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Elevan a juicio a un explotador sexual en Rafaela la capital de los prostibulos en la provincia

Piden juzgar por explotación sexual a un hombre que poseía prostíbulos en Rafaela

El fiscal federal Onel solicitó elevar a juicio la causa seguida contra José Luis Vega Mareco y María Guillermina Herrera por explotación sexual, mientras se intenta dar con dos mujeres que permanecen prófugas.

Jorge Gustavo Onel, Fiscal Federal interino de Rafaela, dio por concluida parte de la investigación contra una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Rafaela, y solicitó que dos de los implicados, José Luis Vega Mareco y María Guillermina Herrera, sean juzgados por los delitos atribuidos, mientras se intenta dar con otros dos imputados sobre los que pesa un pedido de captura internacional.

Denuncia anónima

La investigación comenzó en abril de 2014 a raíz de un llamado anónimo recibido en la sede de la Dirección Especial de Trata de Rafaela, mediante el cual se ponía en conocimiento que “en una finca de calle Jaime Ferre, donde habita la familia de apellido´Chávez´, se encuentran femeninas ejerciendo la prostitución, donde además una señora del apellido antes mencionado, le sacaría el dinero a esas mujeres que se encuentran realizando ese tipo de actividad”.

La fuerza interviniente relacionó esa denuncia con una intervención anterior realizada en enero de ese año, cuando una víctima identificó a otra en igual situación que se habría escapado de un prostíbulo regenteado por Raúl Rodríguez y vinculado, entre otros a “Claudia”, esposa de “Chávez”. Los investigadores determinaron que los domicilios indicados por la víctima se ubicarían en calle Alvear al 1300 y Jaime Ferre S/N, ambos de propiedad de María Inés Chávez, como así también en Jaime Ferre al 100, perteneciente a Leonardo Alfredo Chávez. Además pudieron determinar que en todos ellos, además de los inmuebles ubicados en calle Edison al 200 y Lavalle al 1400, habría “mujeres que ejercen la prostitución”, encontrándose involucrados también Roberto Villarruel, Ángela Bellina Mareco y José Luis Vega Mareco.

La causa fue remitida del MPA a la Justicia Federal, y la investigación quedó a cargo de la Gendarmeria Nacional, al tiempo que comenzó a investigar a los ya sindicados Ángela Bellina Mareco y su hijo José Luis Vega Mareco.

Leer más ► Una de las víctimas contó cómo captaban adolescentes para prostituirlas en Rafaela

Tres inmuebles

En mayo de 2018 el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó el allanamiento de los dos inmuebles ubicados en calle Alvear al 1300, y Edison s/n, realizados con participación de las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Con el devenir de la pesquisa se pudo establecer la vinculación de José Luis Vega Mareco, María Guillermina Herrera, Mónica Patricia Escobar, María Altagracia Henríquez Mota y María Inés Chávez, con la actividad ilícita consistente en acoger y recibir mujeres, incluso de nacionalidad dominicana, con fines de explotación sexual en diversos domicilios de la ciudad de Rafaela y sostener y administrar casa de tolerancia.

En mayo de 2019 se realizaron registros domiciliarios de diversos inmuebles de la ciudad de Rafaela, y se logró la detención de José Luis Vega Mareco, María Guillermina Herrera y Néstor Fabián Rodríguez.

En dicha inteligencia, se inició legajo fiscal de búsqueda de las nombradas, se ordenaron tareas investigativas a la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Rafaela de la Gendarmería Nacional Argentina, y se solicitó la captura internacional de Chávez y Henríquez Mota.

En su acusación, el fiscal Onel atribuyó a José Luis Vega Mareco y María Guillermina Herrera el haber acogido a R.A.L., A.M.I. y A.F.G. (identidades reservadas) en el domicilio de calle Edison al 200 de la ciudad de Rafaela, desde una fecha no precisada hasta el día del allanamiento, con la finalidad de explotarlas sexualmente, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad de las tres víctimas involucradas y habiéndose consumado su explotación.

Para el fiscal, los imputados actuaban de manera conjunta, con pleno dominio y división de tareas claras para la concreción de la explotación. Las mismas comprendían a Vega Mareco en tanto dueño del domicilio de explotación, con funciones de control sobre la actividad que se desarrollaba en el inmueble de Edison al 200, cantidad de mujeres acogidas, cantidad de pases realizados por cada una de ellas y gastos ordinarios del lugar, siendo también el principal beneficiario económico de la actividad de comercio sexual de mujeres que allí se desarrollaba; en tanto María Guillermina Herrera, era encargada del lugar, de la gestión y registro de pases, como así también de la recepción de las víctimas.

Situación similar comparte Vega Mareco con María Altagracia Henríquez Mota, encargada del domicilio de calle Alvear al 1300. La mujer es oriunda de República Dominicana y al concretarse el allanamiento en ese lugar fueron rescatadas otras dos mujeres de nacionalidad dominicana, una de ellas hija de Henriquez Mota.

Gustavo Onel, fiscal federal interino en Rafaela, solicitó elevar la causa a juicio para dos de los investigados

Gustavo Onel, fiscal federal interino en Rafaela, solicitó elevar la causa a juicio para dos de los investigados

Explotar sexualmente al vulnerable

Vega Mareco, Herrera y Henriquez Mota acogieron a las víctimas que fueron halladas en los de calle Alvear y de calle Edison, con la única finalidad de determinarlas al ejercicio de la prostitución, obteniendo con ello beneficios económicos derivados de los servicios sexuales que las víctimas ofrecían en el lugar.

Los imputados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los pases realizados por las víctimas, pudiendo disponer libremente de éste sólo luego de que se hubieran operado los “descuentos” establecidos, consistentes en el 50% del valor del pase, como así también gastos de comida, higiene y limpieza del lugar.

La distribución de funciones entre los nombrados era clara, Herrera y Henriquez Mota, cada una en el inmueble que tenía a su cargo, se contactaba directamente con las víctimas y realizaba el registro de pases, en tanto que Vega Mareco efectuaba un control respecto de estos y de los gastos ordinarios y corrientes del lugar. Esto se corrobora en las anotaciones halladas en su domicilio particular de Pucará al 1300 y en el domicilio de Edison al 200, donde se observan anotaciones de pases con nombres de mujeres y la inscripción “José” seguida de cifras, presumiblemente dinerarias.

Con relación a las agravantes de la figura endilgada, entiendo que, en primer término, existen evidentes indicadores de vulnerabilidad en las víctimas, de los que los encartados se aprovecharon para obtener beneficios económicos.

Explotación documentada

Al realizarse el allanamiento en Edison al 200, las víctimas refirieron que el período de tiempo en el que residían y realizaban “pases” en el inmueble era acordado con “Guillermina Herrera”, quien se desempeñaba como encargada del mismo. Una de las víctimas refirió que, al arribar al lugar, fue recibida por Herrera, “quien le manifestó la forma en que percibiría su ingreso, las retenciones del 50% de cada pase y las condiciones de permanencia en el domicilio ‘privado’”.

Una de las víctimas manifestó que el valor de los pases oscilaba entre “$400 y $600 pesos según el tiempo exigido por el cliente” en tanto las otras dos refirieron que el valor era de “$400 (cuatrocientos) a $1500 (mil quinientos)” según idéntico criterio, es decir, “tiempo y práctica exigida por el cliente/prostituyente”. En cuanto a los horarios en que debían realizar ofrecimientos sexuales en el lugar, si bien manifestaron primeramente que no había días ni horarios establecidos.

Vega Mareco realizaba un minucioso control de las actividades que se desarrollaban, de los pases diarios concretados y de los gastos ordinarios del lugar, concluyendo así que era el principal beneficiario económico de la actividad de explotación sexual de mujeres realizadas

Todas ellas refirieron que les eran descontados los gastos de alimentación, higiene y limpieza del lugar, como así también que pernoctaban y concretaban los pases en las mismas habitaciones, y que Herrera les indicaba estrictamente cómo debían vestirse y la posición que debían adoptar para atraer clientes en la puerta del domicilio. Además, precisaron que que el dueño del inmueble en cuestión era “el Sr. Vega, quien pasaba a cobrar el alquiler”.

Resulta trascendental, además, el hallazgo en el inmueble de calle Edison al 200 de dos cuadernos con anotaciones referidas a nombres de mujeres (“Karen”, “Sole”, “Flor”, “Mari”, “Ale”, “Dai” y “Daiana”, “Karen”, “Sole” y “Guille”) y valores consignados a cada una de ellas, destacándose especialmente que en una de las hojas aparece escrito el nombre “José” seguido de numerosas cifras, lo que lleva a inferir que se trataría de un cuaderno donde se registraban los pases realizados y las ganancias de Vega Mareco en relación a dicho domicilio.

Lo antedicho aparece corroborado, asimismo, en virtud de los elementos de interés incautados en el domicilio particular del imputado Vega Mareco ubicado en Pucará al 1300 de la ciudad de Rafaela, como consecuencia de los allanamientos simultáneos realizados en mayo de 2019. Allí se pudo observar la existencia en su poder de anotaciones manuscritas con nombres de mujeres y cifras asignadas en pesos a cada una de ellas, incluyendo la nominación “gastos”. Este elemento resulta suficientemente indicativo de que Vega Mareco realizaba un minucioso control de las actividades que se desarrollaban en Edison al 200, de los pases diarios concretados y de los gastos ordinarios del lugar, concluyendo así que era el principal beneficiario económico de la actividad de explotación sexual de mujeres realizadas en el domicilio donde fueron halladas las víctimas

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