Dos fiscales inquietos, tenaces y sin temores, iniciaron una causa conocida como «causa Pullaro o de horas OSPE».
Roberto Apullán y María Laura Martí habían recibido sendas denuncias implicando al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y a su candidato a jefe de policía el comisario mayor Adrián Rodríguez.

Resultado de imagen para Fiscales Apullan y Martí

Solicitaron escuchas que fueron autorizadas por el juez, toda la información sobre la investigación fue meticulosamente compartida con el fiscal regional Carlos Arietti incluidas las escuchas.
El ministro Pullaro, en su defensa, denuncio irregularidades nunca aclaradas, tampoco explicó como se enteró de las escuchas que hasta ese momento sólo conocían los fiscales y su superior Arietti.
El Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, establece: 

ARTÍCULO 258°.- Reserva de las actuaciones.- Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieran expresa autorización para conocerlos. 

En esta instancia, sendos fiscales son separados por Arietti y desplazados de la causa, a la vez que los procesan. 
Entonces, es nombrado Ezequiel Hernández, ex secretario de Arietti en Rafaela, a cargo de la causa y de una flamante Oficina fiscal de Violencia y Corrupción institucional, la que hasta el presente, solo investiga a policías de la provincia.
Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí fueron imputados por las «irregularidades» nunca esclarecidas en las escuchas, pero al poco tiempo fueron restituidos en sus funciones y siguen ejerciendo su cargo. 
Hernández al poco tiempo declaró desestimada la causa.
En medio del apartamiento a los fiscales se filtraron algunas escuchas que solo tenían que ver con conversaciones entre Pullaro y el comisario mayor Rodríguez. 
La filtración de las escuchas no aporta nada sobre la defraudación con horas OSPE que era la razón de la investigación…
A pesar de «desestimar» la causa «horas OSPE – Pullaro» que llevaba 5000 horas de escucha, el fiscal Hernández no dio de baja las escuchas y siguió recibiéndolas, ahora apuntadas al personal policial resultando al menos improcedentes, ilegítimas y probablemente ilegales; ya que no tienen conexidad alguna con la razón por la que el juez las autorizara.
Porque, con el razonamiento del fiscal Hernández, mañana pueden ser utilizadas para investigar a quién tengan ganas, sin límites, en causas donde no se autoricen expresamente tales escuchas. 
Este fiscal ha encarado una «lucha sin cuartel». 
Para tapar la causa «Horas OSPE – Pullaro», y al mejor estilo de razzia policial, arremete contra el Comando de la Costa.
Las «víctimas» para él, resultan ser personas con antecedentes delictivos, y a pesar de que continúan cometiendo delitos, para él siguen siendo «víctimas».
Su verdadera preocupación son los policías que desarrollan procedimientos en esta jurisdicción, que como en todas las demás del país, resultan acusados por los delincuentes de haberles robado o pegado, aunque sean las obvias mentiras con que la delincuencia consuetudinaria siempre intenta «defenderse» aquí y en el mundo.
Allí donde los fiscales que tienen calle observan las triquiñuelas y mañas aprendidas en las cárceles o en el mundo delictivo y no ven falta alguna, el fiscal Hernández en un remedo del Quijote arremete contra la policía, terminando por inmovilizarla como herramienta contra la proliferación del delito que tiene en vilo a la población de la ciudad y la provincia.
Los delincuentes (perdón, «víctimas»), reinciden y él los proteje. 
Cuando en una audiencia el juez falla contra sus posiciones jurídicas, se ofende, se enoja y no saluda a quién le tiende la mano. 
Esta historia abreviada tiene un segundo capítulo, el primero apuntaba al «comando de la costa» como una derivación del caso «Pullaro – horas OSPE». 
Este, el segundo, aparece como respuesta al escándalo por el intento del ejecutivo provincial de crear la policía judicial.
Proyecto que hasta ahora generó rechazo no solo en el ámbito tribunalicio, ya que hubo 600 postulantes aprobados para ingresar al poder judicial, que no fueron convocados. En cambio, en un intento de colonizar la policía judicial se nombraron militantes socialistas de distintos ministerios, en mayor número, del ministerio de seguridad, cuando esa fuerza debe ser auxiliar de la justicia y entender en derecho, investigación, etc. 
Y debería depender del presupuesto judicial y no del presupuesto del Ministerio de Seguridad.
Este hecho de la policía Judicial como la causa Pullaro horas OSPE despertaron una reacción similar, en este caso, en lugar del Comando de la Costa, le tocó al Comando de Santa Fe Capital, con 30 personal procesados, 27 imputados y tan solo 5 detenidos, con gran repercusión mediática que como noticia nueva tapa el ruido de la policía Judicial y con el fiscal Hernández como figura central en ambos casos. 
Su ex jefe Arieti, como fiscal regional designado por el ejecutivo tiene pleno conocimiento de las investigaciones de su ex secretario .
Preguntas …???
Conocen los periodistas porque las escuchas fueron declaradas irregulares?  
Conoce la prensa las razones por las que fueron desplazados los fiscales de la investigación los doctores Apullan y Martí? Conoce la ciudadanía la razón por la que Hernández desestimó la causa «Pullaro, Rodríguez – horas OSPE»? 
Hubo razón valederas para ello? 
Conoce la ciudadanía las razones por las que esas escuchas, declaradas irregulares no fueron dadas de baja por el fiscal Hernández?
La inseguridad no es culpa de la Policía. 
La inseguridad es culpa de la incapacidad del Ministro Maximiliano Pullaro,que desde que asumió, tuvo la necesidad de que le incorporaran casi un centenar de asistentes técnicos, casi tan faltos de idoneidad como él mismo, y muchos de los cuales ni siquiera habían terminado sus estudios secundarios.

Resultado de imagen para 66 asistentes técnicos en seguridad

Si cada escándalo político que afecte al gobierno, se va a lanzar una caza de brujas contra la policía, la inseguridad ganará definitivamente las calles de la Provincia.

Comentarios Facebook