Cuándo en los febriles días de diciembre del año pasado, la oposición le advertía a Lifchitz que «firmar pacto federal» era despojarse de su soberanía», «atarse a las políticas de ajuste del gobierno», el socialismo hablaba de gobernabilidad por un lado y «rechazo de su partido» en la típica doble vara del partido gobernante, ahora deberá en nombre de la «gobernabilidad aceptar el brutal ajuste, encima endeundandose en dólares por 500 millones en un mercado volátil.

Los medios vienen registrando por estos días las negociaciones entre la nación y las provincias para repartir el ajuste fiscal de 300.000 millones de pesos comprometido por el gobierno de Macri con el FMI, para llegar el año que viene a la meta del 1,3 % del PBI de déficit fiscal previstos en el acuerdo.

En el caso de Santa Fe, primero el ministro de Economía Saglione y ahora su par de Gobierno y Reforma del Estado Farías, dieron cuenta de que la “cuota” que le tocaría a la provincia serían unos 8300 millones de pesos, a podarse presuntamente de partidas nacionales que dejaría de recibir; que deberían ser reemplazadas por fondos provinciales, o directamente por nada.

Incluso deslizaron algunos de los rubros: programas nacionales de salud, educación y desarrollo social, subsidios al transporte, planes de vivienda, el incentivo docente o el fondo sojero; lo cual no s permite reflexionar (con los números en la mano de lo que hoy recibe Santa Fe por esos rubros) no solo de cuanto será el ajuste, sino en que se sentirá.

En esta entrada dehace unos días analizábamos el caso de los programas nacionales en Educación y Salud que llegan a la provincia, y que significaban (con cifras de éste año, reiteramos) unos 3.428 millones de pesos.

De ese total, $ 1.674.731.000 corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en la provincia lo cobran tanto los docentes oficiales, como los privados. Si dejan de llegar esas partidas y la provincia no las compensa con recursos propios, todos los docentes santafesinos sufrirán una merma en sus salarios.

Otros 2000 millones de pesos corresponden al fideicomiso del SISTAU, que llega al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia para subsidiar el precio del boleto de colectivo urbano en las principales ciudades de la provincia; como Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Si decíamos acá (post de la cuenta de inversión) que haberlo congelado en términos nominales de un año a otro con una inflación anual del orden del 30 % obligó a importantes aumentos en las tarifas, pensemos a cuanto se puede llegar a ir el boleto de colectivo si esos subsidios desaparecen, y la provincia no los sustituye con fondos propios.

Otra poda previsible (al menos por lo que se viene manejando) serían los $ 2.211.328.000 contemplados en el presupuesto de este año en concepto del Fondo Federal Solidario (FFS), o fondo soja, que se conforma con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, y que se deben destinar exclusivamente a obras de infraestructura educativa, social, sanitaria, vial o de vivienda.

El 30 % de esos fondos la provincia los coparticipa a su vez con las municipalidades y comunas, lo que significa que si dejan de llegar, también ellas se verán privadas de recursos para hacer obras.

Finalmente y para llegar a la cifra que mencionaron los funcionarios provinciales (o superarla) podríamos agregar los $ 824.488.000 de fondos nacionales previstos en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Hábitat y Vivienda de la provincia, para ejecutar planes de viviendas sociales financiados por el Estado nacional.

Podarlos significará un atraso o paralización de las obras comenzadas y que no se inicien nuevas, agravando no solo el acuciante problema de la vivienda, sino el del desempleo; porque previsiblemente el ajuste en ese rubro destruirá empleos en la construcción y las industrias asociadas. Claro está que otro tanto sucederá si se elimina el fondo sojero.
FUENTE: Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe en 12:30

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