JUSTICIA GOLPISTA

En medio de la discusión por la continuidad de la cuarentena, es posible que el tema haya pasado desapercibido, pero es grave: tal como lo cuenta el senador Pais en los tuits de apertura, una jueza le ordenó al Senado de la Nación que se abstenga de avanzar en la revisión de los traslados de jueces en la justicia federal, dispuestos durante el macrismo sin intervención del cuerpo para dar el acuerdo, y en algunos casos ni siquiera del Consejo de la Magistratura.
La jueza resolvió una cautelar planteada por dos de esos jueces Bruglia y Bertuzzi. Ambos, estrechamente vinculados a todas las maniobras de «law fare» durante el macrismo para perseguir judicialmente a opositores políticos, que es precisamente para lo que les otorgaron los traslados cuestionados, como parte de una maniobra mayor de copamiento de la justicia: el «law fare» funciona con más eficacia cuando hay «forum shopping», es decir se eligen jueces «amigos» a dedo para cubrir juzgados o cámaras de apelación claves, sabiendo de antemano que van a fallar de acuerdo a los intereses del que los nombra. Se viola así la garantía constitucional del «juez natural anterior al hecho de la causa».
Solo este ejemplo bastaría para sumar argumentos a favor de la reforma judicial que propone el gobierno, o, más allá de lo que se piense de ella, al menos para que se admita que la justicia federal (y en general, el Poder Judicial en todos sus fueros) tal como está en el país, no puede seguir funcionando más.
Sin embargo, este caso en particular tiene ribetes gravísimos, que lo hacen constituir sin dudas un ejemplo de golpismo judicial: no se trata ya de cuestionar la constitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, que por supuesto podría violar la Constitución, y los jueces están precisamente para impedirlo.
En éste caso la jueza ha ido mucho más allá, al pretender impedirle a uno de los órganos políticos creados por la Constitución y elegidos por el voto popular, ejercer sus atribuciones constitucionales (conculcadas por los traslados cuestionados) en la designación de los jueces, y asegurarse de que quienes ocupan cargos para administrar justicia, lo hagan de acuerdo con la propia Constitución.
Si hubo jueces que estaban dispuestos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación habiendo sido designados por un simple decreto presidencial sin acuerdo del Senado (como pasó durante el gobierno de Macri), no debería sorprender que existan otros jueces que pidan y obtengan traslados (en rigor, nuevos nombramientos) para ocupar juzgados para los cuáles no concursaron, con el argumento de que ya son jueces, y obtuvieron acuerdos, pero para otros cargos.
Aun así, no deja de sorprender que una jueza no repare que, protegiendo a sus colegas designados en condiciones irregulares, se está alzando contra un Poder legítimo del Estado, en lo que constituye un mini golpe institucional, pretendiendo desconocerle sus facultades.
En la medida que el Senado hizo lo correcto -seguir adelante con sus funciones, ignorando el mandato ilegítimo de la jueza- ese conflicto de poderes ya está instalado, frente al silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia, que curiosamente ha dictado acordadas sobre el mecanismo a seguirse para los traslados de jueces a ocupar cargos vacantes, mecanismo que es el que precisamente el Senado se encaminaba a restaurar, y fue vulnerado en varias oportunidades durante el gobierno de Macri.
Ese silencio solo puede interpretarse como anuencia y aval al desatino jurídico e institucional de la jueza, y parte de las maniobras de corte (valga la paradoja) desestabilizador de los jueces (incluidos los supremos) para oponerse a la reforma judicial o, en general, a cualquier iniciativa de los poderes electivos del Estado que vaya en contra de sus intereses o privilegios; o para defender sus herramientas de extorsión contra esos mismos poderes, las que usarán llegado el caso para defender esos mismos intereses y privilegios.
Como por ejemplo han hecho los cortesanos al desempolvar la «doctrina Nazareno» para mostrarle los dientes al gobierno por si piensa meterse con ellos, resolviendo una causa iniciada en el 2012 contra un aumento de la tarifa del agua decidido por Scioli en la provincia de Buenos Aires, y fallar obligando ahora al gobierno de Kicillof a devolverle a los usuarios 1800 millones de pesos.
Eligieron con precisión quirúrgica un fallo «simpático», ratificando otro de un juez prestigioso (Arias, eyectado de su cargo por presiones de María Eugenia Vidal), para disfrazar su advertencia/amenaza al gobierno nacional por posibles cambios en la Corte: el razonamiento no es pura especulación nuestra, lo anticiparon columnistas del diario Clarín apenas el gobierno anunció la reforma judicial. Y es posible que haya otros fallos similares, hasta asegurarse de que el mensaje mafioso sea entendido.
En nuestra opinión, la reforma judicial que plantea el gobierno -al menos a estar por los anuncios- no resuelve ningún problema estructural o de fondo, y hay cuestiones que ni siquiera plantea, mientras otras (como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o su misma subsistencia) ameritarían de una reforma constitucional, que el gobierno no parece dispuesto a dar, ni conseguiría los consensos necesarios si se decidiera a hacerlo.
La cuestión entonces es que se hace con un Poder Judicial que se plantea no ya como independiente de los demás poderes, sino del propio Estado argentino en su conjunto, su Constitución y sus leyes, por encima de las cuales se cree. Ni más ni menos que lo que en otros tiempos de triste memoria, hacían las fuerzas armadas.

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