Después de una serie de malas noticias para el gobierno nacional, esta semana impactaron dos muy buenas, juntas: el cierre del acuerdo con los acreedores externos por la deuda, y el relanzamiento del programa PROCREAR. Incluso en un primer momento la reacción que uno podía tener al escuchar los anuncios era pensar como no los separaron en el tiempo, para que no se perdiera la importancia de cada uno, en particular.
Y sin embargo estrategias comunicacionales aparte, las dos cosas están íntimamente vinculadas, en tanto pueden dar una señal de como piensa encarar el gobierno el cumplimiento de los pagos de la deuda que acaba de reestructurar. Hace unos cuantos meses atrás, en pleno macrismo y en medio de la campaña electoral, decíamos nosotros en ésta entrada: «En la campaña antes de las PASO Alberto Fernández hizo hincapié en la situación de los jubilados, planteando la necesidad de que volvieran a tener cobertura total de los medicamentos a cargo del PAMI como hasta el 2015, y que se recompusieran sus haberes; retomando en éste caso la fórmula de ajuste que regía hasta diciembre de 2017.
 
Después, acaso como consecuencia de las repercusiones que generó en los mercados el triunfo contundente del «Frente de Todos» (o el desmoronamiento electoral de Macri, para ser más precisos), el foco pasó a estar puesto en enviar mensajes «tranquilizadores» respecto al pago de la deuda: fue cuando apareció la discusión sobre «reperfilamientos», «reestructuraciones», «renegociaciones» y otras re, la últimas de ellas, la «solución uruguaya». Se puede discutir en términos de discurso de campaña electoral si las prioridades son las correctas o no había que dejarse correr la vaina con ciertas cuestiones (considerando los antecedentes del kirchnerismo honrando las deuda contraídas por otros), pero así están planteadas las cosas; mientras Cristina insiste preguntando en sus apariciones públicas quien va a pagar las deudas que deja el macrismo, cosa que desde acá dijimos que era y es «la» pregunta que definirá el rumbo del próximo gobierno. 
 
Pregunta cuya respuesta muchos parecen dar por sentada, porque pasan directo al tópico de como se pagará: con o sin quita, con estiramiento de los plazos, canjeando bonos o no. Y la dan por respondida, en nuestra opinión, porque dan por sentado que la pagarán los mismos de siempre: los jubilados, los trabajadores y demás sectores de ingresos más o menos fijos, con ajuste sobre sus salarios y sobre los recursos del Estado; para generar así los excedentes sociales que se destinen al pago de la deuda.  
 
Ni más ni menos que lo que se hizo hasta el 2003, y lo que se viene haciendo desde el 2015, con la sola excepción de la experiencia kichnerista; porque si bien es cierto que para pagar la deuda el Estado necesita recursos, y necesita generar un superávit fiscal que le permita hacerlo, esa idea (la del superávit fiscal) no puede transformarse en un fetiche a la cual se sacrifique el conjunto del modelo económico y en consecuencia, de su distribución social de las cargas. Porque el problema no es tanto contable (de saber de cuantos recursos vas a disponer para pagar cuantas deudas), sino económico, y sobre todo político.
 
Económico, porque si se insiste en la lógica del ajuste para generar excedentes y recursos para pagar la deuda, los resultados serán los mismos que está obteniendo el macrismo: el círculo vicioso de profundizar la recesión, la caída de la actividad, el empleo, los salarios, el consumo y al final, la recaudación con la que se esperan pagar los servicios de la deuda. Los ejemplos al respecto abundan en nuestra historia. Y político, porque supondría que el macrismo y el núcleo de ideas que expresa habría sido derrotado en las urnas, para sobrevivir más allá del mandato de Macri, en las políticas desplegadas desde el Estado como si nada hubiera pasado, o los argentinos no hubiéramos votado. Es preciso recordar que fue justamente la profundización del ajuste a través de la reforma previsional de diciembre del 2017, lo que detonó la resistencia social al macrismo, y comenzó a marcar el punto inicial de su caída, incluso antes de haber ido a pedir la escupidera al FMI.
 
En un contexto diferente al actual (porque la deuda estaba en default y fue reestructurada con quita sustancial, y no teníamos tanta con el FMI), Néstor Kirchner salió del laberinto por arriba, invirtiendo las prioridades en la asignación de los recursos del Estado: el lugar que antes ocupaban los servicios de los deuda pasó a ocuparlo el gasto en seguridad social, a través de la recomposición progresiva de los haberes de jubilados y pensionados, y las leyes de inclusión jubilatoria. 
 
Ya con Cristina en el gobierno, se profundizó el rumbo con la ley de movilidad primero, y la AUH después. De ese modo los jubilados y pensionados (y luego los beneficiarios de la AUH) quedaban asociados al crecimiento de la economía, porque si los recursos de la ANSES crecían al compás del aumento en el nivel de actividad y empleo, eran tomados como elemento a tener en cuenta para el ajuste de los haberes, si lo hacían por encima de los aumentos salariales pactados en paritarias. De allí que nosotros decíamos por entonces que los pasivos tenían la mejor paritaria de todas.
 
Pero además de beneficiarse del crecimiento, lo generaban: las políticas de seguridad social que ejecutó el kirchnerismo, poniendo el énfasis primero en la tasa de cobertura del sistema y luego, en otra etapa, en la de sustitución, no solo tenían un imperativo de justicia para reparar los estragos causados en los noventa en términos de pérdida de empleo registrado: buscaban además alimentar uno de los motores de la demanda agregada (el consumo privado), mejorando el poder adquisitivo de los ingresos de sectores con alta propensión al consumo, que destinan la mayor parte de sus ingresos a ese fin.
 
De ese modo y tal como lo decía Néstor entonces, y lo repite hoy como un mantra Alberto Fernández, se puede pensar en pagar la deuda: si no crecemos, no hay modo. Y está vista que con las políticas «ofertistas» de ajuste tradicionales, no solo no se crece, sino que se pone en riesgo la capacidad de repago de la deuda. Por eso «la» pregunta de Cristina tiene al menos dos respuestas posibles, la que siempre se ensayó en el país, y la que intentó el kirchnerismo mientras fue gobierno: de la que se elija dependerá el curso de los años venideros.«.
Vistas las cosas desde esa óptica, la simultaneidad de los dos anuncios es un hecho que da razones para ser optimista: significa que el gobierno entiende que a las deudas hay que pagarlas, pero sin resignar por ello instrumentos y políticas de eficacia probada para generar crecimiento, que resulte a su vez en la generación de recursos para el pago sustentable de esas deudas, sin infringir en el camino mayores dolores y privaciones a la sociedad. Y la gran discusión pendiente es de qué sectores piensa captar el Estado esos recursos para -entre otros fines- pagar la deuda.
En los propios fundamentos del DNU 643 que relanza el PROCREAR (completo acá en el Boletín Oficial), Alberto Fernández dice lo siguiente: «Que el dictado del Decreto Nº 902/12  (el que creó el programa, en el segundo mandato de Cristina) se enmarcó en una política de crecimiento con inclusión social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Que el sector de la construcción tiene gran capacidad de generación de puestos de trabajo y, por este motivo, las políticas públicas que facilitan su financiamiento y el incremento de la obra pública producen un importante efecto económico multiplicador sobre el producto y el empleo.» (las negritas son nuestras)
Lo resaltado en negrita no solo tiene el valor conceptual de precisar cuales son las prioridades de un gobierno peronista, sino el valor político del reconocimiento explícito del ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina alejado del gobierno primero y del kirchnerismo después por diferencias políticas, del acierto de una política pública diseñada y ejecutada cuando él ya no estaba en el gobierno, en años en los que fue muy crítico del rumbo de la gestión; un gesto que merece destacarse. Hilo de tuits relacionados:

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