Este fin de semana supimos por publicaciones de Ari Lijalad en El Destape (no desmentidas desde el gobierno) que en el marco del programa de asistencia a empresas en medio de la pandemia para ayudarlas a pagar los salarios, con fondos de ANSES se pagaron sueldos o parte de ellos, de empresas que forman parte de la cúpula empresarial del país, nucleada en la AEA, y que pese  la crisis (o gracias a ella), siguen obteniendo ganancias, repartiendo dividendos entre sus accionistas, y telegramas de despido entre sus empleados, en abierto desconocimiento del DNU presidencial que lo prohíbe expresamente, y sin pagar ninguna consecuencia legal por ello.
En esa situación estarían (entre otras) el ingenio Ledesma de Blaquier, y empresas del Grupo Techint, y del Grupo Clarón, como radio Mitre. Sea que lo sucedido obedezca a por error u omisión (posibilitados por la cuestionable decisión de ampliar un programa originariamente concebido para asistir a las Pymes, a las empresas con más de 800 empleados), o una decisión conciente y deliberada, es repudiable por donde se lo mire: no hay modo de justificarla, ni siquiera estando en juego fuentes de trabajo; cuando el Estado tiene herramientas legales a su alcance para garantizar que no existan despidos o suspensiones con la justificación de la crisis, en empresas a las que ésta no las afecta, o tienen amplias espaldas para sobrellevarlas.
Pero además hay una lectura de contexto insoslayable que hacer: si se posa la lupa en las empresas y empresarios que se beneficiaron con el blanqueo macrista y con el proceso de fuga de capitales solventado con el endeudamiento externo del país (como lo acaba de revelar un informe del Banco Central, hecho a pedido del presidente) aparecen en primer lugar esas mismas empresas; que seguramente también aparecerán si alguna vez la Comisión Nacional de Valores (CNV) se digna a contestarle al Banco Central quienes son los que vienen operando en el «contado con liqui» o el «dólar bolsa» en el MEP, en las últimas semanas, haciendo subir el paralelo, para forzar una devaluación.
Y si nos vamos más atrás en el tiempo, son las mismas empresas, empresarios y grupos económicos que se favorecieron en cada crisis nacional, con medidas extraordinarias en favor de sus intereses, que pagamos todos: la estatización de deudas privadas al final de la dictadura, la licuación de pasivos con la hiperinflación alfonsinista, las privatizaciones del menemismo, la pesificación asimétrica durante el gobierno de Duhalde, y antes (mientras reinaban las AFJP) la captación de fondos de «la plata de los jubilados» para costear inversiones dudosas, cediendo a cambio acciones a cambio de eas emisiones de deuda: de allí provienen las tenencias accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en algunas de las compañías más importantes del país.
Por entonces (los añorados -por ellos- años 90′) no les preocupaba ceder parte de su capital a cambio de fondearse en un mercado cautivo (el de las AFJP, creadas justamente para eso y no para pagar mejores jubilaciones), porque todo se resolvía en el ámbito privado, sin injerencia ni control del Estado. El problema empieza cuando éste aparece, y pretende dejar de ser el socio bobo que lo único que hace es condonar impuestos, absorber deudas o facilitar la fuga de capitales vía endeudamiento público.
Como por ejemplo a través de la muy sensata propuesta de la diputada nacional del «Frente de Todos» Fernanda Vallejos, de que el Estado capitalice sus créditos por asistencia a las empresas en medio de la pandemia, y así poder obtener participaciones accionarias en éstas. Ni más ni menos, lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania con la línea aérea Lufthansa; o lo que hicieron otros países «serios» del denominado primer mundo, durante la crisis financiera del 2008.
Claro que cuando se plantea acá, automáticamente se transforma en chavismo, comunismo o cuanto «ismo» pueda asustar a las almas sensibles, y forzarlas a cacerolear desde los balcones para impedirlo, cuando en realidad se trata del más estricto capitalismo: el que pone plata en un negocio, quiere participar de él, y de sus beneficios. Claro que ésta gente está acostumbrada a socializar sus pérdidas, y privatizar sus beneficios, pero esa es su naturaleza: el asunto es que pensamos hacer nosotros al respecto.
Sin ir más lejos, recordemos lo que hicieron cuando el Estado, durante el gobierno de Cristina, terminó con la estafa de las AFJP y de golpe se vieron forzados a admitirlo como socio, con los derechos de tal: se negaron a permitirle designar representantes en los directorios (Techint), o participar de las asambleas (Clarín), y presionaron (con éxito) al gobierno de Macri para que permitiera vender las acciones del FGS, o eliminara los controles de la Comisión Nacional de Valores en defensa de los accionistas minoritarios, como el Estado.
Si es verdad que el gobierno ha asistido a esas empresas, y no tiene la intención de retroceder en la medida (como correspondería), lo que pide la diputada Vallejos es lo mínimo que se puede pedir, y si no les gusta, sean coherentes: renuncien a todo beneficio presente o futuro que puedan recibir del Estado (como el «barril criollo» que en éstos momentos percibe Tecpetrol, deTechint, en forma de millonarios subsidios para sostener la producción cuando se derrumba el precio internacional del petróleo), y se las arreglan solitos, en base a sus propios méritos y con su experticia en el manejo de las empresas, ése que no quieren ceder, corriendo el riesgo de que les vaya mal: otra vez, el más puro y estricto capitalismo, ese que dicen defender con fiereza de toda intromisión estatal.
Hilo de tuis relacionados:

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

1. Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado.

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

2. Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento. Lo cual es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria.

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Fernanda Vallejos

@fvallejoss

3. En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan.

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

4. El gobierno argentino, partiendo de la hipótesis de que no sería conveniente que la asistencia del Banco Central complete la cuantía de recursos que harían falta para una política de corte universal, ha optado por este segundo camino, de ayudas focalizadas.

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Fernanda Vallejos

@fvallejoss

5. Así, por ejemplo, para acceder al IFE, se deben cumplir una serie de requisitos, lo mismo ocurre con las facilidades crediticias y fiscales para empresas y otras personas, así como con el resto de los programas.

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

6. En ese marco, los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales. Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado.

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Fernanda Vallejos

@fvallejoss

7. La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios.

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

8. Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden.

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Fernanda Vallejos

@fvallejoss

9. Esas prioridades podrían ser: entre las responsabilidades del Estado: homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras.

Fernanda Vallejos

@fvallejoss

10. Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos.

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