Fijaron fecha para imputar a los fiscales Apullán y Martí
Es en el marco de la causa que investiga cómo se filtraron las escuchas que involucraron al ministro Pullaro.

Juliana González y Gustavo Ponce, los fiscales del MPA de la ciudad de Rosario, que analizan cómo se filtraron las escuchas del teléfono oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el marco de la causa «Horas Ospe», fijaron fecha de imputación para los presuntos responsables. La acusación será para sus pares, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, ambos investigados desde el 2017.

La audiencia se llevará a cabo el próximo viernes 5 de octubre, a las 11, y tendrá lugar en la Fiscalía General de Santa Fe. En cuanto a los delitos que le atribuirán los fiscales rosarinos a sus colegas santafesinos, trascendió que son «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».

Apullán y Martí se encuentran indagados judicialmente desde el año pasado luego de que se difundieran las escuchas telefónicas que involucraban al ministro Pullaro. Esas escuchas se produjeron en una pesquisa que seguía los pasos de una supuesta defraudación al Estado a través de la Orden de Servicio de Policía Extraordinaria. En ese contexto, se determinó intervenir el teléfono oficial del titular de la cartera de Seguridad provincial y escucharlo durante al menos un mes, bajo la autorización del juez Nicolás Falkenberg.

En esa investigación el fiscal Apullán ordenó que el exjefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez, sea detenido el 9 de octubre del 2017, por Asuntos Internos y luego trasladado a Santa Fe para imputarlo en tribunales por una causa de «cohecho». Un día después, fue liberado por disposición del fiscal regional, Carlos Arietti, quien le ordenó a Apullán que Rodríguez transite el proceso en libertad.

La decisión del jefe de los fiscales causó una gran sorpresa y dejó un manto de suspicacias sobre lo que realmente se investigaba. Esas sospechas se profundizaron aún más cuando el 26 de octubre el fiscal Apullán citó a Rodríguez para ser imputado en la Fiscalía Regional, y minutos antes una instrucción del fiscal Arietti dispuso que (Apullán) se aparte de la investigación ya que la misma había pasado a manos del fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.

Días después de ese truncado y escandaloso episodio en el ámbito de la Justicia provincial, una serie de CD que contenían varias escuchas telefónicas en las que figuraba el ministro Pullaro se difundieron por distintos medios de comunicación. Esa situación motivó a que el propio jefe de Seguridad de la provincia, el 7 de noviembre, explique el contexto de las escuchas. Un día después radicó la denuncia para que se investigue cómo se filtraron los registros de audios que se difundieron por algunos medios de comunicación de la ciudad y la región. En tanto, en julio de este año, el propio ministro se constituyó como querellante por medio del abogado Pablo Cococcioni.

Inicio de la causa

La denuncia, por una cuestión de competencia, fue remitida al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rosario. Allí los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce fueron quienes iniciaron la investigación que apuntó a una serie de peritajes de las computadoras y celulares que utilizaron los fiscales Apullán y Martí y también dos agentes de Asuntos Internos: Ariel Katramis y Nicolás Grimoldi, para saber si desde el organismo judicial se filtraron las escuchas que involucraron al ministro de Seguridad.

La solicitud de los fiscales fue apelada por la defensa de Apullán y Martí, a cargo de Néstor Oroño y terminó en un debate llevado a cabo el pasado 14 de junio en la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ante el juez de alzada, Enrique Álvarez. En ese momento se discutió, principalmente, si debía autorizarse el «acceso a toda la información que se hallaba dentro de los servidores del Ministerio Público de la Acusación, en relación a los usuarios correspondientes a los fiscales Apullán y Martí». A su vez, fue en esa misma audiencia donde los fiscales santafesinos se sentaron en el banquillo de los acusados y con fuertes dichos inculparon a su jefe, Carlos Arietti.

Según indicó Apullán, tanto él como la fiscal Martí recibieron órdenes de Arietti para que comuniquen al Poder Ejecutivo las transcripciones que figuraban en la causa que estaban siguiendo. En esa línea, el funcionario judicial exigió que también se investigue a su propio jefe.

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El 21 de junio, el juez Enrique Álvarez resolvió de manera parcial sobre los pedidos realizados por los fiscales González y Ponce. Por un lado, hizo lugar al pedido de peritaje de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas a los fiscales santafesinos que se encuentran bajo la lupa, mientras que rechazó que la investigación tenga acceso a la información que se encuentra dentro de los servidores del MPA.

«No se explicita qué se busca puntualmente, por lo que entrar a los servidores de los investigados –fiscales de primera instancia en funciones–, donde se encuentran otras investigaciones en trámite, es muy temerario y violaría cualquier norma al respecto», sostuvo en su fallo el magistrado de segunda instancia.

El dato

Sobre la defensa de Apullán y Martí, por el momento se desconoce qué letrado defenderá a los funcionarios judiciales ya que el propio Néstor Oroño dejó de representarlos en la causa que los tiene señalados.

La salida de Oroño del caso se debe a que el letrado forma parte de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial, la cual analiza un total de 62 expedientes que contemplan denuncias a fiscales y defensores públicos por «faltas leves o graves», en su desempeño. En dichos expedientes, también se encuentran Apullán y Martí.

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