Es el sanatorio que cerró en enero en la ciudad de Santa Fe. La plata de la compensación que pagará la Provincia deberá ir a cubrir las deudas salariales con los 53 trabajadores que quedaron en la calle

Por Gustavo Castro

 

El gobernador Omar Perotti firmó el 11 de abril el decreto N° 330 mediante el cual “declara de interés general y sujeto a expropiación temporal” al Instituto Privado de Cardiología “Sagrada Familia”, en el marco de las acciones para afrontar la pandemia del coronavirus en Santa Fe. Se trata del sanatorio que a fines de enero cerró sus puertas, despidió a sus 53 trabajadores y dejó a la capital de la provincia con 42 camas menos.

 

El decisorio, al que tuvo acceso Diario Santa Fe, arranca con el argumento global de las atribuciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo provincial para tomar decisiones de este calibre. En ese sentido, señala que la Constitución santafesina “establece que la propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social. Y agrega, que el Estado puede expropiar bienes por motivos de interés general calificados por ley, prescribiendo que la iniciativa económica de los individuos no puede desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana”.

 

Asimismo, el documento recuerda que la ley reglamentaria de ese artículo constitucional dispone que “puede expropiarse el uso temporal de un bien inmueble y de los demás convenientes o necesarios al fin principal, por dos años como máximo. Como así también que por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el titular del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles”.

 

“Se trata de una limitación a la propiedad, en cuyo mérito la Administración Pública se posesiona materialmente, y en forma transitoria, de un bien o cosa ajeno para satisfacer un requerimiento de interés general motivado por imperiosas necesidades públicas”, añade en el párrafo siguiente.

 

Luego, el texto de Perotti avanza en concreto con la situación de la clínica. Al respecto, advierte que “a la fecha el Instituto Médico no está en actividad y el inmueble se mantiene ocupado por trabajadores debido al conflicto laboral existente como consecuencia de eso, lo que hace más razonable aún el ejercicio de la facultad constitucional de disponer el uso temporal del inmueble y los demás bienes por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad, que pone en juego la solidaridad recíproca de sus miembros e impidan concretar otro procedimiento efectivo con la celeridad que se requiere, en el contexto de la emergencia dada en virtud de la Pandemia declarada en relación con el coronavirus ( COVID-19)”.

 

Ante esta situación, el gobernador faculta al ministro de Salud, Carlos Parola, a convenir con los propietarios “las condiciones de la ocupación y la compensación por la privación temporal del uso”, tanto del edificio como del equipamiento. Pero con una aclaración: el acuerdo “deberá tomar en debida cuenta el conflicto referido (los 53 despidos), el que se encuentra judicializado como es de público y notorio conocimiento, tanto a los fines de las notificaciones que corresponda efectuar como en lo referente el modo de concretar el pago”. En la práctica, eso implica que la plata que la Provincia le pague al dueño de la clínica, Esteban De Giovanni, deberá llegar al bolsillo de los trabajadores.

 

Hace un mes, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, Carlos Abraham, alertó en Aire de Santa Fe que el cierre de la Sagrada Familia acentuaba la crisis por el coronavirus, en tanto significaba la pérdida de 42 camas de una sola vez. Ese problema, expropiación mediante, parece haber quedado resuelto.

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