El padre de CER –cuyas hermanas también fueron víctimas– fue procesado el 16 de junio de 2011 por resolución del Juzgado en lo Penal de Instrucción de Reconquista al encontrarlo probable autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado en número indeterminado de veces. El 14 de marzo de 2012, Nicolás Muse Chemes lo absolvió con justificaciones discriminatorias, sexistas y estereotipadas. A fines de agosto de ese año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria, que quedó firme ya que el fiscal no apeló. El imputado volvió a su barrio y organizó una fiesta a la que invitó a familiares y vecinos para festejar su libertad.

Porque no supo escuchar a la víctima
La agrupación Florentina, de Rafaela, hizo la impugnación ante la pretensión del fiscal de cámaras de llegar a juez. Lo acusan de no apelar en el caso C.E.R., por el que Santa Fe debió pedir disculpas.

La asociación civil Florentina, de Rafaela, impugnó ante la Legislarura santafesina la postulación del fiscal de Cámara norteño, José Antonio Mantaras, que busca llegar a juez de la Alzada de esa localidad. Lo acusan de no haber apelado la absolución del padre de una joven que denunció abusos reiterados, en Reconquista. Se trata del fallo que en 2012 dejó en libertad al acusado del emblemático caso C.E.R, luego de que el juez Nicolás Muse Chemes desoyera a la víctima que sufrió violaciones sistemáticas desde los 13 a los 17 años. A fines de agosto pasado, la víctima fue reconocida en un acto que encabezó el gobernador Miguel Lifschitz, donde se le pidió disculpas, luego de que la causa llegara a la Organización de las Naciones Unidas con impulso de una red de mujeres que no la dejó sola cuando la Justicia le dio la espalda. El día anterior, Muse Chemes presentó la renuncia que será rechazada por el gobernador, tal como adelantó este diario la semana pasada. En tanto, la organización de mujeres considera que Mantaras también contribuyó para que el abusador quedara libre en un caso paradigmático en la provincia y el país. Aseguran que el postulante a camarista no tiene noción sobre los derechos humanos de las mujeres. También presentó impugnación la ex concejala santafesina y profesora de Derechos y Garantías de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, Adriana Molina.

La tarea de los fiscales es impulsar las investigaciones penales. En el caso puntual, se acusa a Mantaras de no haber apelado como fiscal de la Alzada, cuando el acusado por abuso fue absuelto y volvió a su casa, donde festejó su libertad. Para las organizaciones de mujeres, que no olvidan el caso, la Justicia desoyó a la víctima, que tuvo que refugiarse en Rosario. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) fueron las que la acompañaron en todo momento y llevaron el caso hasta los organismos internacionales, con concejalas como Soledad Zalazar y Norma López, y la subsecretaria de Políticas de Género Gabriela Sosa, entre otras mujeres que no le soltaron la mano a C.E.R.

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