QUEMADOS

En medio de la pandemia, al país no le faltan desgracias; como por ejemplo que la mitad de las provincias -y acaso la mitad del territorio nacional- tienen focos abiertos de incendios que causan graves estragos ambientales, y hasta amenazan las áreas urbanas.

Casi la totalidad de esos incendios son intencionales, por razones variadas, todas vinculadas a negocios: la ampliación de la frontera agropecuaria, la generación de pasturas para el ganado, desarrollo inmobiliarios VIP y cosas por el estilo. No se salvan de las quemas los bosques nativos, ni los implantados; o las humedales y áreas naturales protegidas.

Lo único que no se queman son los silos bolsa, o los stocks de cosecha retenidos en ellos; lo cual sumado al hecho de que quienes protestan por las roturas de ellos en sus campos, no reclaman por los incendios, nos estaría dando una pista precisa sobre los posibles responsables.

Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional resultan impotentes frente a la magnitud del fenómeno, sin que alcancen los esfuerzos de bomberos y brigadistas para contener los incendios; y sin que desde la justicia se den señales de someter a la ley a sus responsables. El grado de complicidad de la justicia es tal que en Entre Ríos, por ejemplo, el juez federal que interviene en las denuncias por las quemas en las islas frente a Rosario ni siquiera toma medidas para identificar a los dueños de los campos quemados.

La preocupación ambientalista es, de la boca para afuera, aparentemente compartida entre todas las expresiones del arco político nacional, y parte de la «agenda blanda» en la que sería posible construir consensos. Sin embargo, no es lo mismo hablar de minería y glaciares -por ejemplo- que de quemas de campos, bosques y pastizales que involucran como responsables directos a los actores del modelo de agronegocios, que reciclan excedentes en el «real state» y los negocios inmobiliarios VIP: ahí la cosa cambia.

Y si no nos creen, pruebas al canto en un ejemplo cercano: tal como da cuenta el tuit de apertura, se presentó en Diputados un proyecto con la firma de Máximo Kirchner y diputados del oficialismo y otros bloques, para modificar la Ley 26815 sancionada en 2013 durante el segundo mandato de Cristina y por la cual se creara el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

La propuesta consiste en modificar el artículo 22 Bis y agregar otros dos artículos restringiendo a futuro  y por plazos que llegan a los 60 años, los usos posibles de los predios en los que existieron incendios, que impliquen cambios a los que tenían al momento de producirse éstos. Por ejemplo no se podrían subdividir o lotear, ni parcelar ni realizar en ellos emprendimientos inmobiliarios; ni realizar otros usos agrícolas distintos a los que tenían hasta ese momento.

El proyecto está tomado de la legislación que en su momento adoptó España para hacer frente al mismo problema, y que allá redundó en una baja sustancial de los incendios provocados, y acá en Ámbito pueden acceder al texto completo.

Pese a que una de las características que deslumbraban a Natanson cuando imaginaba en el país el advenimiento de una «nueva derecha moderna y democrática» era su adhesión a las causas ambientalistas, una cosa es proyectar metrobuses en todos lados, y otra muy distinta atentar contra los intereses del núcleo duro de su base electoral, y sus principales financistas de campaña: ningún legislador de «Juntos por el Cambio» adhirió a la iniciativa; lo que es cualquier cosa menos sorprendente.

Como tampoco sorprende que, en una táctica -y no tan tácita- admisión de culpabilidad por las quemas, desde la Sociedad Rural y por boda de su presidente Daniel Pelegrina, salieron a cruzar el proyecto porque -dicen- «atenta contra las inversiones». Gracias por la sinceridad muchachos, ya que no podemos dárselas por el fuego.

El destino de las causas judiciales por los incendios es conocido: hasta acá, destinadas al cajoneo; porque evidentemente el largo brazo agrogarca aprieta fuerte en los estrados tribunalicios y los juzgados; esos que muchos marchan para que no se reformen, y para «preservar su independencia» (del gobierno, claro). Habrá que ver que suerte corre el proyecto en el Congreso, lo que se diría una prueba de fuego para nuestras instituciones democráticas.

Comentarios Facebook