La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió, un año y medio después de haber sido recurrido, confirmar el procesamiento para dos corredores inmobiliarios de Santa Fe imputados en el delito de lavado de activos por haber llevado a cabo operaciones con Sergio «Zurdo» Villarroel y su pareja, Débora Flores, ambos condenados en 2018 por venta y distribución de estupefacientes desde Alto Verde.

La causa es un desprendimiento de la investigación a Villarroel en diciembre del 2016 y que apuntó a los bienes inmuebles y automotores que adquirió el empresario del cable de Alto Verde, con su mujer, hasta su detención. El 30 de mayo del 2018 lo condenaron a nueve años de prisión efectiva, como organizador del comercio de estupefacientes, luego de un juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

En paralelo, el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, inició una pesquisa en torno al patrimonio que adquirió el narcotraficante y las posteriores inversiones inmobiliarias que desarrolló. Esa investigación fue la llave que derivó luego en la apertura de la causa contra Graciela Bugnon, titular de Habitar Negocios Inmobiliarios y quien para ese entonces era su pareja, Jorge Lescano.

Ambos fueron procesados, junto con Villarroel y Flores, el 28 de septiembre del 2017, por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por el delito de lavado de activos. En tanto, el magistrado les trabó un embargo por una suma de $2.000.000 a cada uno.

Villarroel, condenado el 30 de mayo del 2018 en el Tribunal Oral Federal.
Archivo/ UNO Santa Fe

Aquella resolución fue apelada por los abogados defensores de los imputados, José Mohamad por Lescano y Néstor Oroño por Bugnon. A meses de cumplirse dos años de ese procesamiento, un tribunal de la Cámara conformado por los jueces Fernando Barbará y Aníbal Pineda, confirmaron el procesamiento.

Con la resolución confirmada para Bugnon y Lescano, la causa ya se encamina a ser elevada a juicio por el fiscal federal, Walter Rodríguez ya que los otros coimputados, Villarroel y Flores, no apelaron el procesamiento del juez Miño.

Contactos y operaciones

Lescano y Bugnon fueron puestos bajo la lupa de la Justicia tras ser acusados de, con cobro de comisiones, poner su estructura inmobiliaria  y «participar en la gestión comercial para lograr la adquisición, el almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que tuvieron origen en utilidades provenientes del narcotrafico y que integraron el patrimonio de Villarroel y Flores».

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Como evidencia, se logró interceptar una serie de comunicaciones llevadas a cabo entre Lescano y Villarroel, y entre los dos corredores inmobiliarios. Una escucha reveló un dialogo que tuvieron el 8 de noviembre del 2016, cuando Lescano le informó a un tercero que conocía cuál era la actividad clandestina que llevaba a cabo Villarroel. «A vender droga (…) porque es así, te lo digo directamente es dealer (…) para que no me rompas las bolas es muy pesado el tipo maneja mucha guita», consignó la transcripción.

Los cargos también apuntan a las tratativas que tuvieron Lescano y Villarroel en 2015 cuando el «Zurdo» le expresó las intenciones que tenía de comprar un complejo de cabañas en Sauce Viejo, que eran propiedad de un argentino radicado en España: Ricardo G., alias «Chacra».

Esa operación inmobiliaria fue por 500 mil dólares, que serían abonados, según detectó la pesquisa, en varios pagos y además con la entrega de inmuebles que figuraban a nombre de Villarroel: dos camiones, una lancha, vehículos marca BMW y Toyota Hilux, un tractor, un departamento ubicado en el partido de San Martín, en provincia de Buenos Aires.

El 10 de diciembre de 2016, cuando agentes de la Prefectura Naval allanaron la inmobiliaria ubicada en Bulevar Gálvez al 1700, encontraron documentos que permitieron corroborar las intenciones que hubo de parte de Villarroel y los corredores inmobiliarios para llevar adelante el proyecto de las cabañas de Sauce Viejo. En una carpeta los investigadores hallaron un contrato de «Reserva compra de inmueble» en el cual figuraba que Bugnon había recibido una suma de 15.000 dólares el 15 de octubre del 2015.

En ese documento estaba detallado cómo iba a ser la operación que tenía como precio total la suma de 500.000 dólares, Villarroel tenía que pagar de la siguiente manera: entregar de 50.000 dólares; un departamento en Mathew 1720, del Partido de San Martín, en provincia de Buenos Aires por un valor 70.000 dólares; entregar un Camión Volkswagen 18310, Dominio FKC479, Modelo 2004, con Batea OMBU 2012; otro Camión IVECO 17250, Dominio KNI617, Modelo 2011, con Batea HERMANN 2011, ambos vehículos a un precio de 100.000 dólares. Por otro lado, tenía que realizar cuatro depósitos de 70 mil dolares entre 2016 y 2017.

Sin embargo, Lescano cuando declaró en su indagatoria explicó que esa operación, entre el «Zurdo» y «Chacra» nunca se llevó a cabo. «Nos enteramos por comentarios que a la operación la habían realizado entre ellos dos, con la propuesta que habíamos hecho, pero sin nosotros…», explicó en su indagatoria ante el juez federal Francisco Miño.

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