HAGAMOS CRUCES

El sábado pasado decíamos acá: «…el presidente reconoció con franqueza -palabras más palabras menos- que la cuarentena de hecho no existe, porque no se cumple; y que de esos incumplimientos devienen los contagios. No lo dijo, pero la conclusión lógica flotaba en el aire: no está dispuesto a hacerla más rígida para disminuir los contagios, porque la sociedad (o buena parte de ella) le terminó torciendo torciendo el brazo a la racionalidad, y él no está dispuesto a apelar a estrategias de represión, en un sentido amplio: no se trata de salir a cagar a la gente a palazos porque se reúne a comer un asado, pero existe la clara percepción de que pueden hacerlo, sin consecuencias.
Lo que supone que -como dijimos en otro post- en el preciso momento en que sería necesario endurecer más que nunca la cuarentena, es inviable hacerlo, en términos políticos y de consenso social. No hay consenso, y tampoco margen para ejercer la legítima coerción estatal, para hacer cumplir las normas. Por necesidad económica, porque los instrumentos compensatorios como la ATP o el IFE son insuficientes, por bombardero mediático, por neurosis social, por cansancio y deseo de «vuelta a la normalidad», o por todo eso junto, hemos perdido la partida, la -si se quiere- «batalla cultural» en torno a la pandemia, y los cuidados que demanda: la gente, sencillamente, no le da pelota a los cuidados y recomendaciones, como tampoco a las presuntas exigencias.
De modo que aun con prórroga formal de la cuarentena hasta fin de mes, si las cosas no cambian, no cambiarán los resultados, que tenderán a agravarse, y el costo -nos guste o no- lo terminará pagando el gobierno. Lo que supone asumir con hidalguía que perdimos en términos conceptuales, de planos de discusión y de consenso social en torno al modo de manejar la pandemia, incluso teniendo claramente la razón, desde el principio.».
De allí hasta ahora, las cosas empeoraron: ayer fue el día récord de contagios, en el país y en la provincia, desde que comenzó la pandemia. Santa Fe, aun con buenos números en la comparación con otras provincias, no escapa a las generales de la ley: a mayor circulación de personas por mayor cantidad de actividades habilitadas, mayor cantidad y velocidad en el crecimiento de la curva de contagios. Lo que movió a las autoridades provinciales a advertir que podrían restringirse actividades, sobre todos las sociales, culturales, recreativas, deportivas o religiosas; como de hecho el propio Perotti lo ha hecho en casos puntuales, en determinadas localidades, llegando incluso a declararlas en cuarentena sanitaria.
Por otro lado y esto tampoco escapamos acá a lo que pasa en el país, surgen las marchas de los «protestantes» por motivos varios (con menor intensidad que en Córdoba o la CABA, pero existen), los contagios de los «anticuarentena» famosos (como el intendente de Avellaneda) y las «advertencias» de los que se apuran a decir que ellos no pueden volver atrás, porque se funden, cierran o simplemente no lo toleran. Demás está decir que también acá se ha relajado el cumplimiento de las normas y protocolos, y la gente no se cuida a sí misma, ni mucho menos cuida a los demás: los números no son fruto de la casualidad.
Y un dato no menor: el componente de los sectores sociales que adversan al gobierno nacional, y por carácter transitivo al de la provincia. Si miran los tuits de apertura, se podría hacer un cruce entre los que protestan, los que «advierten», los que contagian desaprensivamente a otros (aunque la relajación de la conducta social sea transversal), los que creen que las normas no se aplican a ellos, y quienes son francamente opositores al gobierno de Alberto Fernández, y al de Omar Perotti: la pandemia pasó de ser un problema de política sanitaria a un terreno de enfrentamiento político, hace tiempo.
Cuando las habilitaciones de actividades debían ser administradas en conjunto entre la nación y la provincia, ambos gobiernos tuvieron que manejar desde reclamos legítimos y comprensibles, hasta presiones inconfesables, para actividades que iban desde lo esencial, a lo que podía posponerse o postergarse, porque había otros valores en juego. Estos fueron los últimos casos en habilitarse y -como advirtió Perotti en estos días, pero vale para el país- deberían ser los primeros en darse marcha atrás restringiéndolos, si no se frena la escalada de casos positivos. Claro que, como señalamos, en ese caso recrudecería el conflicto político, y la reticencia social a cumplir las normas.
Por otro lado, esos sectores que en los momentos iniciales de la pandemia pugnaban por volver a ser habilitados, hicieron promesas y juramentos de cumplir con determinados protocolos, que no estaban dispuesto a sostener por mucho tiempo: cualquiera que vaya a un comercio, pasee por un parque o un shopping, o se de una vuelta por un bar los fines de semana, lo puede comprobar por sí mismo.
Y en el medio de todo eso, hay un sistema de salud -en el país y en la provincia- sometido a crecientes presiones sobre su capacidad de respuesta, hasta un punto posible en el que restringir actividades sea el único modo de que no colapse. Precisamente y según consta en los fundamentos del último DNU presidencial que prolongó formalmente la cuarentena, éste fue un punto que jugó a favor de Santa Fe para mantener a todo el territorio provincial en «distanciamiento social, preventivo y obligatorio», pese a contar con zonas de circulación comunitaria.
Concluimos con esto: la complejidad del asunto radica precisamente en que la respuesta sanitaria adecuada a la emergencia no es dudosa, pero el dilema que plantea es esencialmente político: de la capacidad del Estado de regular aspectos de la vida social, y hacer cumplir razonablemente esas regulaciones, frente a la hostilidad abierta de determinados sectores de la sociedad, y la relajación de estos y otros, en el cumplimiento de las pautas.

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