A GRANDES MALES GRANDES REMEDIOS

Todo indica que el gobierno se apresta a anunciar una serie de medidas para evitar una devaluación, y al mismo tiempo incrementar la oferta de dólares para detener la sangría constante de las reservas del Banco Central. Entre ellas y para tentar a los exportadores del complejo agropecuario a liquidar los dólares retenidos, una rebaja transitoria de las retenciones a las exportaciones de soja y carne, entre otros productos.

Lo cual comprobaría que los que poseen el poder de manejar la oferta de divisas en el mercado le torcieron el brazo, y conseguirán un beneficio sobre cosecha y existencias ya compradas a los productores con el descuento de las retenciones del precio pagado, que es la razón por la cual las propias entidades agrarias -en especial la Federación Agraria- se oponen a la medida; que solo beneficiaría a los grupos exportadores: la idea sería resignar ingresos fiscales en pesos (las retenciones) a cambio de una mayor oferta de divisas que atenúe las presiones devaluatorias, que vienen precisamente de parte de esos mismos grupos cuyos ingresos dependen del comercio exterior; y por ende se benefician con una devaluación.

Al mismo tiempo se anunciaría una suba de las tasas de interés para orientar capacidad de ahorro disponible hacia otra alternativa que no sea la compra de dólares; lo que supone desechar toda idea de agudizar aun más el «cepo», prohibiendo por ejemplo lisa y llanamente la compra de divisas para atesoramiento. Por supuesto que una suba de las tasas impactará en el nivel de actividad ya afectado por la pandemia, comprometiendo una incipiente reactivación; del mismo que una baja de retenciones a las exportaciones de «bienes salario» como la carne puede alimentar la inflación en consumos básicos, contribuyendo a afectar aun más el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, y a empeorar los ya graves indicadores de pobreza.

Las posibles consecuencias económicas de las medidas en estudio, siendo graves como son, no lo son tanto como la derrota política del gobierno a manos de los grupos exportadores que representarían: se les estaría dando un incentivo para que en el futuro vuelvan a especular para forzar una devaluación, o apropiarse de niveles de ganancias aun mayores de los que hoy tienen. ¿Por qué se abstendrían de hacerlo?, sería la pregunta.

Del mismo modo que cabe preguntarse por que en el menú de opciones con que contaba el gobierno para encarar el problema de la restricción externa, jamás se consideró siquiera hacer cumplir el DNU 91 del 28 de diciembre del año pasado, que modificara el DNU 609 de Macri, disponiendo que el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central. O sea, obligar a los exportadores a liquidar las divisas en un plazo perentorio, con penalidades y consecuencias en caso de no hacerlo; como por ejemplo quedar suspendidos del registro de operadores de comercio exterior.

Adicionalmente al citado DNU 91, el Banco Central tiene facultades para regular el mercado de divisas e imponer plazos para su liquidación en el país, cuando se trate de exportaciones de origen agropecuario, por el artículo 7 de la Ley 21453. La pregunta es por qué no las ejerce, cuando no hacerlo tiene las contraindicaciones señaladas.

El historiador Norberto Galasso llama en sus obras a la renta agraria diferencial (es decir, la superutilidad de la producción agraria en el país por sus bajos costos en términos comparativos internacionales) «el protagonista oculto» de nuestra historia: ese rasgo estructural de nuestro modelo de desarrollo productivo desequilibrado, que tiene un sector competitivo a nivel internacional por sus bajos costos, orientado al mercado mundial y por ende con ingresos en divisas; que lo colocan en posición de determinar el tipo de cambio (precio esencial de la economía si lo hay), manejando a su antojo la oferta de divisas, a falta de regulaciones públicas adecuadas.

Por esa razón el primer peronismo encaró el problema a fondo, con medidas estructurales, que redujeran no solo la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y la restricción del acceso a las divisas; sino que al mismo tiempo aumentaran los márgenes de maniobra del Estado frente a los principales grupos económicos del país.

Así en marzo de 1946 por el Decreto 8503 se nacionalizaba el Banco Central, que pasaba a tener el manejo total del mercado de divisas, y por el Decreto 15350 del 28 de mayo del mismo año, se creaba el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI); para monopolizar el comercio exterior, fundamentalmente de productos agropecuarios, es decir los principales renglones de la oferta exportable del país. Mientras el BCRA manejaba las divisas administrando tipos de cambio múltiples para favorecer el proceso de industrialización, el IAPI actuando como «comprador único» captaba buena parte de la renta agraria diferencial, hasta entonces en manos de pocos grupos exportadores.

Ya en 1949 y mediante la reforma impulsada por Perón, el artículo 40 de la Constitución nacionalizó el comercio exterior al disponer que la importación y exportación, …estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley…». En estas cuestiones, entre otras, hay que buscar también las razones del golpe de 1955 que derrocó al peronismo del gobierno.

Más de 70 años después, las condiciones estructurales de la economía -al menos en lo que hace a la generación y manejo de las divisas- no han cambiado sustancialmente, y las fuerzas alineadas en contra del peronismo, tampoco. Sin pretender tanta audacia como entonces, lo menos que se puede exigir en una coyuntura tan crítica como la actual es que a grandes males, se los encare con grandes remedios. Tuit relacionado:

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