DIÁLOGO, CONSENSO Y PACTO SOCIAL

 

En la semana que pasó, los ministros del área económica del gobierno (Guzmán, Kulfas, Basterra) vinieron sosteniendo reuniones con diferentes nucleamientos del empresariado: la cúpula de la poderosa AEA (que agrupa a las empresas más grandes del país), el Consejo Agroindustrial (la entidad que surgió para disputarle a la Mesa de Enlace la representación del complejo de agronegocios), las empresas mineras y los gobernadores de las provincias donde la actividad es importante, y también hubo contactos con la Unión Industrial Argentina.

Nada raro en un gobierno que se ha propuesto intentar alcanzar alguna forma de pacto social para salir de la crisis, y teniendo por interlocutores a los empresarios privados, que son los que en un modelo capitalista generan el empleo; ciertamente en sinergia con una estrategia de desarrollo trazada a partir de las políticas públicas, o al menos debería ser así para quienes no creemos que hay que dejarlo todo librado a la mano invisible del Estado. Hasta ahí, nada que reprochar.

No trascendieron demasiados detalles de los encuentros, sino en su mayoría los que dejaron trascender los empresarios por los medios, que en su mayoría son la previsible reiteración de su libreto tradicional: reclamos por la presión impositiva, pedidos de baja de impuestos, preocupación por el déficit fiscal y el gasto público, reclamos por el acceso al mercado cambiario sin restricciones. Es decir, nada que sorprenda considerando la indigencia intelectual de nuestra élite empresaria.

Acaso el detalle más resonante sean las declaraciones que se le atribuyen al ministro Guzmán cruzando a Héctor Magnetto (y quizás a Paolo Rocca) en su reclamo por una devaluación del tipo de cambio oficial para converger más estrechamente con las cotizaciones de los dólares financieros y el «blue». Según se dice, el ministro le habría aclarado el CEO del grupo Clarín que eso no lo pide ni siquiera el FMI – de lo que pide el Fondo hablamos otro día -, y esto si lo dijo el ministro de Economía (que prometió presentar un «plan de estabilización») como conclusión de los encuentros, algunos empresarios deberán entender que gobierna el gobierno, y no ellos.

La reflexión merece otra complementaria: la cúpula de nuestra élite empresarial apostó con todo, armas y bagajes, a la reelección de Mauricio Macri en las elecciones del año pasado, y perdió. Y también nos hizo perder a todos los cuatro años anteriores, cuando su misma apuesta pero en el 2015 les salió bien, y las ideas que pregonan se aplicaron desde el gobierno, con los resultados conocidos: indicadores conocidos esta semana dan cuenta de que en determinados sectores de la actividad económica, el macrismo fue peor incluso que la pandemia. Se sabe, el neoliberalismo es una amenaza global, instalada desde hace mucho más tiempo que el coronavirus.

Sin embargo, nuestra esplendente «burguesía» (que no nacional) parece no haber extraído ninguna enseñanza de ello, y sigue en lo suyo como si nada hubiera pasado. Con la inflación liderada por los aumentos de precios en los alimentos (a partir de las presiones devaluatorias) muchas empresas líderes del sector alimenticio (que tallan fuerte en todas las gremiales empresarias que se reunieron con el gobierno) piden aumentos para poder seguir participando de «Precios Cuidados».

Y por el contrario pese a haber obtenido beneficios como la rebaja de retenciones o el aumento de los reintegros a las exportaciones, las principales empresas exportadoras del país siguen retaceando la liquidación de divisas para forzar una devaluación, sin que el gobierno atine a hacer algo más que quejarse; en lugar de obligarlos a liquidar.

Por último, aun cuando los reclamos por una reforma laboral flexibilizadora (la bandera que unifica a las diferentes fracciones del capital) han mermado como consecuencia de que la crisis la impuso de hecho vía contracción salarial y amenaza de despidos, los reclamos por la legislación del trabajo no cesan: la UIA manifestó su preocupación por un fallo de la justicia laboral que volteó el mecanismo de acuerdos express para la rebaja de salarios que acordaron con la CGT y el gobierno; y los voceros empresarios se muestran preocupados por el avance en el Senado de un proyecto de ley para elevar de dos a tres años el plazo de prescripción de las acciones judiciales por despidos e indemnizaciones.

Como ven, nada nuevo bajo el sol, y ningún planteo desde el sector empresario vinculado a un modelo de desarrollo productivo integrado y que garantice crecimiento con inclusión social y mejoras en la distribución del ingreso. Sin estar nosotros en los detalles de las conversaciones, tampoco alcanzamos a advertir cuáles son los aportes concretos que los empresarios están dispuestos a hacer para la concreción del tan meneado «acuerdo social». Para decirlo más concretamente: no parece que estén dispuestos a ceder en ninguna de sus demandas, para conseguir ciertos niveles de acuerdo en una estrategia de desarrollo.

La propia precisión de Guzmán («algunos empresarios tienen que entender que los que gobernamos somos nosotros») pone las cosas en su exacta medida para entender como está la cosa. La pregunta es si el gobierno seguirá creyendo que aun así es posible alcanzar acuerdos, y en tal caso con quiénes, y a cambio de qué; y la pregunta, claro está, es política, en el más completo y profundo significado del término, como políticos son el dilema y el conflicto que están planteados.

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