LA VÍSCERA MÁS SENSIBLE

El DNU 690 (completo acá en el Boletín Oficial) por el cual el gobierno declarar «servicio público» a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga, es mucho más que un simple congelamiento de tarifas hasta fin de año; en términos de lo estrictamente regulatorio, y por su significado político.
Conceptuar una determinada actividad como servicio público supone someterla a una regulación estatal más intensa, dejando librado menos espacio al mercado: por eso el DNU define que las tarifas por esos servicios deberán ser autorizadas por el ENACOM, y que debe establecerse un servicio básico común del que ningún usuario puede ser privado. Hay por supuesto muchas otras consecuencias posibles derivadas de una regulación más intensa, como los planes de inversiones para mejorar los servicios, o la misma propiedad de las empresas prestatarias (por ejemplo las transferencias accionarias de ellas).
Pero más importantes que todo eso, son las consecuencias políticas del DNU: aunque el presidente se esfuerce en decir que él no está en guerra con nadie, hay muchos que están en guerra con él y con su gobierno, desde el primer día; como el Grupo Clarín. Y si toma medidas que toquen su víscera más sensible, que es el bolsillo, la guerra tenderá a intensificarse, y tendrá que estar preparado para eso.
Una de las grandes astucias de los conglomerados de medios con intereses de negocios cada vez más diversificados y con pretensiones de ejercer influencia política como Clarín, es utilizar la enorme masa de maniobra de boludos disponibles a embanderarse en defensa de sus intereses, convocados por banderas vaporosas a inasibles como «la defensa de la libertad de expresión», o cosas similares. Con esa astucia maniobraron durante el conflicto del gobierno de Cristina con las patronales del campo por las retenciones móviles, y con la disputa por la ley de medios.
Algo parecido sucedió hace poco con el fallido intento de expropiación de Vicentín: por raro que nos parezca a nosotros, siempre habrá gente dispuesta a ser llevada de las narices para defender a garcas corruptos y evasores, por una aparente buena causa. Cierto es que contribuye a ello la existencia de un porcentaje importante de la sociedad argentina que tributa al antiperonismo visceral y psiquiátrico, y estará siempre dispuesto a embarcarse en cualquier cruzada contra lo que haga o deje de hacer un gobierno peronista.
Pero no es menos cierto que, para que esa oposición pueda tener anclaje en la realidad de modo tal de disuadir a un gobierno de avanzar en un sentido determinado, se necesita que las medidas que éste quiere tomar no favorezcan a su vez los intereses objetivos de la mayoría de la sociedad, incluidos algunos de los que las adversan, por motivos ideológicos. De allí que emprender disputas por una «agenda republicana» como la reforma a la justicia está destinado al fracaso social de antemano, porque son cosas que no le mueven el amperímetro a nadie, salvo a los directamente concernidos como operadores del sistema que se desea reformar.
Las reformas o medidas económicas, que impactan en el bolsillo, son muy otra cosa: cuanto más concreta sea la lesión a intereses creados de determinados sectores (regulando allí donde se dejaba imperar libremente a las fuerzas del mercado, por ejemplo), más virulenta será su oposición; pero si al mismo tiempo se tiene la astucia suficiente de comunicar criteriosamente que esas mismas medidas benefician objetivamente a mucha gente, también serán más sólidos los apoyos con los que el gobierno cuente para llevarlas a cabo: hemos dicho otras veces y lo reiteramos ahora que las «correlaciones de fuerzas» no son algo estático e inmodificable, sino que se van construyendo con el tiempo, y con la acción política.
Puede que -como dice el zócalo del tuit de apertura- a los más pobres no les preocupe demasiado tener Internet, y habría que verlo; pero casi con toda certeza sí les preocupe pagar más barato el uso del celular, y que les funciones mejor, porque de ello dependen no solo sus consumos culturales o distracciones, sino hasta sus mismas oportunidades de trabajo. Y está en la habilidad política del gobierno demostrar que si se mete en el tema, es también para que tengan acceso a Internet, que en estos tiempos es tan importante como tener agua, asfalto o cloacas.
Desde esta misma óptica, cajonear iniciativas de sentido progresivo como el impuesto a las grandes fortunas solo puede explicarse porque hay disidencias al interior de la coalición gobernante, y no por la previsible oposición de los pocos que lo deben pagar, frente a la anuencia mayoritaria de los que estarían exentos de hacerlo, incluso siendo opositores al gobierno.
Más concretos seamos en el sentido de las medidas, a más personas beneficien en forma concreta, más fácil nos resultará ampliar los apoyos sociales necesarios para avanzar en ellas; sin dejarnos arrastrar hasta disputas estériles en nombre de consignas abstractas, incomprensibles para el hombre común, o eficaces para proveer justificativos adecuados a los que se oponen a todo, incluso antes de que se anuncie o se concrete.
Si hasta un desvastado neuronal como Casero comprende, aun en medio de su tiniebla mental, que el DNU de las tarifas y los servicios provocará una réplica implacable del Grupo Clarín, en términos mafiosos, y en defensa de su víscera más sensible. Hay que lograr que nadie se embandere en defensa de eso que, estricta y objetivamente hablando, solo les interesa a los accionistas del hólding de Magnetto: de eso se trata la política, en definitiva.

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