«NI UN CASO DE CORRUPCIÓN

El título del post remeda uno de los latiguillos favoritos del socialismo en los 12 años que le tocó gobernar la provincia. Aun hoy lo usan, por ejemplo para sembrar sospechas de corrupción porque el gobierno de Perotti compró 220 camionetas para la policía por concurso de precios, procedimiento que ellos mismos emplearon 17 veces solo entre 2013 y 2016 (cuando rigió la ley de emergencia en seguridad), por un total de 1100 vehículos, más de la mitad de las veces a la misma empresa: más información al respecto, acá.Como sea, el «Ni un caso de corrupción» venía siempre junto con «manos limpias y uñas cortas» y otros eslógans por el estilo, y hasta Binner hizo en su momento un spot de campaña con el lema. Nosotros decíamos entonces que en realidad era más preciso decir «Ni un caso de corrupción….conocido/publicado/investigado por la justicia…», o algo por el estilo: para eso se habían ocupado de regar a los medios con pauta publicitaria, y a los juzgados y fiscalías con ex funcionarios y militantes suyos o del radicalismo, estos últimos antes de pelearse.

Y los tuits de apertura del amigo Gustavo Castro muestran que no estábamos muy errados: cuenta que un grupo de ex funcionarios de los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz formaron una empresa (Grupo San Joaquín) que asesora en servicios aeronáuticos, trabajando en sociedad con Helicópteros Módena S.A., una de las empresas de Cristiano Ratazzi.

Claro que no se trata de cualquier ex funcionario: como cuenta Gustavo, son nada menos que el ex Director de Movilidad y Aeronáutica, la ex Secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera y la ex Secretaría Electoral de la provincia, por breve tiempo además Subsecretaria Legal yTécnica. Los dos primeros con intervención y participación directa en en la compra por parte del gobierno de Bonfatti de un helicóptero a Modena S. A. por casi 7,5 millones de dólares en el 2013. Como contamos nosotros en el posteo al cual envía el enlace, la compra se hizo triangulando la operación y la facturación del precio a través de una empresa con sede en Nueva York, para eludir el pago de impuestos en el país.

El mismo helicóptero que, pese a ser nuevo, se rompió a los pocos años de uso, y debió ser arreglado; trabajos que fueron contratados por Lifschitz en forma directa con otra empresa propiedad de Ratazzi, Servicios Helicenter S.A..

En el año 2011 cuando terminaba el gobierno de Binner, la Legislatura de la provincia aprobó la Ley 13230 de Ética Pública; que en su Artículo 4º señala lo siguiente: «Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.«.

Y el Artículo 6º agrega: «Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante los dos años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente.«.

La pregunta que cabe hacerse entonces si la empresa «Grupo San Joaquín», socia como dijimos de Módena S.A., existía en el 2013 cuando la provincia le compró el helicóptero, o en el 2017 cuando le encomendó repararlo a Servicios Helicenter S.A., también del «tano» Ratazzi. Y desde cuando los ex funcionarios del caso forman parte de esa empresa.

Porque según las fechas podríamos estar en presencia de otro caso de «puerta giratoria» en violación de la ley provincial de ética pública, o peor aun, frente al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que contempla el Artículo 265 del Código Penal: «Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.«.

Una pena que no podamos sacarnos las dudas consultando la página web de San Joaquín porque, como marca y muestra Gustavo Castro, está «en mantenimiento». Porque antes de que empezaran los «trabajos de mantenimiento», en ella se podía leer lo siguiente: «Haber gestionado el funcionamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe por doce años nos permitió generar una sinergia de gestión, ahora como una empresa privada decidida a transmitir lo logrado en la modificación del Estado provincial llevamos esta experiencia a otros Estados (provincias, municipios, comunas), instituciones (gremiales, de bien público, etc)….«.

¿Habrá algún fiscal curioso que tenga las mismas dudas que nosotros?

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