FÓRMULAS

Desde acá veníamos diciendo que uno de los principales temas pendientes de encarar por el gobierno era la definición de la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones, algo dejado de lado en la Ley 27541 de emergencia, que suspendió la fórmula aprobada por el macrismo en diciembre de 2017 y facultó al Poder Ejecutivo a disponer los aumentos por decreto.

 

La fórmula aprobada entonces (y que significó el principio del fin del macrismo en términos políticos, por las resistencias que despertó) contemplaba aumentos trimestrales determinados en un 70 % en base a la inflación acumulada en el trimestre previo, y un 30 % a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados en actividad, medidos por el índice RIPTE (Remuneraciones Integradas Promedio de los Trabajadores Estables).

Vino a reemplazar a la fórmula aprobada en 2008 durante el primer gobierno de Cristina por la Ley 26417, y diseñada por Amado Boudou, por entonces al frente de la ANSES, fórmula a la cual corresponde la imagen de apertura.

Esta reajustaba los haberes semestralmente en base en un 50 % a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados en actividad medidos por el RIPTE (que elabora la Secretaría de Seguridad Social) o por el INDEC, el que resultara mayor de los dos; y el otro 50 % por la evolución de los recursos tributarios por beneficio, o sea la porción de la recaudación de los impuestos (IVA, Ganancias. Bienes Personales) afectada a financiar la seguridad social, dividida por la cantidad de beneficiarios (jubilados y pensionados).

El límite de la movilidad estaba dado por la evolución de los recursos totales de la ANSES (o sea impuestos más aportes personales de los trabajadores registrados, y contribuciones patronales), pero si estos crecían en mayor medida que los salarios y la recaudación impositiva, eran el elemento que determinaba el aumento de los haberes; asociando así a los jubilados y pensionados con la mejora de la recaudación de recursos propios del sistema previsional (aportes y contribuciones), que a su vez demuestran -cuando se dan- que crecieron los puestos de trabajo registrados, y los salarios de los trabajadores «en blanco».

Por lo que se sabe hasta acá (aun no hay documentos oficiales) la nueva fórmula que el gobierno enviaría al Congreso retomaría en líneas generales la de Cristina y Boudou, con una salvedad que señala acá Miguel Fernández Pastor: solo tomaría el RIPTE para medir la evolución de los salarios, y no el índice del INDEC, que en muchos años dio por encima. Lo curioso del caso es que cuando se discutió la Ley 26417 en 2008, la CGT y la CTA cuestionaron que se incluyera el índice del INDEC y no el RIPTE, suponiendo que éste daría mayores aumentos, y Cristina zanjó la cuestión reuniéndose con Moyano y Yasky para plasmar en la ley que se tomara el que diera un porcentaje mayor.

Tampoco se sabe si repetirá el esquema de la fórmula del 2008 en cuanto a que si los recursos totales de la ANSES crecen por encima de los salarios y la recaudación, los haberes jubilatorios se ajusten de acuerdo a ellos. Otro punto en el que habrá que esperar para ver la letra chica del proyecto.

Saber hoy si la nueva fórmula (que debe pasar además por la discusión en el Congreso) será más favorable o perjudicial para los jubilados es bastante prematuro y azaroso, por varias razones. Para empezar, desde la aprobación de la fórmula macrista para acá hubo rebajas de aportes patronales (que afectan los recursos de la ANSES), y los pactos fiscales firmados por Macri con los gobernadores modificaron la afectación de algunos impuestos nacionales destinados en parte a la seguridad social.

Ni hablar de la evolución de la inflación y los aumentos salariales pactados en paritarias para los trabajadores registrados, en medio de la pandemia, un formidable disciplinador de reclamos salariales junto con la recesión, vía la amenaza del desempleo latente. También influyen los fallos de la Corte que le hicieron lugar a los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba por el descuento del 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES para atender las prestaciones de la seguridad social; luego hechos extensivos al conjunto de las provincias.

Por último incide mucho el «punto de partida» de los nuevos reajustes con la nueva fórmula cuando se apruebe, y su empalme con la vigente hasta el año pasado: recordemos que la fórmula macrista les «comió» un trimestre. Como se ve muchas variables a considerar, sin mencionar las discusiones sobre si conviene adoptar una fórmula «procíclica» (que asocie a los haberes de los jubilados al crecimiento de la economía), o «anticíclica», que los proteja de una mayor inflación, o evite que sus ingresos caigan si se prolonga la recesión.

Lo que es cierto es que, como hemos dicho muchas veces acá, el problema no es solo contable o de finanzas públicas, sino económico y político: sin apostar a dinamizar el consumo y por esa vía la demanda agregada, no hay posibilidad alguna de crecimiento económico; y es imposible dinamizar el consumo si no se recomponen los ingresos de los sectores más vulnerables, que son justamente los que tienen mayor propensión al consumo.

Y acertar con la fórmula adecuada de ajuste de los haberes jubilatorios (que además y de acuerdo a la Ley 27160  debería aplicarse a los aumentos de la AUH) es también un problema político: como dijimos antes, nadie gana elecciones ajustando y la reforma previsional aprobada con fórceps por el macrismo en diciembre de 2017, envalentonado por el éxito relativo en las legislativas de ese año (en las que aplicó las dosis justas de keynesianismo electoral), fue el principio de su debacle política por las resistencias que suscitó. Tuit relacionado:

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