PUEDE FALLAR

Cualquier medida económica que tome cualquier gobierno debe evaluarse no solo desde un marco teórico abstracto, sino de las condiciones concretas en las que debe operar; y las que viene tomando el gobierno no son la excepción.

Cuando Guzmán renegociaba la deuda con los acreedores externos y todos apostaban al fracaso del acuerdo, se decía (incluso desde sectores de la heterodoxia económica) que el acuerdo era necesario para despejar interrogantes a futuro, bajar el riesgo país posibilitando la vuelta a los mercados de financiamiento y además, calmar las tensiones cambiarias y el apetito por el dólar.

Esta más que claro que esto último no pasó, a punto tal que el gobierno debió endurecer el «cepo» (sin llegar a prohibir la compra de dólares para ahorro), y anunciar un conjunto de medidas para mejorar la oferta de divisas, que incluyen desde rebaja de retenciones a ciertos rubros de las exportaciones agropecuarias (como la soja), mineras y la mayor parte de las industriales.

Cierto es que esas medidas «ofertistas» (tendientes a seducir a fracciones del capital) expresan en algún caso los trazos gruesos de algo parecido a la búsqueda de un modelo de desarrollo productivo alternativo e integrado, como la promoción de las exportaciones industriales con valor agregado, que ayuden a mejorar la balanza de pagos. Pero eso supone que las exportaciones en general (y las industriales no son la excepción, sino todo lo contrario) sean sensibles a los estímulos, más que a la demanda exterior de determinados productos, en un mundo que se cierra cada día más fruto de la pandemia.

Pero aun cuando los estímulos funcionen, no es probable que lo hagan en el corto plazo, que es cuando se necesitan los dólares: ahora, cuando la sangría diaria de las reservas del Banco Central alcanza niveles preocupantes, alimentada por las fuertes expectativas de una devaluación. Y aunque funcionasen, está por verse si el gobierno se decidiría a captar esas eventuales divisas adicionales para las reservas, apelando para ello a todas la herramientas de que dispone. Algo que hasta acá y al menos en cuanto respecta a los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, no ha demostrado estar dispuesto a hacer.

La restricción externa de nuestra economía es un rasgo estructural, pero si las reservas del Banco Central caen en medio de un fuerte superávit comercial, hay algo que no está funcionando como es debido, y excede claramente a las propias autoridades del BCRA. Porque el problema del país es político en primer lugar, y económico en segundo plano y como consecuencia.

Las fortísimas presiones devaluatorias de los grandes grupos económicos con ingresos en dólares para generar una salida a la 2002 que termine de acelerar la brutal modificación de los precios relativos ensayadapor el macrismo (salarios, tipo de cambio, tarifas, energía, tasas de interés), les transfiera ingresos y licúe aun más los costos salariales (una reforma laboral flexibilizadora en los bolsillos) es un desafío político frontal al cambio de signo político producido en el país con las elecciones del año pasado. Golpe de mercado mata a urnazo, parece ser la premisa.

Y esas presiones -frente a las que el gobierno no ha logrado articular aun una respuesta contundente- son del mismo cuño que otros desafíos: así por ejemplo las marchas anticuarentena, que junto al franeleo inconducente con Larreta erosionaron la política sanitaria de administración de la pandemia y llevaron a lisa y llanamente abandonarla en manos de la «responsabilidad individual de los ciudadanos; con los resultados conocidos. O la «bandera blanca» con Clarín y los medios hegemónicos, que fue leída por ellos como una rendición incondicional, solo alterada por el DNU sobre tarifas y servicios, pero sin decisión de ir más a fondo, por ejemplo tumbando la fusión Cablevisión-Telecom.

La decisión de la Corte de abrir el per saltum de los jueces okupas es tanto resultado de las presiones mediáticas en su contra, como de la certeza de que, aun habilitando implícitamente la facultad presidencial de mover jueces por decreto si ratificaran los traslados sin acuerdo del Senado de Macri, Alberto Fernández no haría uso del cheque en blanco que le estarían extendiendo.

Y en espejo, los cuestionamientos opositores a la validez de las sesiones remotas de las Cámaras del Congreso son un guiño al Poder Tribunal para que vaya en su auxilio fulminando alguna ley por inconstitucional cuando sea necesario, por ejemplo el recorte a la coparticipación de la CABA, o el impuesto a las grandes fortunas.

Puede que todos los hechos señalados no tengan una relación directa e inmediata entre sí como la que planteamos, pero seguramente todos suponen en un punto lo mismo: desafíos a la autoridad legítima del gobierno elegido en las urnas por la mayoría de los argentinos, que no pueden ser ignorados ni tolerados, sin graves consecuencias futuras. El poder se desgasta más rápido cuando no se lo ejerce, que cuando se lo emplea. Tuit relacionado:

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