Fue realizada a una mujer que visitaba a un preso y que transportaba tubos eppendorf  con droga en su parte genital

Un dictamen resuelto en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe solicitó que se declare nulo un procedimiento de drogas llevado a cabo en la Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores en momentos en que se desarrollaba una requisa a los visitantes de los presos alojados en el penal.

El suceso ocurrió el 17 de febrero pasado y por el mismo C. P. quedó a disposición de la Justicia federal luego de que el personal penitenciario detectó, mediante una inspección vaginal, que la mujer trasladaba en total cinco tubos eppendorf con cocaína (4 gramos) y un envoltorio de nailon con 3,7 gramos de marihuana.

Por el procedimiento, el fiscal federal Gustavo Onel pidió la nulidad del mismo tras sostener que existe una serie requisitos que establecen cuándo y cómo llevar a cabo una inspección tanto anal o vaginal en un establecimiento penitenciario.

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Para argumentar eso, el representante del Ministerio Público Fiscal, citó en su dictamen una serie de informes confeccionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el organismo de Naciones Unidas. 

En esa línea, hizo hincapié en primer lugar en un informe de la CIDH del 2011 donde se establecieron estándares sobre cómo actuar en las requisas a familiares y allegados de privados de la libertad. «El empleo de registros corporales a las personas privadas de libertad y a sus visitantes no deberán aplicarse en forma indiscriminada, sino que debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, deben practicarse en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales«, citó el fiscal en su dictamen.

En esa línea agregó que la inspección tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo legítimo en el caso concreto. «No debe existir medida alternativa alguna, debería en principio ser autorizada por orden judicial, y debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud«, argumentó el funcionario mediante lo propuesto por la CIDH.

Por otro lado, remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que «el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y en primer lugar de la Constitución Nacional».

Para Onel, las prácticas que se llevaron a cabo en el penal de Las Flores y por las cuales se le inició una causa penal a C. P., «bien podrían desalentar las visitas a los internos, lo cual redunda en una restricción al régimen de visitas, con el consecuente cercenamiento de derechos para los internos».

«Entiendo que corresponde anular el mismo en razón de que, en lo sustancial y tal como fue llevada a cabo la requisa en el caso por personal penitenciario, debe reputarse degradante de la dignidad humana y por tanto, contrario al sistema de derechos humanos reconocidos internacionalmente», argumentó el titular de la Fiscalía Federal Nº 1.

«No se advierte que los funcionarios públicos hubieran actuado bajo el amparo de sospecha razonable de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que excepcionalmente pudiera justificar una diferente ponderación de intereses», acotó el fiscal. Y agregó que no se  
verificó previo a la inspección ni con posterioridad a la misma «razón objetiva de suficiente peso para proceder como se hizo, existiendo disponibilidad de adquisición de medios técnicos menos lesivos a la dignidad de las personas».

Por último, ofició al área legal del penal de Las Flores para que informe a las autoridades sobre lo resuelto en la causa. 

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