El domingo leíamos en El Cohete a la Luna esta nota de Horacio Rovelli sobre la cadena de producción y comercialización de los alimentos, y la incidencia del dólar. Y el mismo domingo leíamos esta otra nota de Della Torre en Página 12, sobre las características de nuestro sistema tributario, en orden a la baja presión fiscal vía impuestos directos, sobre los más ricos de la sociedad, y sus patrimonios.

Y si bien la actualidad demanda prestar atención a otras urgencias, se nos ocurre que los dos temas deberían figurar, por lejos, en la agenda prioritaria de cualquier gobierno que quiera resolver los graves desequilibrios estructurales que tiene la Argentina; especialmente en orden a la distribución del ingreso.

Se nos dirá que en éste momento el gobierno tiene otras prioridades urgentes que atender como la pandemia, o la renegociación de la deuda, y diremos al respecto que, mientras una urgencia (la del coronavirus) fue impuesta por la realidad, la otra (el posible arreglo con los acreedores externos) se lo autoimpuso el gobierno mismo; aun cuando la pandemia ameritaba claramente revisar prioridades preexistentes.

Por otro lado, no es tan sencillo afirmar que analizar como se conforma el precio de los alimentos y como se distribuyen rentabilidades al interior de su cadena de producción y comercialización, o como hacer para que los que más capacidad contributiva tienen paguen impuestos acordes con ello, se pueda disociar de la pandemia y las necesidades que impone o genera, de modo de disociar los temas en el tiempo; y concluir así en que solo resuelto uno de ellos, podremos ocuparnos del otro. Los procesos sociales, políticos y económicos son más complejos que las etapas que se pasan en un juego de video.

Lo mismo pasa si comparamos a ambos temas con la renegociación de la deuda: antes bien, los dos apuntados inciden directamente en la solvencia fiscal del Estado (tópico de imprescindible abordaje a la hora de analizar cualquier propuesta de cancelación de la deuda) y en el nivel general de la actividad económica por el lado de la accesibilidad al consumo de bienes esenciales, o los niveles generales de inflación.

Y eso a su vez determina el marco macroeconómico desde el cual se generen o no los excedentes necesarios para pagar la deuda, y de que sectores de la sociedad se extraen. Si tuviéramos que resumirlo, diríamos que en ésta ecuación se encuentra la base central del contrato electoral entre el «Frente de Todos» y sus votantes.

Eso, sin contar con que el modelo de valorización financiera de excedentes y fuga de capitales, que está en la raíz misma de nuestros procesos crónicos de endeudamiento, se alimenta con los recursos de los que se apropian -entre otros- los que gozan de privilegios o posiciones dominantes en la cadena alimentaria; que además están acostumbrados a dolarizar ingresos y operar sobre el tipo de cambio: como diría Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo.

También se nos podría decir que el kirchnerismo, en su largo ciclo de gobierno del 2003 al 2015, abordó ambos temas solo parcialmente, como a desgano, o de modos colaterales: las retenciones móviles, algún esquema transitorio de controles de precios, la regulación de los saldos exportables, o alguna reforma tributaria tibia y parcial. Y el señalamiento sería cierto, y forma parte de las deudas pendientes de la experiencia kirchnerista, pero ¿acaso no decimos que teníamos que volver para ser mejores, o ser mejores simplemente se trataba de cultivar buenos modales?

Si uno plantea que el gobierno debería avanzar en los dos frentes que señalan los artículos reseñados, rápidamente aparecerá la cuestión de la prudencia, o la correlación de fuerzas; un argumento especioso que oculta que en política, la correlación de fuerzas no es estática sino dinámica, y también se construye.

No se puede dudar -por ejemplo- de que avanzar con impuestos sobre los sectores más ricos de una sociedad desigual e injusta, o establecer regulaciones públicas inteligentes que morigeren el aumento de precios de los artículos esenciales de la canasta familiar, son iniciativas que gozarían de amplio consenso social; tanto que la oposición a cualquiera de ellas (como está pasando con el «impuesto a la riqueza») debería enmascararse bajo otras causas, porque no pueda plantearse de plano.

Ambos temas requieren, claro está, un diseño inteligente del Estado, para que su acción sea eficaz, y una coordinación precisa entre todas sus áreas, para conseguir los objetivos propuestos.

Hay que atacar (en ambos casos) la evasión y la fuga de capitales, la concentración económica (con instrumentos más precisos y contundentes que la «ley de góndolas»), las posiciones dominantes en el mercado y los intrincados mecanismos de financiarización de utilidades y fuga. Ello requiere que la AFIP (en su componente impositivo y aduanero), el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Comercio, y -como no- hasta la Unidad de Información Financiera o la Inspección General de Justicia actúen de consuno, según un plan preestablecido, para no dejar nada librado al azar.

Pero no solo hay que controlar y eventualmente sancionar conductas disvaliosas o ilegales: también hay que desarrollar y estimular nuevos productores y proveedores de alimentos, fortalecer circuitos alternativos de comercialización de la producción, ampliar los roles reguladores del Estado en el comercio exterior y en el manejo del mercado de cambio y divisas, en fin: un conjunto de acciones tan amplio y complejo, como urgente y necesario.

Acciones que ponen en el tape no solo el diseño del Estado, sino los límites de la política y su autonomización de las lógicas corporativas, pero no para reducirlos, sino para ensancharlos, en busca de una organización más justa de la sociedad.

En síntesis, lo que se discute es la esencia misma de la cuestión política, que es el poder, quien lo tiene, como se distribuye y como se ejerce. Y el poder, al igual que la política, no tolera el vacío: lo que alguien deja de ejercer, pudiendo hacerlo en forma legítima, otro alguien (y no necesariamente un acto institucional, sometido a las reglas de la democracia) lo entiende implícita y explícitamente como una ampliación de la esfera de su poder propio. O sea que si hilamos fino, empezamos hablando de economía, y terminamos hablando de política.

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