lunes, 30 de junio de 2014

BARLETTA Y LOS RIESGOS DE ESCUPIR PARA ARRIBA, O PREDICAR MORAL CON LA BRAGUETA ABIERTA

A propósito del caso Boudou, los radicales se cuentan entre los opositores más activos en eso de pedirle que renuncie o pida licencia; o en plantear que hay que iniciarle el juicio político.
Y entre los radicales, ha sobresalido Barletta -hasta hace poco presidente del partido a nivel nacional- por ir más allá; señalando el «Boudougate» como un ejemplo de la corrupción y la impunidad que instaló el kirchnerismo en el país.
Pero el hombre es muy locuaz, y dijo muchas cosas: cuando se discutió la reforma judicial impulsada por Cristina, señalaba que el propósito era controlar la justicia y el Consejo de la Magistratura para «clonar Oyarbides», es decir, jueces adictos al gobierno, o controlados por él; para garantizarse la impunidad.
Señaló también que -con el mismo fin- el kirchnerismo había anulado los organismos de control, a propósito del caso Despouy y su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación.
Dicho esto, leemos en Rosario 12 de ayer sobre el avance de las causas por irregularidades en la UNL y su obra social, cuando Barletta (entre otros) fue rector:  «El expediente atravesó larguísimos años una nutrida serie de circunstancias, con notorio protagonismo del letrado apoderado de los primeros denunciantes, constituído más tarde como parte querellante, hasta que en marzo de 2006 la Fiscalía (órgano en que el juez había delegado la dirección de la investigación) pidió la indagatoria de Hidalgo y Hugo Storero, a lo que el juez Miño no hizo lugar.
El juzgado de Miño exigió entonces que las autoridades de los Ministerios de Economía y Educación precisaran si entre 1990 y 1999 se habían otorgado partidas presupuestarias a la UNL para el pago de los retroactivos devengados entre 1983 y 1987 reconocidos por la Resolución nro. 443/90. Al recibir las respuestas el juez se pronunció concluyendo que no había sospechas que justificaran indagar a alguien, por lo que expresamente denegó las indagatorias pedidas respecto a Barletta y Núñez; además consideró definitivamente agotada la tarea investigativa y dispuso el sobreseimiento de Hidalgo y Storero.
El 12 de junio pasado, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar el sobreseimiento que benefició oportunamente a Hidalgo y Storero y criticó lo actuado por el juez federal Francisco Miño que había resuelto sobreseer sin siquiera tomarles declaración indagatoria. También se cuestionó el rol de la fiscal interviniente, Cintia Gómez (hoy camarista en Paraná) y del Fiscal General, Claudio Palacín que no apelaron la medida. Los jueces pidieron profundizar las actuaciones procesales en las que se ahondó poco y nada en la posible responsabilidad del ex intendente santafesino.
El segundo revés judicial para ex funcionarios de la UNL vino de la mano de la Cámara de Casación Penal de la nación que rechazó una apelación de los imputados referido a un expediente en e que se investigaron presuntas maniobras ilegales dentro de la esfera de la Obra Social de la UNL. La denuncia la presentó Manuel Angel Costa. Por ello se abrió el expediente 687 en 2003 en el juzgado federal de Francisco Miño. La causa e inició por una ampliación de denuncia de Costa en un expediente del año 2000, en el cual la fiscal interviniente dispuso no dilatar la investigación en curso y formar un nuevo expediente. Dicha ampliación de denuncia se realizó contra quienes en esa fecha eran autoridades o miembros titulares del Concejo Directivo de la Universidad: Gustavo Modejar y Mónica Crespi y al entonces rector de la UNL, el ingeniero Mario Barletta. Concretamente, se denunciaba la convalidación y ampliación del acta acuerdo celebrada en julio de 2002 por medio de la cual, sostuvo el denunciante Costa, se licuó una acreencia de la masa de asociados de la UNL adecuada por el Rectorado a la Obra Social por más de $600.000. Como ocurriera en el proceso antes descripto (relacionado al rubro refrigerio) la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había dicho, en función que el juez había resuelto sobreseer sin indagar, que «la resolución dictada a favor de los imputados al sobreseerlos por hechos que no le fueron atribuidos resulta violatoria del artículo 18 de la Carta Magna». «
Para que se entienda de lo que hablamos, algunas aclaraciones:
* Los ex rectores radicales de la UNL fueron sobreseídos por el juez sin siquiera habérseles tomado declaración indagatoria, en ambas causas. A Barletta todos lo conocen, Storero fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Binner, y hoy está en el directorio de la EPE; en el gobierno de Bonfatti.
* El juez federal que los sobreseyó (Miño) es cuñado de Carlos Iparraguirre; ex concejal y diputado nacional por la UCR, ex Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Binner, actual subsecretario de Deportes del de Bonfatti.
* La fiscal Cintia Gómez (que no apeló los sobreseimientos dictados sin tomar indagatoria alguna) es la esposa de Oscar «Cachi» Martínez; actual diputado nacional que ingresó al Congreso por la boleta del Frente Para La Victoria, para pasarse luego al Frente Renovador de Sergio Massa.
* Martínez es el mismo que posibilitó el triunfo de Barletta -con su candidatura a intendente por «100 % Santafesino»- en el 2007 para llegar a la intendencia, a cambio de lo cual logró colocar (entre otros cargos)  a una ex candidata suya a concejal en el Tribunal de Cuentas de la municipalidad (el órgano de control más importante) por todo el mandato de Barletta; luego renovada la designación por Corral el año pasado.
* Antes de la polémica con el kirchnerismo por la continuidad de Leandro Despouy en la AGN, el primero que quiso sacarlo de su puesto fue Barletta cuando asumió la presidencia del Comité Nacional de la UCR; justamente porque siendo rector de la UNL, había investigado las irregularidades en la obra social, que hoy están siendo ventiladas en la justicia.
* Pero como contábamos también en éste post, el candidato de Barletta para reemplazarlo era Mariano Candiotti, vicerector de la UNL durante el mandato del propio Barletta (o sea cuando se produjeron las irregularidades que investiga la justicia), operador de la UCR por años en el Consejo de la Magistratura (donde se ocupó de cajonear prolijamente las denuncias contra el juez Miño por sus irregulares actuaciones en éstas causas); y actual Secretario de Justicia del gobierno de Bonfatti.
* O sea, el responsable de manejar el Consejo de la Magistratura y los concursos para ocupar cargos en la justicia y el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) provinciales; como el que ganó el propio hijo de Barletta.

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