LOS RIESGOS DEL «SIGA, SIGA»

El escándalo que sacude al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe por el testimonio de un empresario vinculado al juego clandestino, dando cuenta del pago de coimas a dos fiscales (uno de ellos el fiscal regional) vuelve a poner en tela de juicio el presuntamente ejemplar «modelo santafesino» que propagandizaba el socialismo; y que como hemos dicho muchas veces acá, no consistió más que en el asalto masivo por socialistas y radicales (cuando eran socios en el FPCyS) de cargos en la estructura judicial, para generar una red de contención de los gobiernos «de manos limpias y uñas cortas, sin un caso de corrupción».
Y el caso de los dos fiscales acusados de coimeros, no escapa a las generales de la ley: Serjal, el Fiscal Regional de Rosario (nada menos) no tenía cargos en la justicia, hasta que fue designado Fiscal por Decreto 3815 del 7 de noviembre de 2013, durante el gobierno de Bonfatti.
Y solo cuatro años después, en un ascenso meteórico, llegó a Fiscal Regional de la región más poblada y conflictiva de la provincia desde el punto de vista del delito, por Decreto 675 de 7 de abril de 2017, en ambos casos previo acuerdo legislativo, claro.
El otro implicado, Ponce Asahad, había ingresado como suplente al Poder Judicial en el 2003 pero renunció durante el gobierno de Obeid y le fue aceptada la renuncia por Decreto 1158 del 26 de junio de 2007. Permaneció fuera de la justicia durante unos años, hasta que volvió a ingresar como suplente durante el gobierno de Binner, para ser designado Fiscal Adjunto por Decreto 1035 del 20 de abril de 2015, en el gobierno de Bonfatti. Otro caso de ascenso veloz, de canillita a campeón, en pocos años.
Es poco serio pensar que solo comenzaron a tejer vínculos con el delito una vez que llegaron adonde llegaron, y no antes, por no decir, para llegar a donde llegaron. Lo que es preocupante (siendo buenos y no extendiendo la complicidad con delincuentes más allá de los implicados directos) es lo poco riguroso de los mecanismos de selección de candidatos a cargos y funciones tan importantes, sobre todo de parte de gente que hace gala de «republicanismo», y se rasga las vestiduras sí -por ejemplo- el gobierno nacional propone una reforma judicial.
Ya bastante malo es tomar por asalto la justicia, para que además en ese objetivo, terminés poniendo tipos cuyos antecedentes nadie chequea en serio, y tienen vínculos con el delito y sus organizaciones. Algo que al socialismo, cuando le tocó gobernar la provincia, le pasó con demasiada frecuencia en el caso de los altos mandos policiales. Como para pensar que las casualidades en política no existen; o que la doctrina Lamolina del «siga siga» .
Pero las responsabilidades políticas en estos casos también alcanzan a quienes fueron oposición a sus gobiernos: cuando decimos que nadie chequea en serio estas cuestiones -reiteramos: siendo buenos- eso incluye a los que votan los pliegos en la Legislatura cuando los cargos lo requieren (como en éste caso), o peor aún, apelan al expediente fácil de dejar que queden aprobados por el transcurso del tiempo.
Hoy, remover de sus cargos a los fiscales coimeros está en manos de una comisión de la legislatura, en base a una reforma aprobada entre gallos y medianoche en diciembre del 2017, en pleno conflicto entre el socialismo y la UCR, pero que pese a todo lograron ponerse de acuerdo en eso, para protegerse mutuamente: Corral por el escándalo de las cooperativas truchas, y Lifschitz y Pullaro por el de las horas OSPE de la Policía, y los concursos arreglados para los ascensos.  Y la reforma salió con el apoyo de parte de los senadores del PJ, investigados por el manejo de los subsidios: favor con favor se paga. Más antecedentes del caso, acá.
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