Mucho se ha dicho y escrito sobre el «lawfare», es decir las tácticas de utilizar los aparatos represivos del Estado como la justicia, para distorsionar las condiciones de la competencia democrática y sacar de carrera a opositores molestos y competitivos. Negada por la misma parte de la «academia» que sostiene burradas tales como que habría en América Latina una «nueva derecha moderna y democrática», es una de las herramientas favoritas de las derechas reales, en todo el continente.

Y aunque también se intente desacreditar el hecho sobre la bases de que quienes lo ponen en evidencia son conspiranoicos, es evidente que el «lawfare» ha sido alentado, inspirado y apoyado por las distintas administraciones que pasaron por el gobierno de los Estados Unidos sin distingo de republicanos o demócratas, como un mecanismo más para tutelar sus intereses estratégicos en el patio trasero.

De hecho, el presidente electo Biden fue parte de una administración como la de Barack Obama que llevó la estrategia a nuevos límites, sin que esto implique -ni mucho menos- desconocer otras formas desembozadas de injerencismo yanqui en las contiendas políticas en América Latina, como la ostensible presión de Donald Trump al FMI para que le desembolsara al gobierno de Macri un gigantesco préstamo con el que esperaba financiar su frustrada reelección.

No es casual que las tensiones políticas con riesgo para la estabilidad de las democracias regionales hayan regresado con toda su fuerza luego de una década larga en la que gobernaron en los principales países de la región fuerzas populares que, con sus matices propios cada una de ellas, se apartaron de la hoja de ruta del Consenso de Washington. El hecho marcó una alerta para la potencia dominante, que piensa sus estrategias a largo plazo y que allá por los 80′ debió virar del apoyo más o menos explícito a las dictaduras militares que asolaban la región, a soltarles la mano para consentir aperturas democráticas condicionadas y tuteladas en sus posibilidades reales de expresión.

En paralelo y como consecuencia de las insatisfacciones sociales y demandas pendientes de los procesos democráticos, fueron creciendo en América Latina fuerzas de derecha competitivas en términos electorales, pero que cabalgan sobre discursos y prácticas antipolíticas y anti-sistema, y que no logran siquiera fingir por demasiado tiempo, que aceptan jugar con las reglas de juego de la democracia.

Desde Bolsonaro a Macri y el PRO, pasando por la derecha boliviana y hasta Trump (sin que esto signifique que los demócratas no sean también la derecha, en más de un sentido) como fenómeno que se impuso a la nomenclatura tradicional de los republicanos, se trata de fenómenos políticos nacidos de la insatisfacción, y que la explotan en términos de utilizar los discursos de odio que crecen a su amparo, sin reparar en las consecuencias de ello.

El problema es que ese marco conceptual puede servirles, en determinadas circunstancias, para ganar elecciones (como de hecho les ha servido), y por un cierto tiempo para disimular las consecuencias de las políticas de exclusión, miseria y concentración de la riqueza propias de las formas más salvajes del capitalismo, cuyos intereses expresan política y electoralmente.

Dicho de otro modo: el «aggiornamiento» político de las derechas incorporando técnicas del márketing y la persuación social para poder volverse competitivas en términos electorales y ganar no estuvo acompañado de una renovación de las premisas de los modelos de desarrollo que sostienen y ejecutan, si llegan al gobierno: no manifiestan la más mínima intención de propiciar formas de desarrollo más integrado y equilibrado, con mayores grados de inclusión social o distribución de la riqueza. Y el núcleo de los intereses reales que expresan y defienden (que exceden con creces los de sus votantes reales o potenciales) es tan duro y consolidado, que no pueden tutelarlos de otro modo.

Lo que lleva a que se encuentren hoy, a cuatro décadas del fin de las últimas dictaduras militares de la región, en el mismo exacto punto en que estaban entonces, y frente al mismo dilema: como legitimarse políticamente a largo plazo sin sentarse en la punta de las bayonetas y bajo condiciones de democracia abierta, gobernando para fracciones muy minoritarias y privilegiadas de la sociedad.

Por eso no sorprende que, cuando ese mismo dilema los pone más tarde o más temprano frente a la derrota electoral y la salida del gobierno, se sientan tentados a tirar del mantel y volver a las viejas mañanas, olvidando todo compromiso con el pacto democrático. Es lo que pasó hace un año en Bolivia, y amenaza volver a pasar ahora, en Santa Cruz de la Sierra y otras regiones; y de ese mismo lado vienen los espasmos golpistas de las marchas «anti todo» del núcleo duro opositor al gobierno nacional en nuestro país.

Son muestras de impotencia política pero no por eso menos peligrosas, sino todo lo contrario: se constituyen en un factor permanente de perturbación social, y desestabilización democrática, porque no aceptan ser «integrados» y procesar sus demandas bajo las reglas de juego que rigen para los demás. Ahí anda Camacho en Bolivia con apenas el 14 % de los votos obtenidos hace semanas, prometiendo reanudar su cruzada golpista contra el nuevo gobierno del MAS.

Y acá andan los antiperonistas furiosos, proclamando que son el 41 % como si, aunque eso fuera cierto, fuera más que el 48 % largo que votamos por el «Frente de Todos». Nos están diciendo que hay votos y votos: unos deben necesariamente ser oídos, y los otros (los mayoritarios) ignorados, como si fueran ciudadanos de segunda. En éste caso, la marcada disminución en el número de asistentes -reveladora de esa impotencia de la que hablamos- no debe confundir: siguen yendo precisamente los más extremos, y los siguen azuzando los medios y dirigentes políticos más flojitos de papeles en materia de credenciales democráticas.

Hablando de la Unión Industrial Argentina decía Perón que no era ni unión ni industrial, y muchos menos argentina. Lo mismo vale para la «nueva derecha moderna y democrática»: no es nueva ni moderna, y mucho menos democrática.

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