LO QUE VIENE Y LO QUE ESTÁ

 

Para calmar las ansiedades sociales por las demandas pendientes, en especial en todo lo que signifique reparar los estropicios que dejó el macrismo, el gobierno eligió explicar la realidad en fases que deben ser atravesadas, para generar condiciones más propicias para avanzar: en un primer momento era justamente atender los frentes abiertos más graves de la pesada herencia recibida y por eso había que arreglar la deuda con los acreedores externos. Acá dijimos -y lo reiteramos- que nunca estuvo muy claro por qué esa era la prioridad principal, o por encima de otras.

Luego sobrevino la pandemia, y se impuso sobre todos los demás temas de agenda, y se devoró buena parte de las energías del gobierno, y de la sociedad. Pero la pandemia, amigos, vino para quedarse, y nadie sabe decir a ciencia cierta cuando terminará. De allí que el propio gobierno volviera sobre sus propios pasos discursivos para empezar a intentar instalar una «agenda del día después»; pero estaba en eso cuando tuvo que volver sobre la administración social de la pandemia, endureciendo medidas en la mayoría de las provincias del interior, desplazando la responsabilidad de su control a los gobernadores: una especie de división de tareas, decidida unilateralmente, que los concernidos no tuvieron más remedio que aceptar, estampando su apoyo en una solicitada.

Claro que la realidad no funciona en fases, y es un poco más compleja: de hecho, en plena pandemia que postergaba otras discusiones -como las políticas de redistribución del ingreso, o la reforma tributaria-, se cerró el acuerdo por la deuda con los acreedores externos, haciendo borrón y cuenta nueva con el proceso de endeudamiento del macrismo. El gobierno eligió dejar en un cajón el informe del Banco Central sobre los principales fugadores de divisas en el macriato y decidió no utilizarlo, si no para discutir la legitimidad de la deuda, por lo menos para establecer quienes debían pagarla, conforme se prometió en campaña.

El arreglo con los acreedores se hizo bajo la premisa de que mejoraría las expectativas de los actores económicos y calmaría las presiones cambiarias, y como bien sabemos, ni una ni otra cosa se verificó: tal cual lo plantea acá con la claridad de siempre Claudio Scaletta, la escalada del dólar «blue» se ha convertido para el gobierno en el principal problema político (sí, político, mucho más que económico), al cual debe encontrarle una respuesta eficaz e inmediata desarmando las expectativas devaluatorias; porque se va en ello su suerte política y su propia estabilidad, más allá de las perspectivas electorales. Ni que decir que abrir las puertas a una devaluación abrupta, en el contexto actual generado por la doble pandemia (la macrista y la del coronavirus) crearía la condiciones para un estallido social de imprevisibles consecuencias. Así de urgente es la cosa.

Si la idea de arreglar con los acreedores era generar confianza y previsibilidad en los actores económicos, ya vimos que no se logró y es un supuesto basal del plan trazado que debe ser revisado, junto con otros que tampoco se concretaron: no hubo pax política ni mediática, no hay cosa tal como una fracción de «oposición constructiva y responsable» con la que establecer algún nivel de acuerdos, ni autocrítica del macrismo por sus desastres, ayudando un poco a la paz social desde el silencio: mañana vuelven a atizar una marcha contra el gobierno, en pleno ascenso de los contagios y las muertes.

Tampoco se ve como posible en lo inmediato la «salida exportadora» que aporte los dólares que alivien la restricción de las cuentas externas, y está por verse si las medidas «ofertistas» diseñadas para hacer que los hoy exportan liquiden sus divisas, tienen resultado. En ese contexto, cabe preguntarse si es posible -como intenta el gobierno- un pacto social sentando a la mesa a los que promueven la devaluación, mientras éstos (la UIA) por ejemplo, le reclaman flexibilizar los controles cambiarios y acceder al «contado con liqui», y sus dirigentes le plantean a la misión del FMI la necesidad de una reforma laboral de la que ni los funcionarios del Fondo habían empezado a hablar.

En el repaso de los temas pendientes omitimos hasta acá el arreglo pendiente con el FMI, que a diferencia del que se cerró con los acreedores privados, vendrá con condicionalidades de política económica, aunque sus funcionarios juren lo contrario. ¿Nos pedirán que nos enamoremos de Kristalina?

Lo concreto es que el contexto político y económico desfavorable no va a cambiar en lo inmediato, al menos en lo que dependa de la conducta de los actores ajenos al gobierno, y sería muy ingenuo pensar lo contrario. Esos actores que, en una implícita admisión de los límites de acumulación de la estrategia opositora, empiezan a operar desembozadamente en la interna del «Frente de Todos», para aislar al kirchnerismo y a Cristina, como hace hoy con motosierra Van Der Kooy -el viejo amigo de Alberto, ¿altri tempi?-en Clarín.

¿Qué le queda por hacer al gobierno entonces? Otras cosas, distintas de las que hasta acá no funcionaron, en todos los planos. Por ejemplo encarar con decisión la agenda de los temas pendientes: la reactivación del Consejo del Salario en un país con más del 40 % de pobreza, la definición de un índice de movilidad jubilatoria que permita recomponer ingresos frente a la inflación, el reajuste de la AUH y el IFE, de cuya continuidad no se puede seguir dudando cuando hay certeza de que la pandemia vino para quedarse, el olvidado plan contra el hambre, o la necesaria reforma tributaria que vaya más allá del parche del impuesto a las grandes fortunas, aun en veremos.

El presupuesto enviado al Congreso no define una fórmula de movilidad jubilatoria, siendo que la mitad del gasto público es la seguridad social; y por el contrario establece aumentos de tarifas cuando ya ni se habla de la revisión tarifaria integral planteada en la ley de emergencia, o de adecuar los aumentos de tarifas a la renegociación de los contratos con las privatizadas, para garantizar las inversiones o incluso rescindirlos. Visto rápido, pareciera que nos apuramos a hacer los deberes que de ordinario pediría el FMI, antes de que lo hicieran.

Ni la pandemia que no detuvo el arreglo con los acreedores externos ni las conversaciones con el FMI, ni el equilibrio de las cuentas públicas que no impidió la rebaja de las retenciones y el aumento de los reintegros a las exportaciones, ni aceleró la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, deberían ser excusa para no hacerlo. Porque de lo contrario se podría pensar que donde hay excusas, en realidad hay un plan, que no es el que votamos.

Si se repasan los temas de la agenda alternativa planteada, se advierte que constituyen las bases principales del contrato electoral firmado con la mayoría del pueblo argentino en las elecciones del año pasado, y pone al gobierno a dialogar con su propia base electoral, proponiendo un  equilibrio político hacia el interior del FDT distinto del que proponen sus adversarios: hace falta más kirchnerismo, y no menos, mostrarlo y no esconderlo. Claro que como señala acá Nicolás Lantos eso supone «elegir un contrincante», pero es imposible quedar bien con todos, porque terminás quedando mal con los propios.

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