Alberto Fernández supo construir un liderazgo (más social que político) en circunstancias difíciles, en medio de la pandemia; con todo lo provisorio que una afirmación de ese tipo puede tener en la Argentina: muchos de los sectores sociales que aprueban el modo como conduce la crisis (en especial los que no lo votaron) pueden cambiar rápida y bruscamente de opinión, al calor del hartazgo social por la cuarentena y los trastornos que ocasiona.
La discusión que se pretende instalar desde ciertos sectores sobre el mejor modo de seguir adelante trabaja sobre ese flanco, porque la cuestión en sí no admite debate: debería estar claro que la salud no se negocia, y que la estrategia seguida por el gobierno ha sido la correcta: así lo demuestran los números, y la comparación con lo que está pasando en el mundo, incluso en los países desarrollados.
Tampoco se discuten los efectos de la crisis sobre la economía: está claro que no es «economía o salud» porque aun en aquellos países cuyos gobiernos o autoridades (como Trump, Johnson o Bolsonaro) resolvieron flexibilizar las restricciones, las economías se están cayendo tan a pedazos como las de los que adoptaron criterios más sensatos, como Argentina.
El asunto debiera ser entonces como tratar de conciliar, del mejor modo posible, ambos extremos; y cuando los principales grupos económicos del país están presionando para flexibilizar la cuarentena, aunque no lo digan, le están exigiendo al gobierno que adopte el modelo que en el mundo ha generado un gran número de contagiados y muertos, que el capitalismo salvaje estima como tolerables en holocausto a la preservación de sus ganancias. Eso está tan claro como que si el gobierno les hiciera caso y los resultados fueran los lógicamente esperables, los aprovecharían para horadarlo con su poder de fuego mediático.
La conducta de nuestro establishment económico en medio de la crisis (conducta que es todo menos inesperada) da de lleno en la línea de flotación del sistema de creencias políticas del presidente, que antes de todo esto soñaba con alguna forma de concertación o pacto social, para que el país transitara el post macrismo: eso, que era ilusorio entonces considerando nuestros antecedentes históricos, parece ya absurdo hoy; cuando en medio de una epidemia nuestros grandes empresarios solo piensan en despedir, recortar salarios, dejar de pagar impuestos, o tener en marcha sus empresas a como de lugar, aunque muera gente.
La crisis demanda, por su naturaleza y alcance, una acción enérgica, rápida y extendida del Estado; máxime cuando nuestra autoproclamada clase dirigente da muestras de desertar -una vez más- de toda forma de compromiso social. Y para que esa acción del Estado sea eficaz y oportuna, se necesitan recursos: lo que debiéramos estar discutiendo entonces es de donde los saca.
Porque no puede endeudarse más ni es aconsejable, ni podrá hacerlo en mucho tiempo, y le dicen al gobierno (y a veces parece que éste lo asiente) que no puede emitir, porque generará inflación; como si la inflación ya no estuviera instalada entre nosotros. En consecuencia no hay muchas más alternativas a la vista que recaudar impuestos, de aquellos que pueden y deberían pagarlo, pero que no están dispuestos a hacerlo por las buenas: ya alinearon todo su aparato comunicacional enajenador de conciencias con ese objetivo, y la peluquera de barrio porteño sale a cacerolear para que no le toquen el 1 % de su patrimonio a Rocca, Galperín o Pérez Companc.
La ejemplaridad del liderazgo presidencial en los albores de la crisis se basó en el rol ordenador de la autoridad del Estado como encarnación jurídica de la representación de los intereses generales: el presidente daba la talla, y estaba a la altura de las circunstancias y de las exigencias de las responsabilidades de su cargo; más si se lo comparaba con su paupérrimo antecesor.

Desde entonces, esa autoridad y ese liderazgo han sido desafiados a diario por los intereses facciosos, casi siempre con impunidad: la respuesta concreta e institucional del aparato del Estado a esos desafíos puntuales ha sido en general floja, el que quiso aumentar precios los aumentó, el que quiso despedir despidió y los bancos que se negaron a dar los préstamos instrumentados por el gobierno, siguen poniendo miles de reparos para otorgarlos.

Ni que decir que los anuncios que se hicieron para la población más vulnerable (como el IFE) y aun cuando no se diga que fueron insuficientes, deben concretarse aun, y no son pocos los que penan con los rechazos de la ANSES, mientras Macri puede cobrar ya su jubilación como ex presidente (la que se le sigue negando a Boudou), si de ejemplaridades hablamos. No hay espacio para más «errores» o distracciones, porque la crisis nos va a llevar puestos.
En éste marco el Ministro de Economía no puede estar ausente o ser Ministro de Deuda como si gobernara el macrismo, y seguir pensando que es posible y prioritario reestructurar nuestra deuda, cuando todo ha volado por los aires, en el país y en el mundo. Del mismo modo, el Ministro de Desarrollo Productivo no puede estar simplemente para anunciar medidas, y luego desentenderse de su ejecución concreta, como pasa con los controles de precios o los créditos a las empresas para pagar sueldos.
Y así como los sueños de una concertación social amplia se perdieron en las respuestas cerriles de nuestro empresariado más poderoso frente a la pandemia (mientras el denostado sindicalismo da muestras de madurez), la misma suerte están destinados a correr los sueños de una amplia concertación política: la oposición «realmente existente» volvió a lo suyo, a lo de siempre; y le preocupan más los argentinos que quedaron varados en el exterior que los que viven acá, o fungir de amanuenses legislativos de los más poderosos, para evitar que haya cualquier intento de reforma impositiva que siquiera roce sus intereses.
Todo lo dicho no debe ser interpretado en contra del gobierno al cual militamos, votamos y seguiremos apoyando, sino a su favor: la dinámica de la crisis le impondrá al presidente y su equipo dar respuestas cada vez más inmediatas en tiempos apremiantes, y no parece lógico que, si hasta acá no han rehuído las responsabilidades, se nieguen a sí mismos el uso de todas las herramientas legales e institucionales que tienen para darlas, o a ampliarlas en la medida de lo necesario.

Como por ejemplo sostener que, aunque caiga la recaudación y el Estado necesite recursos, el Poder Ejecutivo nada tiene que decir en materia impositiva, porque es materia exclusivamente reservada al Congreso: ¿quién va a recaudar esos impuestos, y disponer su inversión en los fines y funciones del Estado?

El gobierno debe ser muy claro y firme al respecto aunque eso implique granjearse la pérdida de apoyos que -esta claro- nunca tendrán, como los de los grandes empresarios, o que son volátiles, como los de algunos sectores de la clase media; porque además lo necesita para gestionar en la crisis. Acaso sea llegado el momento de apretar el acelerador con cambios más de fondo, que si no se hacen ahora quien sabe cuando se harán; basándose más en apoyos reales y concretos de estructuras disponibles, y de los sectores de la sociedad que se verían beneficiados con ellos.
Mañana puede ser tarde: si la autoridad presidencial y la legitimidad del gobierno son desafiados (como lo están siendo) en momentos de crisis, es ilusorio pensar que sean respetados cuando vuelva la normalidad. Tuits relacionados:

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