Desde que a raíz de la causa de los cuadernos nos enteramos que la corrupción y la cartelización en la obra pública en la Argentina no existían hasta el 25 de mayo del 2003, y fueron inventadas desde entonces por el kirchnerismo, hay que leer y escuchar cosas sorprendentes; como por ejemplo las declaraciones de uno de los dueños de la empresa constructora rosarina Obring S.A., una habitué a la obra pública provincial desde hace muchos años.

En una aplicación de la idea de la “meritocracia” a los que contratan con el Estado, la cosa sería -según dice este señor- más o menos así: cuando una licitación la ganan ellos y se quedan con una obra es todo transparente y cuando pierden, es porque todo estaba entongado, y otro pagó coimas para ganar. Lo mismo pasa cuando no se presentan: es porque ven cosas raras, o los quieren coimear, y como se niegan, no ligan obras.

Lo raro es que como todos los empresarios dicen más o menos lo mismo, las licitaciones de obras públicas deberían quedar siempre desiertas (porque nadie acepta pagar las coimas necesarias para ganarlas), o a la inversa, son todos coimeros, dependiendo el que gane, de cuanto aceptó poner para hacerlo.

Pero veamos que pasó con esto buenos muchachos de Obring, que vienen teniendo obras en la provincia desde hace más de 20 años: luego de un contrato que les adjudicó Obeid en diciembre de 1996 (Decreto 1974, obras en la avenida de Circunvalación de Rosario), no volverían a ganar licitaciones de la provincia hasta abril del 2003, en que Reutemann les encomendó trabajos en las avenidas Alem, 27 de Febrero y Circunvalación de Santa Fe por el Decreto 666, muy poco antes de la inundación del Salado. Cabe preguntarse si en los más de 6 años que pasaron en el medio (tres del gobierno de Obeid y otros tantos del de Reutemann) pedían coimas y por eso no se presentaban, y luego dejaron de pedirlas, o ellos aceptaron finalmente pagarlas, porque los gobernadores eran los mismos.

Lo mismo vale para los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social, que se sucedieron en Santa Fe a partir de diciembre del 2007: desde aquella obra que le adjudicara Reutemann en 2003, Obring no volvería a tener contratos con la provincia hasta el 9 de noviembre del 2010 (o sea, pasados tres de los cuatro años del mandato de Binner, y seis años y medio sin un contrato); hasta que ese día y por el Decreto 2236 precisamente Binner le adjudicó nada menos que la concesión para la explotación de la autopista Santa Fe-Rosario.

Claro que para eso “aprendieron” que tenían que buscar los socios adecuados: se juntaron con Pecam (los “Lázaro Báez” del socialismo) y otras empresas para formar AUSA y así ganar la licitación, que se terminó en el 2016 con un estrepitoso fracaso: obras sin ejecutar, y un generoso indulto de Lifschitz por las millonarias multas que hubieran tenido que pagar . No queremos pensar que para conseguirlo tuvieron que echarse con una cometa.

La misma estrategia (asociarse con los ganadores) les permitió quedarse con la adjudicación de otra obra emblemática del socialismo, el fallido “Puerto de la Música”, que les otorgaron por el Decreto 391 del 17 de marzo de 2011; otra vez junto con Pecam y Milicic, como la autopista.

Luego de que en noviembre de ese mismo año (en los estertores del período de Binner) les adjudicaran la obra de control de crecidas del arroyo Ludueña (Decreto 2766), no volvieron a tener contratos con la provincia hasta el 4 de junio del 2015 (casi cuatro años sin ligar un contrato) ; en el que por el Decreto 1530 Bonfatti (que había sucedido a Binner) les adjudicó obras de infraestructura para 406 lotes en barrio Polledo de Rosario, en el marco del “Plan Abre”; del cual hablamos en detalle acá, contando entre otras cosas que se soslayó hacer licitación pública (que era obligatoria conforme a los montos de los contratos) invocando la ley de emergencia en seguridad pública; que además de no tener nada que ver con el tema, estaba vencida.

Decíamos además que “En Rosario por ejemplo convocó a tres concursos de precios en forma simultánea el mismo día (el 21 de noviembre pasado) para construir «soluciones habitacionales» (eufemismo progresista por «vivienda»); y de los tres participaron las mismas 6 empresas: OBRING S.A., DYCASA S.A., EPRECO S.R.L., EDECA S.A., PECAM S.A. Y DINALE S.A.; todas viejas conocidas de la obra pública provincial, en especial en tiempos del FPCyS. En los tres casos se dieron los siguientes elementos en común:

* Las ofertas adjudicadas estuvieron por arriba del presupuesto oficial, en un rango que osciló entre el 15,97 % y el 18,75 %: ¿el costo del progresismo?

* A la empresa que ganó en cada caso, el gobierno le otorgó un «anticipo financiero» del 20 % del valor del contrato, que consiste en pagarle antes de que empiece a trabajar, y mover una palada de tierra, o algún equipo: el Estado, convertido en financiera de las constructoras.

* Las obras se financian en su gran mayoría con las partidas del Fondo Federal Solidario (fondo soja) que envía la Nación, exactamente en un 79,84 % del costo total, en todos los casos.” (las negritas son nuestras)

La obra tendría sus bemoles, porque generó dos “adicionales de obra” ya con Lifschitz en la Casa Gris (Decretos 816 del 28 de abril del 2016 y 2519 del 26 de septiembre del mismo año); y siete (7) “redeterminaciones de precios”, solo durante el 2016: Decretos 1325 del 9 de junio, 1318 del 9 de junio, 1823 del 25 de julio 2086 del 17 de agosto, Decreto 2177 del 26 de agosto, 2764 del 5 de octubre y 4457 del 15 de diciembre.

Ese mismo año 2015, en el que Obring volvió a ser elegida para ejecutar obras por cuenta del gobierno de la provincia (cosa que no pasaba desde el 2011, ambos años electorales, debe ser casualidad) Bonfatti la favoreció con otras dos: la construcción del Parque Batallón 121 en Rosario (Decreto 2611 del 18 de agosto) y la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero (Decreto 2919 del 17 de septiembre), en sociedad otra vez…con Pecam; obra de la que nos ocupamos en su momento en detalle acá y acá: cuatro «adicionales de obra», dos «trabajos complementarios», varias prórrogas del contrato y varias «redeterminaciones de precios». La obra del parque del Batallón 121 tuvo dos “adicionales” (Decretos 2243 del 31 de julio de 2017 y Decreto 4399 del 29 de diciembre del mismo año).

Volvamos entonces -para concluir- al principio y al razonamiento de los muchachos de Obring: ¿qué no hayan tenido adjudicadas obras públicas provinciales desde fines del 2011 hasta mediados del 2015 significa que no participaban porque Bonfatti y su gobierno les pedían coimas y no aceptaban pagarlas, y que las tuvieran desde entonces como hay que intepretarlo, que aflojaron y terminaron pagando, o lo convencieron de que no las pidiera más? ¿O el razonamiento solo corre para la obra pública nacional, contratada durante los gobiernos del kirchnerismo?
Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe

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