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miércoles, octubre 28, 2020

Y la plata ?

Caso Bolsafe: cruces entre el fiscal del juicio y la querella por la incorporación de una «prueba»

Es porque el funcionario judicial pidió incorporar al juicio un informe elaborado por un estudio jurídico que asiste a la defensa de los ejecutivo del banco Galicia que se encuentran procesados. Un querellante se opuso tras sostener que el dictamen es ajeno a la causa.

La causa que investiga la mega estafa de Bolsafe Valores, cuyo fraude alcanzó a más de 400 ahorristas, sumó esta semana un nuevo cruce entre la Fiscalía General y las querellas del caso. Es que el fiscal Martín Suárez Faisal pidió que se admita como prueba en el futuro juicio un informe realizado por un abogado que asiste a los defensores de tres ejecutivos del banco Galicia que actualmente se encuentran procesados por facilitamiento de los medios de lavado de activos.

Por el caso, el abogado querellante, Leandro Corti, ya se opuso y además anticipó a los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe que en caso de que se admita la “nueva prueba” recurrirá ante Casación Penal tras considerar se viola el debido proceso y además el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal ya que el propio fiscal Walter Rodríguez (que fue quien llevó las riendas del caso en la etapa de instrucción) tomó otra postura.

Por la causa Bolsafe hay un total de 9 personas acusadas de haber pergeñado una maniobra fraudulenta que estafó a 408 ahorristas por un monto total de $256.031.000 por medio de las firmas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos SA.

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Desde el inicio de la pesquisa se crearon en total tres causas penales. Dos que ya se encuentran radicadas en el Tribunal Oral Federal, de las cuales una ya está en etapa de ir a juicio, y la otra que aguarda resolución en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La primera causa fue elevada el 23 de febrero del 2017 y tiene un total de nueve imputados: Mario Rossini; Omar Santos Francisco Rossini; María Mercedes Leiva; Marisa Laura Valdez; Carolina Fany Pavarín; Daniela Laura Reatti; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; y Miriam Analía Sabella.

El Tribunal Oral, el edificio donde se llevará a cabo el juicio.

El Tribunal Oral, el edificio donde se llevará a cabo el juicio.

El segundo tramo de la investigación fue elevado en 2018 y colocó como acusados a Mario Rossini; al mandatario bursátil, Antonio Iturrioz; el contador público nacional, Leonardo Perrotta, y Favio Carlos Meijome. En tanto, la causa tiene una tercera parte que apunta a los ejecutivos del banco Galicia, Diego Waldemar Van de Velde, Fernando Gabriel Yah Yah y Silvio Ariel Gómez cuyo procesamiento aún se encuentra es revisado en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

¿Qué dice el informe?

El dictamen en cuestión fue elaborado Diego Serrano Redonnet, un letrado de Buenos Aires que pertenece al estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) y el cual fue contratado por la defensa de los tres empleados del banco Galicia que fueron procesados en 2019 por el juez Francisco Miño.

Dicho informe surgió en el marco de la apelación que llevaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Sala B) los abogados Miguel Ángel Sarrabayrouse Bargalló, Juan Manuel Sarrabayrouse y Facundo Sarrabayrouse que asisten a los ejecutivos de la entidad bancaria.

El Banco Galicia de San Martín y Primera Junta.

El Banco Galicia de San Martín y Primera Junta.

En líneas generales, Serrano Redonnet sostuvo que el Banco Galicia “no debería estar obligado a analizar si sus comitentes se encuentran realizando una oferta pública de valores negociables sin autorización”, tal como apunta la investigación. Por otro lado, señaló que la entidad bancaria “tampoco debería ser responsable por el actuar ilegitimo” que llevó Rossini, el mayor apuntado en la causa.

Al respecto, la defensa de los bancarios destacaron a los jueces que el dictamen técnico jurídico fue requerido por el Banco Galicia y permitió “demostrar la total mendacidad” de varios de los argumentos que sostienen tanto el fiscal Walter Rodríguez como así también los abogados querellantes, que acusan a los empleados de la entidad bancaria de brindar los medios para blanquear el dinero extraído a los ahorristas perjudicados.

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«Señores Camaristas. Si un experto reconocido en materia bursátil a quien se le brindó toda la información relevante arribó a dicha conclusión, no se comprende cómo puede pretenderse un conocimiento distinto de parte de tres empleados rasos de la sucursal, tres simples trabajadores bancarios que, como nos hemos cansado de decir y nunca se ha rebatido, ni siquiera tuvieron intervención en la operatoria de títulos de BV Emprendimientos», destacó el escrito que presentaron los abogados a los jueces cámaristas y que tuvo acceso Aire Digital.

Opiniones y cruces

El dictamen de Serrano Redonnet fue contemplado por los jueces camaristas y luego enviado al Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde se dictó el procesamiento para los ejecutivos del banco Galicia. Tal medida fue porque los magistrados consideraron que era necesario que sea incorporado no solo en la investigación que apunta a los empleados bancarios sino también a la causa que está a punto de llegar a juicio en el Tribunal Oral Federal.

Sin embargo, el rechazo no tardó en llegar. El primero que cuestionó tal medida fue el fiscal Walter Rodríguez, que en un dictamen valoró que la «nueva prueba” en realidad se trata de un acto provocado unilateralmente por un ente ajeno al proceso. En esa línea, el funcionario judicial agregó que el informe fue elaborado por un abogado particular, que en estricto sentido no asumió ningún rol en la causa judicial.

En efecto, Rodríguez giró el dictamen en cuestión al fiscal general -de juicio-, Martín Suárez Faisal, el cual analizó la “nueva prueba” y solicitó al tribunal que la incorpore al debate y además cite como testigo al juicio a Serrano Redonnet.

Para el fiscal de instrucción la «nueva prueba» se trata de un acto provocado unilateralmente por un ente ajeno al proceso

El pedido de Suárez Faisal generó la oposición de la querella del caso, que durante este lunes expresó su rechazo. “Las consideraciones jurídicas o de naturaleza realizadas por un abogado a través de un dictamen ofrecido por una parte del proceso no constituyen prueba en el derecho procesal”, señaló el abogado querellante en la causa, Leandro Corti.

“El abogado que confecciona un dictamen técnico del que se vale una de las partes tampoco reviste la condición de testigo de los hechos que se ventilan en el proceso”, agregó en su planteo letrado santafesino.

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