Uno de los jefes de la Iglesia Católica pidió beneficios para cura preso por abuso sexual

Mario Aurelio Poli podría haberlo hecho desde las sombras, con un tercero, vicariamente. Pero el 30 de abril de este año, el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado, el hombre fuerte de la Iglesia Católica en Argentina entregó su firma y su sello con toda su investidura en la mesa de entradas del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 por un hombre que esperaba su hora de juicio en una celda del penal de Ezeiza: el padre Manuel Fernando Pascual.

El delito por el que fue imputado Pascual fue el de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de sacerdote católico. Las dos presuntas víctimas que impulsaron la acción en su contra, una de ellas como querellante, eran monjas.

Durante al menos cuatro años, entre 2012 y 2016, Pascual, de acuerdo a la acusación en su contra que lo llevó a la Justicia, supuestamente atacó en forma serial a dos religiosas integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Eran tocamientos y sexo oral. Lo hacía en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden de religiosas realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos.

Pascual intentaba que hablaran de sus traumas, o les hablaba de soltar la mujer de deseo oculta quizás en su interior. Se forzaba sobre ellas, las obligaba a ciertas perfomances. También tenía otras excusas. Una de sus víctimas declaró que “lo hacía para que gozara y aprendiera a gozar”. El expediente en su contra tiene como prueba un escrito que el cura le entregaba a sus víctimas: “Lectura cristiana de la sexualidad femenina” era su título, una rara pastoral.

Una de las religiosas, según su testimonio, fue atacada en el campo de las Hermanas de San José, mientras el cura daba misa en privado. En la soledad del campo, con el pan en su mano, Pascual tomó a la religiosa, la acarició. Luego, sin soltar la eucaristía, subió con su mano hasta su entrepierna. La monja rompió en llanto.

El padre Pascual no solo fue acusado de tocamientos furtivos, sino también de violación, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por su función de sacerdote, por aprovecharse de su rol de poder, cuatro años de presuntos ataques desde 2012 hasta 2016. Su primera víctima, que había sufrido otro abuso sexual años antes, lo acusó de penetrarla por la fuerza en la boca: Pascual era su confesor.

“Quiero verte desnuda en el campo”, le habría dicho el cura a la monja, según su relato.

Por este hombre, el 30 de abril de 2020, Mario Poli, cardenal primado, se presentó en Tribunales.

Poli se presentó, precisamente, en medio de un incidente de prisión domiciliaria planteada por la defensa del sacerdote. Según el texto, lo hacía por segunda vez. El documento, con el membrete del Arzobispado porteño, estaba dirigido al entonces presidente del Tribunal N°3, el juez Gustavo Valle. “De mi distinguida consideración”, saludó el cardenal primado.

“Reitero el ofrecimiento que oportunamente hiciera de constituirme en fiador personal para la concesión de su exención de prisión, a fin de ofrecer al Tribunal -para el caso en el que se considere inadecuado el domicilio aportado por la Defensa-, de cumplir la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado de Buenos Aires, del que soy el titular”.

Luego, Poli firmó. El mensaje es obvio: el cardenal primado ofreció propiedad de la Iglesia a su cargo para que un sacerdote acusado de violación evite la cárcel. Hay otra línea llamativa. En el documento, Poli incluyó el nombre de la religiosa querellante.

Sin ser parte de la causa, el cardenal primado sabe quién acusa al cura.

La oferta no prosperó. En mayo de este año, en una denegatoria del arresto domiciliario de Pascual, el juez Julio Báez aseguró en su voto: “Finalmente debo señalar que el titular del Arzobispado de Buenos Aires, no solo ha ofrecido ser fiador personal del detenido, sino que ha propuesto un lugar alternativo para el cumplimiento de la medida de coerción personal dispuesta por este Poder del Estado. Más allá del profundo respeto que tengo por la dignidad Episcopal del presentante, en su calidad de Cardenal Primado de la Argentina, estimo que la variante que se propone tampoco logar aventar los riesgos procesales como simiente del encierro anticipado y que ya fuera explicado, no solo en este interlocutorio, sino en todo tratamiento similar a la que fue sometida su situación”.

Es decir, la oferta de Poli no cambiaba ningún problema de fondo en los cálculos de la Justicia.

A Pascual no solo se le volvió a denegar la prisión domiciliaria en el Tribunal N°3, sino que el fiscal Andrés Madrea que deberá enjuiciarlo detectó otras dos causas por el delito de abuso en otras dos fiscalías porteñas, iniciadas en 2019 y 2020, por otras dos religiosas que describen situaciones similares a las denunciadas por las otras monjas. Así, el desafío de Madrea se convierte en lograr que estas nuevas causas sean consideradas como prueba en el juicio contra Pascual que todavía no tiene fecha.

Mientras tanto, Pascual, a pesar de su acusación, todavía cobra un sueldo en blanco de la Iglesia. De acuerdo a sus registros previsionales, el último pago ingresó en octubre de este año. El titular de esos pagos es el Arzobispado de Buenos Aires, cuya máxima autoridad es Mario Poli.

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