AHORA SE ENTIENDE TODO

Cuando a poco de asumido el gobierno de la provincia Perotti envió a la Legislatura el primer proyecto de ley de emergencia que el socialismo terminaría rechazando, planteaba en uno de sus artículos que los fondos reservados que manejaba la Policía de la provincia pasaran a ser manejados directamente por el Ministerio de Seguridad.
Frente al rechazo del proyecto, en enero de éste año el gobernador dispuso la medida por el Decreto 53, comentado en su momento acá. De ese modo, la gestión política de la seguridad (el gobernador y su ministro del área) privaban a los uniformados de una «caja negra» que servía para muchas cosas, menos para mejor la seguridad de los santafesinos.
Luego en la ley de Necesidad Pública que finalmente terminaría sancionando la Legislatura (siempre con la oposición del socialismo), se reglamentó en el artículo 37 como rendir cuentas del uso de esos fondos, que siempre se manejaron de modo oscuro.
Tan oscuro que en tiempos de los gobiernos socialistas, Bonfatti vetó parcialmente una ley -la de emergencia en seguridad- porque le imponía a la Policía la obligación de rendir cuenta documentada del uso de esos fondos, y además hacerlo ante la Legislatura; que justamente es lo que dispone ahora la Ley de Necesidad Pública 13977.
También durante el gobierno de Bonfatti se produjo el episodio de la desaparición de Franco Casco luego de su paso por una comisaría rosarina, para terminar apareciendo sin vida en el Paraná frente a Rosario; lo que derivó en una causa judicial en la que hay policías involucrados.
Contábamos acá entonces que las autoridades provinciales se hicieron rápidamente cargo de la versión policial de los hechos, al mejor estilo Patricia Bullrich, pero un año antes de que la beoda fuera ministra de Seguridad de la Nación.
Y ahora nos enteramos que durante los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz, mientras un grupo de policías eran investigados por la justicia por su participación en la muerte de Franco, los honorarios de los abogados que los defendían fueron pagados por la Policía santafesina, y eventualmente por el Ministerio de Seguridad (hola, Pullaro)…con fondos reservados de la cana.
Medio como que ahora y sumando las piezas se entiende todo, ¿no?

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