En Juntos por el Cambio calificaron como una «locura populista» a la iniciativa planteada por una diputada del oficialismo.

 

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de todos, FdT) planteó que si el Estado continúa asistiendo a grandes empresas, en el marco de la pandemia de coronavirus, sería razonable que obtenga a cambio una participación en el capital de esas compañías, pero en Juntos para el Cambio (JxC) rechazaron ayer la iniciativa, a la que calificaron de «locura populista».

Según fundamentó Vallejos, quien es economista, resulta injusto que empresas que cuentan con recursos propios y tienen probada capacidad para afrontar los salarios de sus trabajadores soliciten ayuda estatal.

Por eso, la legisladora enfatizó que, si el Estado decide subsidiar a los grandes grupos, «sería razonable, como lo hicieron antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas compañías sino a cambio de una participación en el capital de las mismas».

Sin embargo, Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad nacional, replicó: «El presidente (Alberto Fernández) manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la Argentina en la Venezuela de (el fallecido Hugo) Chávez. Hambre y pobreza extrema al grito de «¡exprópiese!». El dinero es de la gente, no son los dueños del país».

«Me parece una concepción errada. El Estado administra los impuestos de las personas y las empresas. La plata es de la sociedad argentina para que reciba servicios, no es que el Estado, porque administra, es el dueño de la plata. Es una concepción brutal la que expresa la diputada», aseveró Bullrich.

Paralelamente, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC), afirmó que la propuesta que impulsa Vallejos «es una clara extorsión». E hizo hincapié en que la misma «flaco favor le hace al presidente y al ministro de Economía nacional (Martín Guzmán) en momentos en los que se renegocia la deuda».

«Si se ayuda para sacar algo a cambio, no es una ayuda sino una extorsión. El camino de salida es con esfuerzos del Estado, los trabajadores y los empresarios, juntos», planteó —a su turno— el diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.

En sintonía, el diputado nacional Luis Petri consideró: «Con esta medida de tomar por asalto empresas, el gobierno comienza a señalizar la autopista que nos conduce a Venezuela. Es una locura populista. El gobierno, que por razones sanitarias obliga a las compañías a cerrar sus puertas, ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote».

Ecos en Rosario

De hecho, hasta los concejales rosarinos del interbloque Juntos por el Cambio elevaron un proyecto de declaración para expresar su «rechazo y preocupación» frente a la propuesta de Vallejos.

Para los ediles, la iniciativa de la diputada «es completamente absurda» y «propia de un régimen chavista, que lo único que busca es expropiar y atacar a los sectores productivos».

Vallejos también utilizó las redes sociales para presentar su propuesta y consideró que la situación extraordinaria causada por el Covid-19 «demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado» y, que frente a la emergencia sanitaria, el gobierno tiene dos opciones: aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios.

Asimismo, la legisladora aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que solicitaron ayuda estatal para pagar sueldos «protagonizaron distintos episodios de fuga de capitales o tienen sede en guaridas fiscales», obliga a la Casa Rosada a revisar los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de asistencia.

Para Vallejos, es «injusto» que empresas que cuentan con recursos propios y tienen «probada capacidad» para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda al Estado.

Al respecto, subrayó que esos recursos, que no «alcanzan para todos», deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.

«Un criterio básico de exclusión sería negarles la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En ese sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos», completó Vallejos.

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