Cuando Alberto Fernández anunció esta semana la oferta de reestructuración de la deuda que el gobierno hará a los acreedores sinceró las cosas: el país está en default, aun cuando lo haya suavizado con el calificativo de «virtual: que el país no está en condiciones de afrontar el pago de sus compromisos externos en los términos originales en los que fueron pactados es una verdad de Perogrullo, que solo un necio puede ignorar. Un necio, o los que tengan intereses en cobrar puntualmente sus acreencias, sin quitas ni esperas.
Más allá de lo que se opine respecto a la oferta y a la oportunidad del momento en que se lanza (acá hemos dicho varias veces lo que pensamos al respecto, y a ello nos remitimos), lo cierto es que aceptación depende de un conjunto de variables, de las cuales las espaldas financieras de algunos acreedores para esperar y litigar en tribunales extranjeros, no son un dato menor.
Como en un eterno loop, el país está de vuelta frente a la misma situación en la que se encontró Néstor Kirchner en el 2005, sin declaración formal de default pero forzado a reestructurar su deuda, en un contexto mucho más difícil que entonces por el marco que crea la pandemia (agravando la ya grave crisis del sector externo y la economía en general, hereradaos del macrismo) y con un antecedente inmediato que juega en contra de las posiciones de dureza en ésta materia: el acuerdo firmado por el gobierno de Macri con los fondos buitres en 2016, en el cual el país aceptó pagar incluso más de lo que le reclamaban, o reclamos sin sentencia judicial favorable.
En aquel momento (y mucho después, hasta hoy) no pudimos saber a quienes realmente les estábamos pagando, con tasas fenomenales de retorno sobre la inversión original, o el valor real de los bonos; que muchos de ellos compraron a precio vil, esperando esa oportunidad.
En ese momento y durante todo el largo enfrentamiento de los gobiernos de Cristina con los fondos buitre (embargo de la fragata y respaldo mayoritario de la ONU incluidos) hubo voces que se alzaron en el país en defensa de los reclamos de los acreedores; con el argumento especioso de que se trataba de «inversores de buena fe que confiaron en el país».
Como por ejemplo Carlos Melconián de quien se supo con el transcurso del tiempo que era acreedor del país, por haber comprado bonos de la deuda. Ahora cuenta acá Ari Lijalad en El Destape que pasa lo mismo con el Grupo Clarín, pero en relación con bonos de la abultada deuda emitida durante el gobierno de Macri, en apenas dos años: entre el arreglo con los buitres en 2016, y la ida al FMI en 2018, cuando al macrismo se le cerraron los mercados privados de deuda, porque ya avizoraban que su modelo económico era insostenible.
Un modelo que además consistió -sustancialmente- en financiar vía el endeudamiento externo del país, la fuga de capitales de los mismos grupos económicos internos que se beneficiaron con el blanqueo, por ejemplo. Y que muy posiblemente sean los mismos que luego compraron deuda, o en estos días estuvieron agitando el «dólar bolsa», o despidiendo empleados, o reduciendo salarios, o negando créditos a las Pymes, u oponiéndose al impuesto a la riqueza.
Pero a diferencia del blanqueo, en los arreglos de la deuda pública no juega el secreto fiscal, ni debería jugar: los argentinos deberíamos tener el derecho a saber a quienes les ofrecimos pagarle su deuda en las condiciones ofertas por el gobierno, e incluso quienes rechazan ese ofrecimiento, porque quieren una mejor oferta, que tendría un efecto muy sencillo si el gobierno cediera: más sacrificios y sufrimientos para el pueblo argentino (si no presentes, seguramente futuros) para poder pagarles.
Y sería bueno saberlo para medir desde que lugar habla cada uno, precisamente por eso: para que no nos corran con la vaina del «periodismo independiente», o el «análisis económico racional» cuando simplemente hacen lobby de intereses creados, si es que no son esos mismos intereses.
En especial porque esta nueva reestructuración de su deuda a la que se enfrenta la Argentina comprende -como dijimos- al colosal endeudamiento contraído por el macrismo: es inevitable sentir que, aun con una rebaja sustancial de intereses y diferimiento de los plazos, una quita del capital de solo el 5 % se parece bastante a un indulto a ese endeudamiento desenfrenado, para financiar el saqueo.
Pese a lo cual es muy probable que la oferta sea rechazada, con la esperanza de poder mejorar…para los acreedores. De allí que es crucial en nuestra opinión saber a quienes nos enfrentamos, dentro y fuera del país, para ponerles nombres y apellidos a los que tienen algo más que rivalidad política o falta de comunión con el gobierno; son simplemente hijos de puta dispuestos a cobrarse su libra de carne en un mundo y un país sacudidos por el vendaval de la pandemia; y que nadie acierta con justeza a cuando y como saldrá de la encrucijada.

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