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Contra «esto» también se enfrenta el gobierno de Perotti, los fiscales socialistas

Más de tres años para reactivar la escandalosa causa del fiscal rosarino que escuchaba a su ex pareja y a todo su entorno

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la investigación contra el exfuncionario judicial, Fernando Rodrigo, siga en la Justicia de Santa Fe y no pase al fuero federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó hace pocos días que el escandaloso caso que involucró al ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo, imputado por utilizar recursos oficiales para intervenir teléfonos particulares y escuchar conversaciones de una ex pareja, siga bajo instrucción de la Justicia de Santa Fe. La fiscal Natalia Benvenutto, citada en la pesquisa de juego clandestino y bajo investigación de la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, es la encargada del legajo. La funcionaria había girado la causa al fuero federal porque interpretó que se habían afectado recursos nacionales, como el servicio de telecomunicaciones. Ahora deberá avanzar en la acusación contra su ex compañero.

Apenas saltó la denuncia contra Rodrigo en agosto 2017 la investigación de los hechos quedó en manos de Benvenutto, quien con una sorprendente demora recién lo imputó en agosto de 2019. La funcionaria, tardó más de dos años en informarle los cargos a su ex compañero y amigo, con quien supo compartir la comisión directiva de la Asociación de Fiscales: él era presidente y ella secretaria.

Rodrigo quedó en evidencia cuando un empleado de la unidad Fiscal de Investigación y Juicio con el que trabajaba, de casualidad y al manipular documentación referida a distintas pesquisas, advirtió que había solicitudes de intervención de mensajes de texto y conversaciones sobre doce teléfonos a lo largo de casi un año, entre el 25 de agosto de 2016 y el 28 de julio de 2017.

Con recursos del Estado

Entre los usuarios de esos teléfonos el joven notó que estaba el de una compañera y ex novia del fiscal, que había sido pasante en la Fiscalía. Además, figuraban los teléfonos de los padres de la chica, hermanos y amigas abogadas, dos de las cuales habían trabajado con Rodrigo. Ninguna de las personas escuchadas estaba afectada a las investigaciones que comandaba.

Leer más ► Fernando Martín Rodrigo, el fiscal que se burló del sistema y ordenó escuchas a su ex pareja

Tras una licencia psiquiátrica y la posterior suspensión provisoria que en ese momento resolvió el fiscal Jorge Baclini (en ese momento a cargo de la regional Rosario), el 23 de agosto de 2017 Rodrigo renunció a su cargo y, sin más trámites, el ex gobernador Miguel Lifschitz se la aceptó. Al desvincularse como funcionario judicial, evitó quedar sujeto a la investigación administrativa de la Auditoría General de Gestión del MPA, que por la Ley 7.050 (supletoria del Jury de enjuiciamiento para magistrados) no pudo formular cargos. Entonces afrontó sólo el reproche penal como ciudadano común.

El propio Rodrigo retiraba personalmente esos informes en la sede Rosario de la dirección nacional de captación de escuchas.

En esos primeros días la fiscal Benvenuto se aseguró acopiar las evidencias que comprometían a Rodrigo, que transitó todo el proceso en libertad. Ordenó requisar su despacho, su domicilio, el de su madre y su auto. Se incautaron 183 CDs con las escuchas. La maniobra involucró numerosos recursos institucionales las autorizaciones que le hizo firmar a los jueces, oficios a organismos nacionales y a empresas privadas de telefonía.

El propio Rodrigo retiraba personalmente esos informes en la sede Rosario de la dirección nacional de captación de escuchas. Sin embargo, Benvenuto no imputó a Rodrigo inmediatamente, y derivó el legajo a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal de la Nación. Según argumentó, los hechos correspondían a esa competencia porque implicaba delitos con afectación de recursos nacionales, como las telecomunicaciones. Sin embargo, al recibir las actuaciones, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría se declaró incompetente y devolvió el caso.

La maniobra involucró numerosos recursos institucionales las autorizaciones que le hizo firmar a los jueces, oficios a organismos nacionales y a empresas privadas de telefonía.

Otra vez con el expediente en Rosario, se planteó una discusión de jurisdicción. En una audiencia entre las partes, el juez Hernán Postma consideró que la causa debía volver al fuero nacional. Entonces se planteó el conflicto sobre la competencia, que ahora resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta que se lo imputó

Pasaron dos años desde que se denunció el hecho hasta que Benvenutto decidió imputar a Rodrigo. El trámite se celebró el viernes 2 de agosto de 2019, y dio cuenta en su momento. En esa instancia Rodrigo no declaró. Apenas aportó sus datos personales al secretario del juez para que se incorporen al acta oficial.

La defensa, ejercida por el abogado penalista Víctor Corvalán, solicitó la suspensión del trámite porque entendían que aún no estaba resuelta la competencia. Benvenutto replicó que ante el paso del tiempo era necesario formalizar la imputación para que el ex fiscal conociera los hechos que le finalmente le achacaron.

Si bien las víctimas no formaron parte de esa audiencia, una de las jóvenes afectadas había manifestado la intención de constituirse como querellante con el patrocinio del abogado Carlos Ewards, pero no mantuvo esa condición porque se radicó en otra provincia. Como el delito de violación de secreto del que fue víctima es de instancia privada (toma impulso por interés del efectado) perdió es posibilidad al retirarse del proceso.

No solo el fiscal está bajo la lupa judicial sino que los fiscales Serjal (el cual era Regional) y Ponce Asahad, se encuentran presos por recibir coimas de un operador del juego clandestino.

No solo el fiscal está bajo la lupa judicial sino que los fiscales Serjal (el cual era Regional) y Ponce Asahad, se encuentran presos por recibir coimas de un operador del juego clandestino.

El juez de esa audiencia, Pablo Pinto, evaluó que las cuestiones de competencia no justificaban interrumpir el avance de la causa, y la audiencia prosiguió. La fiscal imputó a Rodrigo de delitos que afectaron la administración pública, como “peculado del trabajo y servicios públicos”, que contempla de dos a diez años de prisión, e inhabilitación absoluta al funcionario que utilice en provecho propio los bienes o servicios a su cargo. Y falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario.

Rodrigo fue acusado de haber confeccionado cuatro solicitudes de escuchas en textos que remitió con su firma y sello a jueces en turno. Y en uno de esos casos hizo figurar un número de legajo real, pero asignándole un delito diferente. En otros, invocó causas por venta ilegal de autopartes como excusa para obtener las escuchas. El ex fiscal, transita la investigación en libertad.

Pandemia mediante, cambios en la conducción del MPA por los escándalos con el ex fiscal Patricio Serjal (imputado y en prisión preventiva por la causa de juego clandestino), sustituído por María Eugenia Iribarren, nunca más se movilizó la investigación contra Rodrigo, que ahora debería retomar el impulso.

Aclarada la competencia

Con la firma digital de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el Superior Tribunal de Justicia echó luz sobre la competencia. En una resolución del 22 de octubre, hizo referencia al derrotero del expediente, y avaló el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal.

Los jueces de la Corte Suprema.

Los jueces de la Corte Suprema.

“En atención a que el hecho fue cometido por un funcionario público provincial en el marco de un proceso judicial que tramita en Rosario, tiene por víctimas a personas domiciliadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, afecta fundamentalmente el funcionamiento de los poderes públicos locales y compromete la responsabilidad de sus oficiales”, fundamentó el funcionario.

“La competencia nacional en materia de telecomunicaciones no alcanza a la investigación de delitos comunes que afectan líneas telefónicas de titularidad privada, cometidos por motivos particulares, y sin posibilidad de afectar el funcionamiento general del sistema de telecomunicaciones, tal como ocurre en este caso”, amplió el procurador.

Además, refuerza que “aparecen primordialmente afectados los poderes públicos de una provincia, al encontrarse comprometida la responsabilidad de un agente fiscal que abusó de su rol en un proceso penal tramitado en el fuero local”. En consecuencia, corresponde a la Justicia provincial continuar la investigación de la causa que originó la contienda”, dice Casal en su dictamen avalado por los cinco magistrados de la Corte Nacional.

El juego clandestino

Ahora solo resta esperar que Benvenutto avance con la pesquisa y consolide la acusación contra Rodrigo, porque según pudo averiguar Aire Digital de voceros del MPA, seguirá al frente del legajo. Cabe recordar un dato no menor: el Fiscal Regional de la 3ª Circunscripción (Venado Tuerto), Alejandro Sinópoli, advirtió a la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, sobre “la posible omisión de medidas investigativas” en la que la fiscal pudo incurrir en un legajo tramitado en 2018 por juego clandestino desarrollada.

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