GORILISMO ESTADÍSTICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en 1944, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods. La Argentina durante los gobiernos del primer peronismo nunca formó parte del organismo, y solo pasó a ser miembro de él por el Decreto Ley 15.970 del 31 de agosto de 1956, firmado por el dictador Aramburu, presidente de facto de la Revolución Fusiladora.

El primer acuerdo de un gobierno argentino con el FMI fue firmado en 1958, durante el gobierno de Frondizi y el último en de 2018, por el gobierno de Macri y siendo Dujovne el ministro de Economía. Por ese acuerdo le otorgaron a la Argentina (en realidad para la frustrada reelección de Macri) 57.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del Fondo a un solo país.

El acuerdo anterior a ése era de enero del 2003, durante la presidencia provisional de Duhalde y siendo ministro de Economía Lavagna; lo que significa que el kirchnerismo no firmó ningún acuerdo con el FMI en doce años y medio de gobierno, y en enero del 2006 y con aprobación del Congreso, Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda que a ese momento tenía el país con el Fondo.

Según consta acá en la página del Banco Central, entre 1958 y 2003 el país firmó 26 acuerdos con el FMI, de los cuáles 9 se firmaron en gobiernos peronistas: 3 en el gobierno de Isabel (muerto Perón) entre 1975 y 1976, y 6 en el gobierno de Menem (el peronismo que les gustaba a los antiperonistas) entre 1989 y 1998. Las dictaduras militares (que derrocaron a gobiernos peronistas en 1955 y 1976, y a gobiernos elegidos con proscripción del peronismo en 1962 y 1966) firmaron otros 7, y los gobiernos radicales 10: 4 Frondizi, 5 Alfonsín y uno De La Rúa.

En realidad firmaron 11, contando el firmado por Macri en el 2018, dado que la UCR integraba el gobierno: con ese acuerdo el tanteador quedó 18/9, siendo 9 los acuerdos firmados durante gobiernos peronistas, o que por lo menos llegaron al poder en nombre del PJ. (*)

 

 

En 1944, el nivel de la cobertura previsional alcanzaba el 7% de los trabajadores activos. En solo tres años y durante el primer peronismo, se pasó en 1947 a que el 45% de los trabajadores estaban afiliados a una Caja Nacional de Previsión. En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de los trabajadores, con la creación de las cajas de empleados de comercio (1944), trabajadores de la industria (1946), trabajadores rurales e independientes, profesionales y empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico (1955). Este proceso implicó que el derecho a la previsión social dejara de ser un beneficio exclusivo de los estratos ocupacionales más privilegiados y se extendiera a amplias franjas de la clase trabajadora. A partir de este momento, el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo de la pertenencia del trabajador al mercado de trabajo formal.

Hacia 1954, con la sanción de la Ley 14370, se produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen cuando se asumió la lógica de reparto como principio estructurante. Ello implicó que la redistribución de ingresos prime como criterio de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás la lógica de capitalización individual. De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los trabajadores activos debían sostener a aquellos que se retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o a las familias de los trabajadores fallecidos

En el año 1994 (cuando gobernaba, reiteramos, el peronismo que les gusta a los antiperonistas) se aprueba el sistema de capitalización o jubilación privada a través de  las AFJP mediante la Ley 24241. A partir de 1993 se redujeron las alícuotas de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, con el supuesto objetivo de incentivar la contratación de personal. Entre 1993 y 2000, dichas cargas se redujeron cerca del 50%, pasando del 33% sobre los salarios nominales al 17,8%, tendencia que se vio agudizada con la sanción de Ley 25250 de Reforma Laboral en mayo de 2000 (gobierno de De La Rúa, «ley Banelco»), la que preveía para el caso de los nuevos puestos de trabajo una reducción adicional, según las características del trabajador, de entre 33% y 50%.

Con el Decreto 1495/01 dictado por De La Rúa, las AFJP lograron avanzar sobre las cuentas individuales deduciendo parte de su comisión directamente del saldo de la cuenta aquel afiliado que dejaba de aportar durante cierta cantidad de tiempo. El porcentaje de beneficiarios del sistema de seguridad social disminuyó: mientras en 1992 representaban el 84,4% de los hombres y el 73,9% de las mujeres de 65 años y más, en 2004 este número había descendido a 71,0% y 62,1%, respectivamente.

Con el kirchnerismo en el gobierno desde mayo del 2003, a través de la Ley 25994 de Jubilación Anticipada y el Decreto N° 1454/05 de Jubilación de “Amas de Casa” se incorporan 1.500.000 personas al sistema jubilatorio. En el 2008 durante el primer gobierno de Cristina se sanciona la Ley 26417 de Movilidad Jubilatoria, y poco después por la Ley 26425 se recuperaron los activos en poder de las AFJP a través de la eliminación del régimen de capitalización. En ambos casos la oposición que con el tiempo formaría «Cambiemos» (la UCR, el PRO y la Coalición Cívica) votó en contra, y Elisa Carrió se «encadenó» al obelisco en defensa de las AFJP

En septiembre de 2014 se sanciona la ley 26970, la cual permite regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al 2003, con un plan de pagos de sesenta cuotas para los autónomos y los monotributistas que ya tienen la edad para acceder a la jubilación, permitiendo que otros 600.000 personas (un 87 % mujeres) accedieran a la jubilación. Por la Ley 27181 se «blindaron» los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para evitar que se malvendieran, exigiendo para ello una aprobación del Congreso con los dos tercios de los votos de los miembros presentes.

En 2016 la Ley 27260 («blanqueo de capitales») derogó esa norma, y aprobó la «reparación histórica» para pagarles a menos del 8 % de los jubilados los índices fijados a su antojo por la Corte Suprema en las causas «Badaro» y Eliff». En diciembre del 2017 y en medio de un impresionante operativo de represión policial, se reemplazó la fórmula de ajuste de los haberes aprobada en 2008, por otra con la que los aumentos resultaron menores. Todos estos hechos son públicos, notorios, conocidos, constan en publicaciones periodísticas y bases de datos públicas accesibles para todos, están los registros en los diarios de época. Cualquier puede consultarlos y corroborarlos antes de opinar.

O puede hablar al pedo sin ningún fundamento que no sea el puro prejuicio antiperonista, pero con aires de autoridad. Ojo: con eso le alcanza y sobra para haber dado durante años clases de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Litoral, y escribir notas del tema en el diario «El Litoral», Clarín y La Nación. Esos lugares donde cualquier burro que rebuzne gorileadas tiene cabida, digamos.

(*) La infografía con el tamaño de las deudas contraídas con el FMI por los distintos gobiernos esta sacada de ésta nota de La Nación

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