Ahora que está de moda hablar de corrupción en la obra pública y asociarla al pago de sobreprecios por el Estado en sus contratos, y todos (entre ellos el socialismo) se ocupan por destacar que en ese rubro ellos son «distintos», nos parece oportuno destacar que en la provincia de Santa Fe los precios de las obras públicas son «inflados» por diferentes vías; aun cuando uno pensara y aceptara que las licitaciones son transparentes e irreprochables, no hay cartelización y los contratistas no se ponen de acuerdo entre ellos para subir los precios.

Dejando de lado el caso (muy frecuente) de obras que son adjudicadas por montos muy por encima del presupuesto oficial, están las famosas «redeterminaciones de precios», que surgen de la Ley 12.046, aprobada en el 2003 durante el último gobierno de Carlos Reutemann.

En ésta entrada contábamos en detalle como funciona el sistema, y como se lo aplicó en el gobierno de Lifschitz (en los anteriores también) para «inflar» o indexar los costos de obras emblemáticas de la gestión socialista: el hospital Iturraspe, el CEMAFE, el nuevo edificio del Instituto 12 de profesorado, el complejo cultural «El Molino», el nuevo edificio de los tribunales penales de Santa Fe, el acuario y el «Museo del Deporte» de Rosario, entre otros casos.

Y la obra vial no es la excepción, sino todo lo contrario: vemos en el decreto de apertura (firmado por el gobernador Lifschitz hace pocos días) que el Estado provincial tiene que reforzar el presupuesto de Vialidad Provincial en 400 millones de pesos, para atender el pago de las «redeterminaciones de precios» en contratos de obras de construcción y mantenimiento en las rutas provinciales.

Pero como el presupuesto no es inagotable, los fondos que se colocan en un lado (en éste caso, las redeterminaciones de precios en Vialidad), se deben sacar de otro, y acá en ésta planilla anexa al decreto podemos ver de donde:

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