El nuevo edificio para los tribunales penales de Santa Fe que se construye atrás del Palacio de Tribunales es uno de los tantos ejemplos de como funciona la obra pública en la provincia con los gobiernos del Frente Progresista: en ésta entrada de abril pasado lo mostrábamos como uno de los ejemplos de como se inflan los costos a través de las «redeterminaciones de precios»; el mecanismo de indexación legal por el cual los precios de los contratos de obra se reajustan periódicamente.

Otro modo de abultar los pagos que la provincia debe hacer a los contratista por sobre los valores originales de contrato son los «adicionales de obra», o los «trabajos extracontractuales» que -en teoría- no estaban previstos en el pliego original, pero luego «deben hacerse sí o sí» para poder finalizar las obras.

Como pasa con el aprobado por el decreto al cual corresponde la imagen de apertura, para la etapa de la estructura de hormigón armado iniciada en noviembre del 2015, de una obra en la cual el cartel publicitario fue colocado en el lugar en el 2009, y que debió finalizarse hace un mes atrás.

Como ven, «pasaron cosas» que no estaban previstas en el pliego, y esas cosas cuestan más de 27 millones de pesos, un 23,74 % del contrato a precios originales, sin contar las «redeterminaciones».

Si las incluimos, una obra adjudicada originariamente en unos 115 millones de pesos para 30 meses de ejecución, terminará haciéndose por unos 171 millones de pesos (casi un 50 % más), y demorará diez (10) meses más, solo para terminar la estructura de hormigón armado.

En fin, todo sea por la justicia.

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