Mauricio Macri ganó las elecciones y llegó al gobierno -también- con el voto de muchos trabajadores, y con el apoyo más o menos disimulado de muchos dirigentes sindicales, que creyeron en «la necesidad de un cambio» y en algunas promesas electorales, como la eliminación del impuesto a las Ganancias. Se creía entonces en un Macri «desarrollista», que como empresario provenía de la industria, y no pocos suponían que encarnaba un proyecto en el que había lugar para esa industria, y dentro de ella, para su correlato sindical. El caso del SMATA y el «plan de un millón de automóviles» es arquetípico al respecto.
También se suponía que su triunfo representaba el ocaso definitivo del kirchnerismo y de Cristina, y el surgimiento de un «peronismo moderrno, competitivo y funcional», donde parte de ese sindicalismo recuperaría un lugar de protagonismo que había perdido. Macri gozaba además de amplios apoyos dentro del empresariado (incluso del vinculado al desarrollo del mercado interno), donde no pocos compartían -por ejemplo- la necesidad de «sincerar las tarifas de los servicios públicos».
Se creía a pie juntillas en el discurso oficial sobre que un gobierno «pro mercado» convocaría -por su sola presencia- la tan ansiada lluvia de inversiones que hiciera posible el crecimiento, sobre la base de no retroceder en los avances conseguidos durante el kirchnerismo.
No es preciso aclarar que en los casi 34 meses que lleva Macri de gobierno, nada de eso sucedió, porque las predicciones de la «campaña del miedo» fueron superadas por los crudos indicadores de la realidad: la inflación más alta desde 1991, el salario más bajo en términos de poder adquisitivo desde el 2002, el PBI per cápita más bajo desde el 2007, el desempleo más alto desde el 2005, la capacidad instalada ociosa de la industria más alta desde el 2002, y una distribución del ingreso severamente empeorada desde el 2015.
El fracaso estrepitoso del modelo de valorización financiera, o su éxito rotundo en términos de pulverizar el salario y subir el desempleo para disciplinar los reclamos de la fuerza laboral, terminaron empujando a la calle a los sindicatos; y a Macri a hacer el triste papel del millonario mendigo, suplicando apoyos en el FMI y en Wall Street para evitar el defáult de la deuda cien veces negado, y para conectar al modelo a un respirador artificial de fondos especulativos, que le permita llegar con algo de aire a las elecciones de renovación presidencial.
El módico éxito (por no decir rotundo fracaso) de su viaje se vio reflejado ayer en la bolsa, el dólar y el escepticismo que crece al interior del empresariado: desde la propia UIA hablan ahora de pesificar las tarifas de los servicios públicos, y suspender por 180 días los aumentos; y el gobierno saca de la galera el swap de monedas con China que heredó del kirchnerismo y antes desacreditó, para reforzar las reservas del Banco Central frente al magro refuerzo (muy por debajo de las expectativas previas) de los fondos acordados con el FMI: un grosero bandazo no exento de connotaciones estratégicas, de un gobierno que hasta ayer ataba su suerte al alineamiento sin fisuras con los objetivos políticos de los EEUU y su administración.
Ayer medio millón de personas coparon la Plaza de Mayo anticipando la contundencia del paro convocado para hoy, por una conducción de la CGT cuya pasividad la llevó hasta acá a dilatar todo lo que pudiera la adopción de medidas de fuerza, o a anunciarlas con tiempo para descomprimir la protesta social, y tener tiempo para negociar algo con el gobierno a cambio de posponerlas o desactivarlas.
Una estrategia que se vio superada desde adentro, por la presión de la Corriente Federal de los Trabajadores primero, y del flamante FreSiMoNa después; los nucleamientos de los sectores más combativos del sindicalismo tradicional encabezados por Moyano y Palazzo que ganaron la calle junto a las dos CTA, precedidos de un documento con fuertes definiciones políticas en el acto de Ferro, y con la exigencia de que el paro sea el inicio de un plan de lucha más extendido.
Esos mismos sectores sindicales vienen acentuando sus contactos con el kirchnerismo, en paralelo con el reacomodamiento silencioso de piezas al interior del peronismo, con eje en Cristina o por lo menos, sin bolilla negra para ella. El dato central es la novedad de un sector importante del sindicalismo apurando a la política no tanto por un lugar en las listas electorales (sin perjuicio de que la exigencia se plantee naturalmente) como era tradicional, sino por la conformación de una alternativa electoral capaz de desplazar del poder a Cambiemos, para imponer otro programa económico y social más acorde con los intereses de sus representados.
En esa clave hay que leer las declaraciones de Pablo Moyano convocando a Sergio Massa a una interna amplia del peronismo «con todos adentro», o casi todos: no es un dato menor que se entienda y se diga que algunos (como Urtubey) juegan a otra cosa, admitiendo aun sin decirlo que los rótulos tradicionales (como «peronismo») ya no representan necesariamente lo que representaban. Algo parecido está sucediendo hacia el interior de los movimientos sociales, y el replanteo de su relación con el gobierno, con el kirchnerismo y con Cristina.
Con la crudeza del modelo de valorización financiera desplegando los efectos que le son propios y al paso acelerado de la crisis, las cosas se acomodan y clarifican: del sueño de Durán Barba de un electorado votando por sensaciones y emociones y no en defensa de sus propios intereses, a una sociedad (o por lo menos buena parte de ella) que demuestra que está viva y dispuesta a ganar la calle en defensa de sus derechos; marcándole un límite al gobierno al mismo tiempo que le exige a la oposición estar a la altura de las circunstancias.
Un gobierno con fuerte sesgo de clase, que ejecuta un duro programa de revancha social, termina donde debía terminar: ganándose la oposición del conjunto mayoritario del sindicalismo, con sus matices, y con la sola excepción de los desclasados tíos Tom de la oligarquía de las 62 organizaciones peronistas, el sello que manejara hasta su muerte el «Momo» Venegas: hablemos de siglas vaciadas de contenido.
El nuevo acuerdo que se apresta a anunciar el gobierno con el FMi para llegar a marzo y a las elecciones, supone una necesaria estación en la discusión del presupuesto en el Congreso; donde lo que está en juego es en esencia el paso de un goteo o desangramiento económico y social diario de despidos, recorte de derechos y pérdida de los salarios, a la consagración de reformas estructurales regresivas de las que luego sea más dificultoso retroceder en el retorno de un gobierno popular, como sucedió en los 90′ con los cambios del menemismo.
De allí que no se trate simplemente de aprobar un presupuesto para darle a una administración una herramienta «de gobernabilidad», y que el rol que jueguen al respecto Massa y el «peronismo racional» sea crucial. Al respecto, nos permitimos ser más escépticos que Pablo Moyano respecto al rol que termine jugando el Kennedy de Nordelta, que hace rato juega su propio juego, que no es el mismo que el nuestro; pero acaso la realidad nos desmienta, hay que esperar para ver.
Como fuere, el partido no está terminado ni mucho menos, pero el resultado está abierto: mientras decrecen los apoyos al gobierno en la sociedad civil, la calle y el palacio se enfrentan a una disyuntiva: o profundizan su disociación como en el 2001, o uno termina reflejando de algún modo el pulso de la otra, para conservar legitimidad y no acelerar la crisis política.

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