TODO PARA PERDER

 

Ninguno espere en éste post un análisis jurídico de la decisión de la Corte de admitir el «per saltum» de los jueces okupas, o sus fundamentos: todo cuanto diremos al respecto está resumido en los tuits de apertura, que se podrían expresar en una frase: «Salí de ahí, Maravilla».

El terreno de la disputa judicial o si se quiere, la judicialización de la política, es un campo de batalla adverso en el que las fuerzas políticas populares tienen todo para perder, aquí y en América Latina. Son territorios del privilegio, estructuras del status quo, pensadas para defender un cierto orden de cosas; que no es otro que el de las minorías.

A menos que uno quiera meterse a fondo con transformaciones de corte revolucionario -y no con «reformas judiciales» cosméticas- hay poco para ganar allí, en términos de acumulación política. En todo caso los cortesanos siguen contribuyendo a la educación presidencial, mostrándole los límites que no debe traspasar, y las cosas con las que no se tiene que meter, independientemente de como terminen resolviendo el caso de los traslados cuestionados; lo que en éste contexto ya es anecdótico.

Desde que en el país se aprobó la ley Sáenz Peña poniendo punto final al fraude oligárquico, las fuerzas populares llegaron al poder por el voto mayoritario, y fueron desalojadas de él por la fuerza; o condicionadas en su ejercicio por los aparatos no democráticos del Estado democrático, como el poder judicial.

Más claramente con el primer peronismo que con su antecesor, el radicalismo yrigoyenista, el derrotero del movimiento nacional y popular en la Argentina fue marcado por la voluntad popular expresada en las urnas en forma contundente como fuente de legitimidad política sujeta a revalidación en su ejercicio, a base de la ampliación de derechos de las mayorías, y las mejoras en sus condiciones objetivas y materiales de existencia.

Lo que valió para 1945 vale para ahora: no hay otro camino, en política democrática en clave popular, que ése. Por origen (el voto popular) y por ejercicio (la ampliación de derechos y la mejora en el nivel de vida de las mayorías) la acepción más profunda y significativa de la democracia.

Perón pudo arremeter sobre la Corte Suprema de la Década Infame y reformar la Constitución en 1949 para romper los moldes estrechos de la democracia liberal, porque acumuló votos y capital político suficiente a base de garantizarles a las grandes mayorías hasta entonces olvidadas, dignidad, derechos, salarios, vivienda, salud, educación y perspectivas de progreso y futuro.

Y que no se diga que la coyuntura entonces era distinta, porque las «correlaciones de fuerzas» (término de moda si los hay) eran infinitamente peores: la oposición derrotada en las urnas en el 46´ había sido organizada y conducida públicamente por el embajador yanqui, y la Argentina de Perón -marginada del Plan Marsahll y sometida al bloqueo económico- era una piedra en el zapato del Departamento de Estado.

Muchos años después y como fruto inesperado de la implosión de la convertibilidad, Néstor Kirchner descabezó la Corte menemista con apenas el 22 % de los votos y un balotaje frustrado, pero lo pudo hacer con consenso social porque antes y simultáneamente a ellos recuperó las paritarias, deshibernó el Consejo del Salario e instrumentó la primera moratoria previsional; además de reestructurar la deuda con una quita sustancial. Otra vez: condiciones y correlaciones de fuerzas no son realidades estáticas, sino dinámicas, y se mueven con la acción política.

Hoy, en medio de una profunda crisis económica que destruyó empleos y salarios, apenas respirando por el arreglo con los acreedores externos que habrá que pagar, con una pandemia que en términos sanitarios ya se le fue de las manos hace rato y con la restricción externa agudizada y fortísimas presiones para forzar una devaluación, sería suicida para el gobierno embarcarse en una disputa en un terreno que le es claramente hostil, como los tribunales y su microclima.

En todo caso debe estar atento sí a las maniobras de neto corte desestabilizador de la que los supremos cortesanos son parte, y disponer en consecuencia de sus recursos políticos y de gestión, para fortalecerse y poder rechazar los embates. Y ausente en lo inmediato la movilización popular por razones obvias -que en todo caso deberán reexaminarse cuando nadie cree ni respeta ya la cuarentena-, no le queda otra que gobernar con decisión y firmeza a favor de los intereses populares; sin esperar nada sino palos en la rueda de estructuras como el Poder Judicial, que no fueron hechas para proteger derechos, sino para defender privilegios.

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