumento de entre un 80 y un 90 % del boleto urbano, en el mejor de los casos.

Pero tampoco la pavada de Lifschitz de hacerse el picante ahora, cuando descubre que los subsidios al transporte son imprescindibles, luego de haberlos denostado –junto con todo el socialismo y sus demás socios en el Frente Progresista- durante más de una década en los tiempos del kirchnerismo, por la presunta discriminación que sufría al respecto la provincia.

Es decir, exactamente lo mismo que acaban de hacer hace poco con el Fondo Federal Solidario (FFS), que lo lloran cuando lo eliminaron, pero lo combatieron cuando Cristina lo creó votándolo en contra en el Congreso, así como habían votado en contra de las retenciones móviles, y así también como siguieron recibiendo las partidas, y financiando con ellas la obra pública provincial.

Los subsidios al transporte automotor que llegan desde la nación representaron en el 2017 algo más de 2149 millones de pesos, pero ya para éste 2018 experimentaron un ajuste nominal y real, porque los redujeron a 2000 millones, con una inflación subyacente del año anterior que orillaba el 25 %. No obstante esa poda (decidida unilateralmente por la nación), a fines del año pasado y con el presupuesto nacional que la contenía ya enviado al Congreso, Lifschitz accedió a firmar el pacto fiscal, y a hacerlo aprobar por la Legislatura a tambor batiente, entre gallos y medianoche y sin debate.

Y hasta el día de hoy no lo denuncia, pese a los reiterados incumplimientos de lo allí acordado, por parte del gobierno de Macri: no financia el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia sino en una ínfima parte y sin dejar de exigir (como se comprometió), no formaliza un ofrecimiento para pagar la deuda reconocida a la provincia por el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación y ahora tampoco sostiene los subsidios al transporte que se había comprometido a mantener, eliminando para el 2021 las asimetrías entre las provincias del interior y el AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires)

El mismo pacto fiscal que dio origen a la reforma previsional que les metió la mano en el bolsillo a los jubilados y de la que luego el propio Lifschitz se quiso desentender, en el que estaba implícitamente planteada la eliminación del fondo sojero que luego lamentaron, y estaba expresamente planteada la exención de Ingresos Brutos a los exportadores, esos grandes grupos económicos que la vienen levantando con pala, y ahora le preocupan al gobernador.

Es decir, el socialismo (como buena parte de la oposición de entonces) alimentó la tirria contra el kirchnerismo antes (lo que condujo a que ganara Macri), y alimentó después, ya con “Cambiemos” en el gobierno, al tigre del ajuste, y ahora se indignan porque los devora. En realidad, más a nosotros que a ellos.

Pero además si la preocupación son los subsidios nacionales que se caen (incluyendo los de la energía) no está de más recordar que también durante el kirchnerismo, los que gobiernan la provincia desde el 2007 denostaban los subsidios a la electricidad también por presuntas discriminaciones (falsas, porque CAMMESA les cobra lo mismo a todas las distribuidoras), pero los recibían y no obstante eso, aumentaron la luz todos los años, dos y tres veces por año, y llevaron a que los santafesinos paguemos una de las tarifas más caras del país.

Y ni hablemos del transporte automotor de pasajeros: en su tramo de media distancia (uniendo localidades de la provincia) es de jurisdicción provincial, y es en consecuencia el gobierno de Lifschitz (como antes el de Binner y Bonfatti) el que resuelve sobre las tarifas, y eventuales subsidios. Además de que, claro está, el 40 % por de los subsidios nacionales que llegan son para ese tramo del transporte.

Y puesto en ese rol, hizo lo mismo que con la EPE: aumentar las tarifas dos o tres veces al año, y de subsidiar, poco: resistió hasta donde pudo la sanción de la ley Rubeo, que creó un fondo con parte de la recaudación de Ingresos Brutos para destinarlo a financiar las tarifas del tranporte interurbano, y una vez que no le quedó más remedio que aceptar que la sancionaran, subejecutó las partidasdel fondo. O sea y para que se entienda: autorizó aumentos de tarifas, y dejó sin usar plata destinada a subsidiarlas.

Pero eso sí: el propio Lifschitz lleva invertidos casi 1800 millones de pesos en los aeropuertos de Fisherton y Sauce Viejo, para garantizar la llegada de las “low cost”.
Publicado por La Corriente kirchnerista santa fe

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