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lunes, octubre 19, 2020
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El otro rostro de la pandemia …el brutal empobrecimiento

La pandemia generó una explosión de las deudas domésticas

La cuentas impagas por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado en estos meses de aislamiento social para protegerse del coronavirus. El carácter feminizado de las economías precarizadas son hoy objeto preferido de endeudamiento.
Las deudas por servicios públicos esenciales absorben buena parte del IFE en hogares vulnerables.
Las deudas por servicios públicos esenciales absorben buena parte del IFE en hogares vulnerables. 


Imagen: Guadalupe Lombardo

La cuarentena puede leerse desde el punto de vista de cuáles son los movimientos que generan deudas y cuáles los que generan rentas. Con ese método, no solo se evidencia quién puede quedarse en casa y quién no. También cómo moverse o fijarse tiene efectos diferenciales en términos de ingresos y deudas.

Por eso, no hay manera de pensar la crisis habitacional, sin la deuda creciente de inquilinxs, así como no se logró poner de relieve la falta de acceso a conectividad en los barrios más precarizados hasta que la deuda por celulares se evidenció como un costo exorbitante en plena pandemia. La renta inmobiliaria y la renta financiera aprovechan la inmovilidad.

¿Qué papel está jugando el endeudamiento a nivel global y a nivel doméstico en este momento de crisis? En nuestra investigación Una lectura feminista de la deuda (2019) hemos desarrollado cómo el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en los últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica.

Junto a la inflación galopante y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se produjo una realidad en la cual se volvió obligatorio el endeudamiento para acceder a bienes tan básicos como alimentos y medicamentos. Aquí la deuda doméstica aparece en su dimensión más política: como modo de metabolizar los efectos del ajuste, lo cual obliga a completar los ingresos siempre insuficientes para un consumo de productos a su vez cada vez más dolarizados (alimentos, medicamentos, alquileres).

De esta manera, la deuda en las familias opera también como mecanismo que obliga a la precarización: a la aceptación de trabajos cada vez peor pagos. Esto hace que las deudas terminen organizando y comandando las formas laborales, siendo un motor interno a la flexibilidad sin límites y una manera de explotación que logra intensificarse y adaptarse a realidades laborales cada vez más heterogéneas.

Las finanzas, corridas del puro tecnicismo y pensadas en su impacto cotidiano, deben comprenderse en términos de una lógica extractiva del capital, organizando lo que llamamos “extractivismo financiero”.

Vivienda y alquiler

En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio se constata el aumento acelerado de la pobreza y situaciones de precariedad generalizada y, en consecuencia, el incremento muy fuerte de deudas en los hogares. La disminución de ingresos para la gran parte de la población que no tiene empleo asalariado fijo, el recorte de sueldos incluso para quienes sí lo tienen, y los despidos forman parte del paisaje de veloz pauperización y el suplemento de la deuda a la hora de “salvar” el momento.

Queremos puntualizar aquí las nuevas formas de endeudamiento que se están produciendo en la crisis, a partir de un trabajo de encuestas y entrevistas que realizamos sumado a otras fuentes que venimos sistematizando. Uno de los centros del conflicto actual es la vivienda.

A partir del imperativo #QuedateEnCasa se ha revelado la dificultad de lo que esto significa en el contexto actual y, en particular, con el aumento de violencia de género que se registra en condiciones de confinamiento. Hacinamiento, barrios enteros sin agua y alquileres que se vuelven impagables. Esto es efecto del acelerado proceso de financiarización del acceso a la vivienda (cada vez más cara y escasa) y que tiene en la toma de tierras uno de sus eslabones evidentes.

En relación con la situación de lxs inquilinxs, según una encuesta realizada mensualmente por la Federación de Inquilinos, más del 60 por ciento de quienes alquilan se endeudaron de alguna manera (con préstamos bancarios y no bancarios o con familiares o amigxs) frente a la imposibilidad de pagar el alquiler desde mayo.

La deuda por razón de la vivienda expresa lo que denominamos violencia propietaria: esa que se concreta en el abuso directo de dueñxs e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar a inquilinxs. Sobre todo es caldo de cultivo para forzar al endeudamiento y, en la medida que los meses pasan, a financiar deuda con más deuda.

Sabemos que para muchxs, la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Pero esa violencia propietaria también recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.

Es una novedad de las tomas de tierras de estos meses que la mayoría de quienes explican su situación lo refieren a la imposibilidad de seguir pagando alquileres y a deudas acumuladas por vivienda.

Estas deudas, además, buscan confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos o subsidios venideros; o, directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando propiedades con deudas. Lo cual, a su vez, plantea una analogía con un circuito global de fondos de inversión que en varios países del mundo hoy están haciendo grandes negocios con los desahucios y desalojos.

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