En un par de oportunidades nos ocupamos acá de la «ley de extinción de dominio» que discute el Senado nacional (ya tiene aprobación de Diputados), con el presunto y loable propósito de «recuperar lo robado por la corrupción»: acá y acá te contábamos por qué el proyecto es un absoluto mamarracho, que no pasa el más mínimo test de constitucionalidad.

Pero a la hora de vender humo, en Santa Fe, el socialismo no se queda atrás: leíamos el viernes pasado en el portal oficial del gobierno provincial: «Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, inauguraron, este viernes en la localidad de Alvear, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un nuevo organismo que dispondrá de los objetos secuestrados por la justicia penal y gestionará que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización. El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo.

“A nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido. Es un sustituto eficiente -mientras aguardamos la ley nacional- y para todos los delitos, como parte de un proyecto político alternativo en el país”, concluyó el ministro. Por su parte, Pullaro calificó la inauguración de la agencia como “un paso importantísimo, uno de los más importantes que hemos dado como Estado provincial en la pelea contra el delito organizado”. El ministro explicó que “una política pública de seguridad tiene muchas aristas que debemos abordar” y en ese sentido resumió que “le sacamos la plata y los bienes a las organizaciones criminales para desarticularlas y para que les sean devueltos a la sociedad. Estamos cumpliendo con el objetivo de golpear al delito en todos sus niveles, sin privilegios”.

A su turno, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó que “la agencia, que ya está funcionando en la práctica, busca atacar al crimen donde más le duele, es decir, en lo económico. Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”. “El objetivo es devolverle lo recaudado a la sociedad porque en definitiva es a la sociedad a la que se le robó para poder adquirir estos elementos”, puntualizó el funcionario y destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).» (las negritas son nuestras)

Aunque en la nota no hacen referencia explícita a ella, están hablando de la Ley 13.579 sancionada por la legislatura en el 2016, y reglamentada recién este año por Lifschitz mediante el Decreto 276; que creó la «Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad)», o en criollo: la nueva estructura burocrática (con repartija de chapas políticas incluida) que inventó el socialismo para descubrir que el agua moja: que los jueces pueden ordenar el secuestro cautelar de los bienes o efectos producto de un delito mientras se lo investiga; y su decomiso y eventual venta cuando media sentencia condenatoria firme contra sus autores, algo que está contemplado en el artículo 23 del Código Penal de la nación desde su sanción en 1921.

De acuerdo con la propia ley provincial y conforme lo dispone también la legislación comparada al respecto, los bienes secuestrados deben ser conservados en depósito y solo pueden ser vendidos cuando se trate de bienes pereceros, o su propietario haga abandono expreso de ellos, cuando los gastos de conservación sean mayores a su valor, cuando su conservación los deteriore en grado tal que haga imposible su uso, entre otras circunstancias vinculadas al bien, y no al presunto delito del cual provienen. Con un detalle: en esos casos no contempla ningún destino especial para el producido de la venta.

Además de precisar que es concretamente lo que hace la Agencia (ante la grandilocuencia de los dichos de los funcionarios), conviene recordar que tratándose de organismos provinciales, están totalmente fuera de su alcance y actividad los delitos federales; que suelen ser los que involucran en mayor medida la criminalidad compleja, como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, fraudes bancarios o bursátiles; como el de Bolsafé Valores, por ejemplo.

Y en los casos de corrupción estatal, o más precisamente de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, no se trata tanto de que en Santa Fe no se registre (como dice el eslogan oficial) «ni un caso de corrupción», sino de que cuando los hay, los esconden bajo la alfombra; y a las pruebas nos remitimos: en los tribunales santafesinos y por la influencia del poder político sigue dormida la causa contra Vorobiof por los curros del puerto local, y al fiscal que investigaba a Corral por las cooperativas truchas con las que financia la estructura punteril de la UCR (y el tráfico de inlfuencias del ministro de Seguridad en los concursos policiales) lo desplazaron de su cargo, lo apartaron de la investigación y lo sometieron a un sumario.
Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe en 12:30

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