Sobre el fallo de la justicia provincial que la semana pasada condenó al Estado a indemnizar a un damnificado por la inundación del Salado en el 2003, leemos en El Ciudadano los fundamentos: “La responsabilidad de la provincia de Santa Fe surge al no cumplir con su obligación de controlar tales alternativas hidrológicas y climáticas y no realizar obras de infraestructura adecuadas para evitar el desborde del río Salado”, sostiene el Tribunal. Y enumera: “Dejar lugares abiertos a la altura de calle Gorostiaga en el Hipódromo de Santa Fe, no culminar los tres tramos de la obra construcción de la autopista de Circunvalación Oeste, para que cumpla funciones viales y al mismo tiempo de terraplén de defensa contra las inundaciones, y la errónea concepción del proyecto de terminación del tramo II, no prever la exigua luz de escurrimiento de las aguas de la autopista Santa Fe -Rosario, que hizo de dique, falta de planes de contingencia y alertas, deberes contemplados dentro de un mandato jurídico determinado en cabeza del Gobierno de Santa Fe.
Hasta acá, nada que los santafesinos no supiéramos, en especial las víctimas de la catástrofe. Pero hay más en la nota, y esto no deja de sorprender. Leamos: 
El fiscal de Estado Pablo Saccone confirmó este lunes que la provincia apelará el fallo ante la Corte Suprema porque “llama la atención la extensión de la responsabilidad que se le atribuyen a la provincia”. El fiscal entiende que hay contradicciones dentro del fallo y que el fenómeno tuvo causas diversas, no todas atribuibles a la provincia.
““Está acreditado a través de prueba pericial que es un suceso que tiene una recurrencia de más de 800 años. Entendemos que hay algo de caso fortuito, cuestión que el tribunal rechaza por completo, y que ha habido causas que han contribuido a que el fenómeno fuese de mayor trascendencia”, indicó Saccone a LT10.”
““Hay una multiplicidad de causas que entiendo que en este fallo no son atendidas y le atribuyen el 100% de la responsabilidad al Estado”. Por eso, el funcionario pidió en su apelación ante la Corte “limitar la responsabilidad del Estado” y explicó: “Queremos tener certeza de cuál es esa extensión. Entendemos que en una causa de tanta trascendencia, es el máximo tribunal el que tiene que disponerla.” (las negritas son nuestras)
O sea y para que se entienda: en lugar de pagar la indemnización, apelaron el fallo, con los mismos argumentos que en su momento utilizaron Reutemann y sus funcionarios, para esquivarle el bulto a sus responsabilidades por la tragedia del Salado. Incluso más: esperan llegar a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que los salve, como lo hizo con Reutemann y sus funcionarios.
Sería interesante saber en ese caso que hará el Procurador General Barraguirre, ex Fiscal de Estado de la provincia en el gobierno de Binner, y que como tal fue el inventor del decreto que creaba un sistema de «audiencias» para convenir con los damnificados como los iba a resarcir el Estado, para reparales el daño; entre otros ambiciosos planes que jamás se cumplieron.
Sin embargo, no se podrá decir que el socialismo (que utilizó políticamente las inundaciones en todas las campañas electorales de la provincia, desde el 2003 para acá, incluida la actual) no se supera a sí mismo: a pocos días de las elecciones a gobernador del 2015 en las que sería electo Lifschitz repartió subsidios entre los comerciantes damnificados, tocándole a cada uno la friolera (?) de 10.000 pesos
Ahora redoblaron la apuesta, y se niegan a cumplir un fallo judicial que los obliga a indemnizar a un damnificado, apelándolo para tratar de demostrar que el Estado no tuvo responsabilidad en el tema. Como cambian las cosas según uno esté afuera o adentro de la Casa Gris, ¿no?

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