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lunes, noviembre 30, 2020
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Uruguay en esto SÍ marca el camino

Desde que se legalizó la IVE, hubo una sola muerte en el sistema de salud

Aborto: Uruguay, un espejo para el debate en Argentina

La ILE se implementó en 2013. Los últimos registros muestran que empezaron a bajar los casos de abortos legales. Y es muy baja la mortalidad materna. El impacto social que tuvo la ley.
La palma naranja fue el símbolo del reclamo por la legalización del aborto en Uruguay.
La palma naranja fue el símbolo del reclamo por la legalización del aborto en Uruguay. 

En siete años de implementación de los servicios de la ley de interrupción legal de embarazo en Uruguay solo se registró una muerte por aborto en el sistema de salud por una complicación quirúrgica. “Fue la única que se registró en estos años. Y la mortalidad materna se mantiene extremadamente baja: estamos en el segundo lugar en América, después de Canadá. Tenemos unas 14 muertes cada 100 mil recién nacidos vivos”, precisó a Página/12 Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe de la Maternidad del Hospital Pereira Rossell, el más importante del país, e integrante del comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Briozzo fue quien tuvo en sus manos la implementación de la ley que despenalizó y legalizó el aborto a partir de 2013 en el país vecino. Era en ese momento subsecretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno del presidente José “Pepe” Mujica. Argentina tiene una mortalidad materna que casi triplica la de Uruguay: el último registro oficial correspondiente a 2018 mostró que durante ese año del gobierno de Mauricio Macri volvió a haber un incremento –había descendido en 2017– y se ubicó en 37 cada 100 mil nacidos vivos. “Las IVE se producen por vía medicamentosa en su amplia mayoría: 95 por ciento. De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control post-aborto”, destacó Lilian Abracinskas, activista feminista y director de Mujer y Salud en Uruguay, ONG con larguísimo recorrido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Los registros oficiales del último año muestran que empezaron a bajar la cantidad de abortos legales, reveló Briozzo.

La experiencia en Uruguay es una interesante muestra que deberían analizar las y los legisladores argentinos que se aprestan a decidir si votan por el aborto clandestino y siguen empujando a las mujeres a morir por esa causa evitable o eligen un modelo de salud pública que contempla los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos. En Uruguay el aborto dejó de ser una práctica en la que se puede perder la vida. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencias de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas. La última estadística oficial disponible registró 35 muertes por aborto en el país, una cifra que, incluso, podría tener subregistro.

–¿Qué impacto tuvo la ley de IVE en Uruguay? -–le preguntó Página/12 a Briozzo.

–El impacto ha sido extremadamente positivo. En el marco del huracán de la crisis socioeconómica generada por las medidas de mitigación de la pandemia, si no hubiéramos tenido la ley, hubiera aumentado el número de abortos en condiciones de riesgo y probablemente de manera sustantiva la mortalidad materna. Esta crisis que estamos viviendo hoy se asemeja en términos históricos a la del 2001, cuando fundamos Iniciativas Sanitarias y el modelo de reducción de riesgo y daño para mitigar los efectos del aborto inseguro y hoy lo que vemos con la ley instaurada y sólida en todo el país es que no ha habido un incremento de los abortos de riesgo. Y a pesar de que los servicios de salud pueden verse en algunos casos presionados –por la atención de pacientes con covid– se ha podido dar una respuesta adecuada en esta situación.

Leonel Briozzo, responsable de la implementación de la ley.

La ley uruguaya fue la ley posible: la que permitió reunir las adhesiones y los votos necesarios para sancionarla en 2012. Hubo algunas concesiones en el Frente Amplio, que la impulsó. Por ejemplo, obliga a las mujeres a cumplir con un proceso burocrático de varias consultas y un período de reflexión de cinco días. Pero lo fundamental es que permite que entre 9000 y 10 mil mujeres al año aborten en la legalidad. Se promulgó en noviembre de 2012. ¿Qué establece la ley? Crea servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud. Se mantiene el delito en el Código Penal pero no se aplica la pena: hasta las 12 semanas de gestación; hasta las 14 semanas por violación y sin plazo cuando esté en riesgo la salud de la mujer o haya malformación fetal incompatible con la vida. Se habilita la objeción de conciencia para los ginecólogos y se crea la figura de objeción de ideario para las instituciones de salud con creencias religiosas. No pueden hacer uso de estos servicios mujeres extranjeras o migrantes con menos de un año de residencia en el país

“Todas las instituciones de salud afiliadas al Sistema Nacional Integrado de Salud del país están brindado los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y de aborto legal. Salvo las que hicieron objeción de ideario: Círculo Católico y Hospital Evangélico”, indicó Abracinskas. Y señaló que los registros del Ministerio de Salud Pública indican que:

* La mayoría de los abortos se da en mujeres mayores de 20 años

* De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control posaborto.

* El 56 por ciento de las IVE se realizó en Montevideo y 44 por ciento en el Interior del país.

* El sector privado registra el 51 por ciento de los casos, aunque la relación es muy pareja con el sector público, que tiene también disponible los servicios en la red de atención primaria.

La interrupciones legales de embarazo se realizan en su mayoría de forma ambulatoria y con medicamentos, una combinación de las drogas mifepristona y misoprostol. “Se calcula que es más seguro un aborto con medicamentos que un parto normal, a nivel internacional. Y el costo es menor. La amplia mayoría no necesita internación para la resolución de la situación. Hemos tenido una experiencia muy buena en ese sentido que está publicada en el International Journal of Obtetrics and Gyneecology hace dos años en un suplemento especial, porque es una dirección para el resto de los países. Y el otro factor importante que tiene el aborto con medicamentos es que empodera a la mujer en su resolución y ya no es el médico el que hace el aborto sino ella. El médico acompaña capacitadamente la decisión de la mujer”, agregó Briozzo

Briozzo, quien fue invitado a exponer en las audiencias de 2018 en el Congreso, en el marco del debate en Argentina, fue el impulsor en su país de la estrategia de reducción de daños y riesgo en casos de aborto por la cual se empezó a brindar asesoramiento a las mujeres que querían interrumpir un embarazo, en el marco de la confidencialidad de la consulta, sobre prácticas seguras (aborto con pastillas) para evitar que recurrieran a métodos riesgosos como la introducción de tallo de perejil, sondas o agujas, cuando todavía se trataba de una práctica criminalizada. Esa estrategia fue primero, a partir de 2001, una iniciativa médica, luego en 2004 adquirió status de resolución ministerial y posteriormente, en 2008, se convirtió en norma nacional en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En Argentina la empezó a implementar el Hospital Argerich, en su servicio de Adolescencia en el año 2004 y luego se fue replicando en otros lugares del país.

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