Los que estudian las múltiples dimensiones de la inteligencia humana dicen que se parece a ir pelando las capas de una cebolla, hasta que se llega al núcleo, representado por las creencias: estas representan el «disco rígido» de la configuración de alguien, su núcleo de ideas, valores, conceptos, que resulta imposible (o casi) de modificar; o que resiste toda evidencia, intercambio de opiniones o experiencias, o argumentos disuasorios.
Y si uno observa determinados comportamientos sociales que se traducen en comportamientos políticos, debería darles crédito: gente que se planta en una convicción, y no hay fuerza en la tierra capaz de sacarla de allí, ni hechos que la hagan cambiar de opinión.
El antiperonismo, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de eso: haga lo que haga el peronismo, se presente como se presente, ellos estarán en contra, por reflejo; y como bien apunta Sergio De Piero en ésta excelente nota en El Destape, «No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.».
Cuando se  discute sobre el rol de los medios o su influencia en la sociedad y sus preferencias políticas, se suele omitir un detalle no menor: su prédica impacta sobre un sistema de creencias previamente existente, y en eso radica la eficacia del mensaje, en el famoso «sesgo confirmatorio».
Y hasta allí con las creencias, y con la sociedad: cuando se ingresa en el terreno más árido pero más concreto de los intereses en pugna, la cosa no se puede presentar tan llanamente, y es necesario disfrazarla un poco, sobre todo cuando los intereses que se defienden son inconfesables, o es difícil que una gran mayoría pueda empatizar con ellos. Que es lo que está pasando con la empresa Vicentín y su posible expropiación por el Estado nacional, y los intentos de algunos sectores de transformar el caso en «la nueva 125».
Analizado éste con objetividad, no deberían existir mayores dudas respecto a de que lado ponerse, a menos que uno defienda los intereses de una empresa que expresa como pocas todas las opacidades conocidas del modelo de agronegocios: evasión impositiva, comercialización en negro, estructura societarias montadas para facilitar la fuga de capitales, maniobras de vaciamiento en perjuicio de los acreedores. Nada que llame por sí a la simpatía social, salvo que muevan las palancas precisas los que defienden intereses, movilizando en su apoyo a los que tienen un determinado núcleo de creencias, como sucedió en el conflicto por las retenciones móviles.
Al anunciar la expropiación (y es de esperar que el anuncio se concrete), el gobierno dio un paso importante en defensa de determinados intereses, pero afectando otros, y desató reacciones previsibles. Lo que no debe perder de vista -ni con Vicentín ni nunca- es  que, por más consensual que se imagine, es imposible en política contentar a todos; y que en casos como estos es difícil (como decía Perón) desplumar a la gallina sin que grite.
Tomemos como ejemplo el caso del conflicto del 2008 con las patronales agrarias: entonces se asumió como una «autocrítica» (es decir, crítica de la conducción del conflicto por parte de Cristina) que se manejaron las cosas de modo tal que se «emblocó» a los pequeños y medianos productores junto con los grandes jugadores del modelo de agronegocios, en contra de una medida (las retenciones móviles) que solo afectaba los intereses de éstos, que aprovecharon con astucia el error para ampliar sus apoyos, y terminar torciéndole el brazo al gobierno con el «voto no positivo» de Cobos.
El tiempo demostró que el análisis era demasiado simplista, precisamente porque ignoraba como se entrelazan en un conflicto los intereses y las creencias, siendo parte esencial de éstas últimas los grandes núcleos ideológicos respecto a la necesidad y límites de la intervención del Estado en general en los asuntos sociales, y en particular en los económicos; tal como bien apunta acá Claudio Scaletta.
Vistas las cosas desde este ángulo, no debería sorprender que hoy algunos de los propios productores estafados por el grupo Vicentín, o que quedaron prendidos de la brocha con deudas por cobrar en el gigantesco concurso del hólding agroexportador, resistan la intervención del gobierno, y la eventual expropiación de la empresa: prefieren el socio privado que los cagó, que el Estado que les cobra impuestos, los regula o -peor aun- pueda llegar a tener acceso a información privilegiada sobre los mecanismos habituales de comercialización en el sector.
De modo que si desde algunos sectores se busca plantear el caso Vicentín en términos sobreideologizados («Venezuela», «chavismo», «comunismo») hay que tener en claro que eso tiene un rebote social limitado, circunscripto a «audiencias cautivas», y no desesperarse por salir a desmentir que lo que el gobierno quiere hacer vaya en esa dirección. Y vale lo mismo para las «etiquetas» a las que podemos apelar desde éste lado, para argumentar a favor de la expropiación: «soberanía alimentaria», «empresa testigo» o conceptos similares pueden ayudar a comprender en determinados ámbitos, pero al grueso de la gente le resultan tan abstractos como las consignas de los que están en contra.
Sin desechar la importancia que tiene en política argumentar, convencer y persuadir, la posibilidad de que una iniciativa (en éste caso la expropiación de Vicentín) se concrete depende más de las concretas relaciones de fuerza de los intereses en pugna, que de la capacidad de «meloneo» de lo que está suelto, en términos de opinión. Y no perder nunca de vista que, así las cosas, los que se han expresado en contra no son solo los que era previsible que lo hicieran, sino los que estarán en contra de todo lo que haga un gobierno del peronismo, haga lo que haga y lo haga como lo haga. Tuit relacionado:

La Corriente K@lacorrientek

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Productores Autoconvocados, sobre Vicentin: «La paciencia en el interior se está agotando”

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