¿QUIÉN ES EL PRIVATIZADOR AL FINAL?

Sobre la intervención al aeropuerto Sauce Viejo, leemos en el diario de Nahuel: «El presidente de la bancada de diputados del Frente Progresista, Pablo Farías, se mostró muy crítico con la decisión del gobernador Omar Perotti de intervenir el Ente Aeropuerto de Sauce Viejo, advirtiendo que significa desconocer un largo proceso previo de discusión de una ley con las entidades intermedias de Santa Fe y la región. «Es un atropello» le dijo a El Litoral el ex ministro de Gobierno.«
«Farías le dijo a El Litoral que «con la intervención del ente del aeropuerto el gobierno desconoce todo un proceso que se llevó adelante para arribar a esa figura que debe administrar la estación aérea. Fue un proyecto de Emilio Jatón cuando era senador por La Capital y fue resultado de reuniones con fuerzas vivas de la ciudad y de la región. Se construyó esa propuesta legislativa, se trabajó en las dos cámaras, se aprobó y se puso en marcha en forma inmediata«.
«Pero además, Farías consideró «muy difícil» que la bancada mayoritaria en Diputados valide un mensaje del Poder Ejecutivo donde propone cambios a la designación de directorios del Enress, de Ente Administrador Zona Franca y del Ente Aeropuerto Sauce Viejo. «No es bueno mandar un mensaje para modificar leyes que tienen recorrido previo. Se desconoce, se tira por la borda un proceso para poner funcionarios a dedo, sin consenso previo».«
Para que entendamos de que se trata: el aeropuerto no está en manos de Aeropuertos Argentina 2000 (la empresa de Eurnekián), ni es una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) en la que el capital privado tenga participación. No, es un ente autárquico (como la EPE), que depende del Poder Ejecutivo provincial, o sea del Gobernador. Y lo que el presidente del bloque de diputados socialistas de la Legislatura está cuestionando es que Perotti haya designado por decreto un interventor, sin «consensuarlo» con las «fuerzas vivas»: léase la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Unión Industrial, el Centro Comercial o ADE. O sea, el «círculo rojo santafesino», o los diferentes quioscos donde de un modo u otro mojan el pancito los dueños del diario. Otra vez: Farías cuestiona que el gobernador nombre «a dedo» una funcionaria que depende de él, sin «consultarlo»o «consensuarlo» con «las fuerzas vivas».
El ente del aeropuerto se maneja por la Ley 13704 sancionada a fines del 2017 en el gobierno de Lifschitz, en plena euforia por las «low cost» impulsada por el macrismo, sistema al cual el socialismo adhirió y adhiere fervorosamente. En enero del 2018 (o sea, apenas sancionada la ley) decíamos acá: «El aeropuerto de Sauce Viejo debe estar -objetivamente- más o menos en el puesto 100 del orden de prioridades en las necesidades de infraestructura pública a cubrir por el Estado provincial, en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia. Sin embargo, nadie en los medios se queja por eso. Pero con el aeropuerto la cosa es distinta: basta que aparezca el lobby de «los vivos de la fuerza» (Bolsa de Comercio, diario El Litoral, ADE, Unión Industrial, Centro Comercial) reclamando para que sea puesto en el primer lugar de las prioridades, y todos los niveles del Estado (nacional, provincial, municipal) se ponen a trabajar en el tema.
 
En ese tren hasta se llega al extremo de disparates tales como decir que mejorar el aeropuerto «favorecerá a los sectores de la producción», cuando no es una terminal de carga ni nunca lo fue, y su aporte al turismo es relativo: es más una preocupación de los santafesinos que tienen «resto» para pasear afuera y envidian a los rosarinos o cordobeses porque tienen vuelos directos al exterior desde sus ciudades, que de los turistas que puedan venir por acá viajando en avión. La clientela electoral de «Cambiemos» y del Frente Progresista, digamos.
 
Tampoco es que en realidad les preocupe realmente la conectividad aérea de la región: apenas arrancó el gobierno de Macri, Aerolíneas Argentinas rescindió el convenio que tenía con Sol Líneas Aéreas y la zona perdió vuelos que nunca recuperó. Pero luego aparecieron en el horizonte las «low cost» vinculadas a los negocios de los funcionarios del gobierno (empezando por el propio Macri y su familia con Avianca, y pasando por Quintana con Fly Bondi), y las cosas comenzaron a cambiar. Se redobló la ofensiva para poner guita en el aeropuerto, para prepararlo para el desembarco de las nuevas líneas aéreas que nos iban a abrir las puertas al primer mundo; y así como en El Palomar el Estado se puso con 30 millones de dólares que deberían haber puesto los privados para transformar una base aérea en un aeropuerto comercial, acá la inversión corrió por cuenta de la provincia; que lleva gastados más de 190 millones de pesos que pudieron tener mejor destino, en obras que no se terminaron aun, ya que el propio Lifschitz les fijó por decreto un plazo de finalización al 31 de enero de éste año.«
El dinero invertido por el gobierno de Lifschitz en un aeropuerto al cual las «low cost» nunca llegaron y que hoy está parado por la suspensión de los vuelos como los de todo el país, superó los 400 millones de pesos. En ese lapso las «fuerzas vivas»con las que hay que -según Farías- consensuar las designaciones no invirtieron un solo peso en el aeropuerto: toda la plata la puso el Estado, como pensaba también el Estado (es decir, el gobierno socialista) subsidiar a las aerolíneas «low cost» a través de un «programa de fomento aeronáutico» que Lifschitz aprobó por decreto en noviembre del 2019 (cuando le faltaba un mes para irse del gobierno), y que Perotti derogó por otro decreto, a los 15 días de haber asumido.
La Ley 13704 -como dice Farías, un proyecto de Jatón cuando era senador) contempla que el ente es manejado por un directorio cuyo presidente será el representante de la provincia y los vocales serán representantes propuestos: uno de una Comuna o Municipalidad del Área Metropolitana Santa Fe, uno de la Municipalidad de Santa Fe y uno de las Cámaras Empresarias de Comercios y/o Servicios. Está calcado del molde del directorio del ente que administra el aeropuerto de Fisherton en Rosario, por una ley aprobada en los 90′ durante el primer gobierno de Reutemann, por presión del «lobby» rosarino del turismo y los negocios y adivinen quien más: sí, las gestiones municipales del socialismo en la ciudad.
Pero esa misma ley que creó el ente de Sauce Viejo, en su artículo 24, contempla que en determinadas circunstancias el Poder Ejecutivo (o sea el gobernador) puede intervenir al ente, y designar un interventor. Por ejemplo si el aeropuerto está parado, porque los vuelos están suspendidos, porque hay una pandemia. Y además las «low cost» se rajaron hace rato, y acá ni siquiera llegaron. A menos que lo que pretende Farías es que en lugar de pagar en esas condiciones el sueldo de un funcionario (la interventora) la provincia pague cuatro, de los cuales tres son propuestos por otro, y no le responden.
Como reconoce Farías, Perotti envió un proyecto a la Legislatura para modificar la ley, para no tener que quedar limitado como gobernador a «proponer» a los que van a representar a otros, incluyendo a los que representan a intereses privados. Si lo hiciera el peronismo, sin ir más lejos, Farías o Alaniz hablarían de «corporativismo fascista», o algo por el estilo.
En el mensaje a la Legislatura destaca Perotti que la ley tal cual está, afecta las facultades constitucionales del Gobernador, que es el único que propone candidatos para cargos que requieren acuerdo legislativo, pero mantiene el acuerdo legislativo para la designación de los miembros del directorio del ente. ¿Dónde estaría entonces el «atropello» del que habla Farías? ¿No es más atropello el loteo de cargos en el Estado, con sueldos íntegramente pagados con fondos del presupuesto público, para lobbistas privados institucionalizados de entidades que no ponen un peso?
Pensar que hicieron campaña con el eje de que, si ganaba Perotti, iba a privatizar todo. Tuits relacionados:

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