NI LA LIMOSNA

 

El tuit de apertura corresponde a esta nota de Nancy Pazos en Infobraden de ayer, en la que cuenta de la «guerra» desatada entre el gobierno nacional y la cúpula de lo más poderoso del empresariado local, nucleada fundamentalmente en la AEA y en el Foro de Convergencia Empresarial. El «detonante» del conflicto habrían sido las últimas medidas de control del mercado de divisas, y la presentación en el Congreso del llamado «impuesto a las grandes fortunas».

Como señalamos en el tuit, es notable como la nota naturaliza el hecho de poner en un pie de igualdad al gobierno legítimo del país, elegido por la ciudadanía en comicios democráticos y dotado en consecuencia de los atributos que le otorga la Constitución, con grupos ciertamente poderosos pero a los que no vota nadie, cuyas opiniones deben ser siempre seguidas, y cuyos intereses concretos nunca deben ser molestados; porque de lo contrario habrá problemas: tanto así buscan los medios -en tanto dispositivo de construcción de sentido- que como sociedad internalicemos que nuestra democracia tiene zonas prohibidas, territorios en los que no puede avanzar, cosas con las que no se le permite meterse.

Quienes son lectores habituales del blog sabrán que aquí hemos cuestionado ciertas vacilaciones de Alberto Fernández para ir a fondo con mayor velocidad y decisión en ciertos temas, y su espíritu componedor, que en circunstancias termina siendo una desaconsejable tibieza, a la hora de confrontar con determinados factores de poder instalados, que para nada guardan reciprocidad para con él o su gobierno.

En estos algo más de nueve meses de gobierno y aun reconociendo las dificultades que causa la pandemia, cuesta encontrar medidas del gobierno nacional al que votamos y por el cual militamos, que hayan afectado intereses concretos de los más poderosos de la Argentina. Incluso el propio «impuesto a las grandes fortunas» se demoró meses en llegar al Congreso, aun está lejos de ser aprobado y no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo (el propio presidente se ocupó de destacar que era asunto del Congreso), y es defendido desde el propio oficialismo con argumentos culposos, como pidiendo disculpas por impulsarlo.

«Contribución extraordinaria», «por única vez», «aporte solidario», así se lo identifica, y se hace hincapié en que tienen que pagarlo muy pocos frente al conjunto de los argentinos, con una ínfima parte de sus recursos o patrimonios, y solo porque estamos en una situación excepcional como la que impone la pandemia. Aunque el gravamen termine saliendo y pueda cobrárselo, tal modo de presentarlo es, a no dudarlo, una derrota conceptual del campo nacional y popular; que asume culposamente una medida que debió haberse dispuesto antes, al inicio del gobierno, en la ley de emergencia, y con vigencia más prolongada en el tiempo; para hacer realidad las promesas de campaña de que las consecuencias de la crisis legada por el macrismo, no las iban a pagar los mismos de siempre.

No se hizo nada con los resultados de la investigación del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el macrismo, así como también se cerró un acuerdo con los acreedores externos, tomando la deuda recibida del gobierno anterior sin beneficio de inventario. Que el acuerdo sea bueno en términos de descompresión de los vencimientos externos que el país debería pagar si no se hubiera alcanzado no debe hacernos perder de vista este aspecto de la cuestión, que hace a la distribución social de las cargas que genera la crisis.

Cierto es que en las últimas semanas se puede advertir un giro político en la gestión de AF, en algunas decisiones importantes, como el DNU que declara servicios públicos a la provisión de Internet, la televisión por cable y la telefonía celular, congelando sus tarifas; la quita de coparticipación a la CABA o los más recientes controles al dólar. Pero en todos los casos parece tratarse de comportamientos reactivos a hechos externos y ajenos al gobierno: la compra de dólares «bolsa» por el grupo Clarín a través de su controlada Telecom disparando el precio de la divisa en el mercado electrónico, el motín policial de la provincia de Buenos Aires y la creciente pérdida de reservas del Banco Central, respectivamente.

Todas esas medidas bien pudieron haberse adoptado antes -porque son necesarias-, pero pareciera que el gobierno sigue funcionando a dos velocidades, según quienes sean los afectados por sus decisiones: el reciente aumento de las naftas encabezado por YPF, por ejemplo, que golpea los bolsillos de los asalariados, y alimenta la inflación se resolvió entre gallos y medianoche sin tanta demora ni conciliábulo; y el presupuesto 2021 que aterrizó en el Congreso plantea para el año que viene un aumento de las tarifas, sin que sepamos aun en que estado está la renegociación de los contratos que autorizó la ley de emergencia, o cuales son las inversiones y demás contrapartidas a que se obligarían las empresas, a cambio del descongelamiento de las tarifas.

Distraídos cotidianamente con el circo destituyente opositor, no deberíamos perder de vista que, con o sin pandemia, la economía está muy lejos de recuperarse, y la doble crisis (la heredada de Macri y la generada por el virus) destrozó empleos, salarios, consumos y actividad; y su recuperación tan rápido y profundamente como sea posible es un asunto de primer orden no solo por razones de estricta justicia o cumplimiento del compromiso electoral, sino de supervivencia política del propio gobierno: una economía recuperándose es la condición necesaria insoslayable para que el oficialismo atraviese las elecciones de medio mandato -en las que se juega el control del Congreso por el resto del mandato- en condiciones competitivas. Con prolongación de la recesión y aun con una oposición espantosa, ingresamos en terreno pantanoso.

Los controles al dólar, se dijo, llegaron más tarde de lo debido, y las mismas empresas de la cúpula que hoy le muestran los dientes al gobierno accedieron generosamente a las escasas reservas del Central, para cancelar anticipadamente deudas reales o presuntas. El «impuesto a las grandes fortunas» no afecta a las empresas -y por ende tampoco a la inversión- sino a los patrimonios personales de sus accionistas, y tal cual ha sido diseñado, es una limosna que no compromete en absoluto sus finanzas, ni los pone en riesgo de indigencia o nada parecido.

¿De dónde viene entonces tanta resistencia, que se expresa no por los directamente afectados -por razones de pudor social, digamos- sino por las bocas de fuego mediático a su servicio, y por una oposición impresentable siempre dispuesta a canalizar sus demandas?

De que sin desconocer los aspectos estrictamente monetarios del caso, le están formulando al gobierno una advertencia de tono político (como la publicidad de Clarín con la cacerola): no tolerarán ninguna iniciativa que pretenda innovar sobre la práctica hasta aquí habitual de que ellos, los más poderosos, se creen exentos de obligaciones adicionales en situaciones de crisis, y que el peso de éstas deben recaer sobre otros hombros, y no los de ellos. Han incorporado la idea de que las crisis se han hecho para que ellos salgan fortalecidos y ganando más, no debilitados o perdiendo en algo. De hecho han provocado crisis con ese fin, siempre.

Estamos en presencia entonces de un desafío mayúsculo para el gobierno, mucho mayor que las marchas de los anticuarentena, o los berrinches de la oposición. Bien haría en tomar nota y obrar en consecuencia, desechando toda idea vana de «consenso» con quienes no quieren consensuar nada, ni siquiera pagar lo que para ellos es una limosna. Tuit relacionado:

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