El brote de coronavirus supone para el gobierno de Alberto Fernández (como para todos los gobiernos) un desafío importante, cuando transita los primeros meses de su gestión. Y un desafío del que debe necesariamente salir airoso.
Además de las restantes consecuencias que la pandemia puede tener en la economía, el comercio internacional o el proceso de renegociación de la deuda, está el agudo problema de salud pública que en sí misma supone la enfermedad, problema al cual el Estado debe darle respuesta.
Un Estado que, en la Argentina y en las actuales circunstancias, no es cualquiera, ni en cualquier condición: apenas acaba de concluir el ciclo macrista de su desguace, vaciamiento y desarticulación, que a la nueva administración le llevará mucho tiempo revertir, no será de un día para el otro.
Apenas repuesto el Ministerio de Salud y confiada su conducción a Ginés González García, deben enfrentar ambos (estructura ministerial y ministro) el reto mayúsculo de la pandemia, que está poniendo en jaque a los gobiernos de todo el mundo, incluidos los de los países desarrollados, sobre todo ellos.
Y debe hacerlo en un contexto cultural difícil, con el periodismo sensacionalista propagando el miedo social con mayor velocidad con la que se propaga la enfermedad, ocultando o desplazando de la agenda incluso otros problemas de la salud pública más acuciantes en el país, como el dengue.
Pero además no se trata solo de reconstruir las capacidades operativas del Estado y del sistema de salud pública para hacer frente a la emergencia (lo que en sí ya no es poco), sino de hacerlo en medio de un clima en el que se propagan como pestes, ideas absurdas como las del movimiento anti vacunas, o el «libertarianismo» que reniega de toda forma de intervención o regulación estatal, por invasiva de la vida de las personas.
Si el gobierno (como debe hacerlo) decide adoptar medidas extremas para contener el brote del coronavirus, no faltarán quienes lo cuestionen por autoritario, porque además de florecer cierto nivel de taradeces culturales en estos últimos años, el macrismo (el neoliberalismo en general) han destruido también los lazos de solidaridad social, y los compromisos recíprocos entre los miembros de una sociedad.
El ejemplo del CEO de una cadena de supermercados que regresó al país con los síntomas de la enfermedad y, lejos de aislarse voluntariamente, fue a trabajar y colocó en cuarentena a todos los que lo rodearon, es solo un ejemplo; al que puede sumarse el de los nabos que suben fotos a las redes sociales jactándose de sus vacaciones en algún destino turístico del país, usufructuando la licencia especial que les dieron por regresar al país desde países con alto riesgo por la propagación del coronavirus.
No se trata entonces de una tarea «electoral» de seducción o encapsulamiento de sectores sociales que adversan al gobierno, sino de tener que ejercer ciertos niveles de coerción estatal legítima sobre ellos (acá pueden acceder al texto completo del DNU 260), por razones de bienestar general e interés común; les guste o no, y más allá de como vayan a votar en el futuro. Si alguno cree ver cierta analogía entre esta situación y la de los piqueteros rurales que se auto arrogaron la atribución de ejercer controles de carga, es porque la hay.
Es en ese marco entonces que el episodio coronavirus (además de su gravedad intrínseca en términos de problema de salud pública) supone un desafío para un gobierno que hace un culto de la moderación gestual, al extremo de comprometer su propia autoridad legítima.
Eso sin contar con que no se nos escapa que los ataques contra Ginés por la pandemia en realidad trafican oposición ideológica a su postura en relación con el aborto; y encierran el enorme contrasentido de los «libertarios» que piden su renuncia porque «no hace nada» con el brote de la pandemia, pero tampoco están dispuestos a tolerar que «haga algo», como por ejemplo ponerlos en cuarentena.

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