Varias veces hemos señalado acá que no terminábamos de entender el empecinamiento del gobierno por cerrar la negociación con los acreedores externos por la reestructuración de la deuda, en medio de la fenomenal convulsión mundial que ha causado la pandemia, también en la economía.
Lo que hasta ese momento era crucial para el país, y en cierto modo era mirado con interés en los mercados financieros y círculos conómicos internacionales por el volumen de nuestra deuda (drásticamente engordado por el macrismo) pasó a ser un episodio marginal, en un panorama donde todos los Estados aumentan la emisión y el gasto, y en consecuencia el déficit fiscal y eventualmente el endeudamiento, para afrontar la crisis. Y donde todas las deudas (las públicas y las corporativas privadas) han entrado en un cono de sombras y dudas sobre su posibilidad de pago.
Tan es así que no son pocas las voces (desde el FMI hasta el Papa) que reclaman no ya una reducción drástica del peso del endeudamiento, sino una lisa y llana condonación de los pasivos externos de los países más pobres o en vías de desarrollo.
Y eso tiene que ver con que hoy es absolutamente imposible saber como será el mundo que emergerá del coronavirus, incluso en los países centrales: la crisis ha destrozado las previsiones y pronósticos, tanto como todas las ramas de la actividad económica, y el comercio mundial.
No se trata acá de discutir la pertinencia de la oferta que -según los trascendidos- formularía el gobierno argentino a sus acreedores, que todo indica será agresiva, sino la oportunidad política y económica en la que la misma es alumbrada: cuando el país atraviesa una cuarentena que amenaza prolongarse indefinidamente o por lo menos por un largo tiempo; y cuando a los aciertos del gobierno en el diseño de la política sanitaria para contener la epidemia, no le sigue un mismo nivel de eficacia en las respuestas económicas a la crisis.
Según cuentan acá en Infobraden (y sin que esto implique dar por buena la fuente), el gobierno ofrecería postergar el pago de intereses por cuatro años (es decir, no se pagarían cupones hasta el fin del mandato de Alberto Fernández), y a partir del 2024, se pagaría el interés del uno (1) por ciento, que sube por medio punto (0.50) al año, hasta llegar al interés máximo de la oferta que es cuatro con cincuenta (4.50); de modo que el interés más alto de un cupón recién se percibiría por los acreedores en 2031.
Eso, mientras no se paga la amortización del capital por cinco años, hasta 2025, y se pagaría con una sustancial quita del capital, pagando entre 38 y 40 centavos de dólar. Según el consenso más o menos establecido en el mercado, los fondos de inversión con tenencias más importantes de deuda rechazarían toda oferta que esté por debajo de los 55 centavos por dólar de deuda nominal, y preferirían seguir litigando en los tribunales del exterior (en especial en los EEUU), alentados por los éxitos de los fondos buitres tras la capitulación macrista en 2016.
En unos días (el miércoles de la semana próxima) se produce un vencimiento de 500 millones de dólares, que el gobierno no pagaría jugando con el fantasma del default y el plazo de gracia de hasta 30 días corridos para cancelar, previsto en la emisión original del bono; tratando de ese modo de doblegar la resistencia de los acreedores más reacios. Insistimos: en condiciones normales, nada habría que objetar al modo en el que el gobierno viene manejando el asunto, o la propuesta que piensa formular, si esos fueran los términos en los que la misma está concebida.
La cuestión es que los tiempos distan mucho de ser normales, y no lo serán por un tiempo prolongado, que nadie puede saber, a ciencia cierta, de cuanto será. La pandemia ha trastocado todo, imponiendo otras prioridades; y no se puede saber cuales serán el país y el mundo que emergerán de ella.
De modo que comprometer en éste momento proyecciones macroeconómicas a futuro sobre la evolución de las principales variables (el PBI, el resultado fiscal, el balance de divisas, el resultado del comercio exterior) es casi astrología, considerando las circunstancias. No se trata entonces de cuestionar la posible oferta, sino el hecho mismo de poner la energía de quien conduce la economía en la cuestión, en estos momentos, cuando hay tantas otras cuestiones que demandan atención urgente.
Acaso haya quien piense -y no le falte razón, no pretendemos ser los dueños de la verdad- que sea precisamente éste el mejor momento para hacerlo; cuando los acreedores o al menos algunos de ellos pueden estar forzados a aceptar condiciones que, en otras circunstancias, ni siquiera considerarían.
Es posible, pero visto con la perspectiva de hoy (que por su gravedad, se nos ocurre, se sobre pone a toda otra posible de análisis), es difícil aceptar que haya algo más urgente que -por ejemplo- reanimar una economía local que ya venía mal y se cayó a pedazos por efecto de la crisis, con los efectos sociales que eso conlleva.

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