Reunión con funcionarios del Poder Judicial y de la Corte Suprema provincial
Cara a cara con el gobernador Lifschitz
Le manifestaron al gobernador la preocupación e inseguridad que hay en ese poder del Estado, que se vio amenazado en los últimos dos meses, tras el juicio a la banda de Los Monos, con una decena de ataques a tiros.

Cara a cara con el gobernador Miguel Lifschitz, autoridades del Colegio de Magistrados reclamaron garantías de seguridad frente a las balaceras que no cesan y que el fin de semana llegaron al Centro de Justicia Penal. Los jueces y funcionarios judiciales, junto a ministros de la Corte Suprema santafesina, se reunieron ayer con el mandatario provincial y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, en la sede local del Colegio. Allí, le manifestaron al mandatario la preocupación e inseguridad que hay en ese poder del Estado, que se vio amenazado en los últimos dos meses, tras el juicio a la banda de Los Monos, con una decena de ataques a tiros. A una semana del inicio de las audiencias de apelación por las condenas a cabecillas y miembros de la banda, coincidieron en que cada parte debe asumir sus responsabilidades. Por otra parte, el presidente del Alto Tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, pidió que “se hable menos y se haga más”.

El encuentro de ayer fue el primero de Lifschitz con los funcionarios y magistrados, desde el inicio de los ataques con balaceras a dos ex viviendas del juez que presidió el tribunal que condenó a Los Monos, Ismael Manfrín. Por aquellos días se exigió que el Ejecutivo ponga en marcha medidas de prevención y seguridad tanto para los operadores de justicia como para los usuarios. Los casos se repitieron en viviendas de familiares del juez Juan Carlos Vienna, de ex agentes de la disuelta División Judiciales, y de la jueza Marisol Usandizaga. El sábado pasado, dos nuevos hechos causaron estupor: disparos contra el Centro de Justicia Penal y en un edificio de barrio Martin, vinculado con la jueza Usandizaga, en la misma semana que el Poder Judicial le puso fecha a las audiencias de apelación del clan Cantero.

Lifschitz y Silberstein escucharon a integrantes del Colegio de Magistrados, quienes plantearon que se “adopten todas las medidas que, dentro del marco previsto por la Constitución y las leyes, permitan revertir en lo inmediato la situación de concreta afectación al normal funcionamiento de las instituciones que los episodios violentos han generado”. En rigor, se pidió que “garanticen la seguridad en los lugares de trabajo de los operadores, como la del público en general”, teniendo en cuenta que el último hecho se dio en un espacio de circulación de personas que asisten al Centro de Justicia Penal. También reclamaron prevención en cuanto a lo personal, con magistrados y funcionarios que hayan participado o lo harán, “en procesos de gran trascendencia pública”.

Del encuentro con las autoridades provinciales, organizado el domingo por la noche y realizado ayer, a puertas cerradas, participaron también el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador; los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Netri; y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Ariel Ariza.

Mientras se desarrollaba la reunión, Gutiérrez habló en medios radiales: “Pasaron más de dos meses desde las primeras balaceras y no tuvimos ningún resultado en la investigación. Yo creo que para asegurar lo institucional hay que hacer inteligencia y prevención para encontrar al verdadero culpable, los materiales y los intelectuales, porque acá hay una mano negra que está manejando todo esto”. Y agregó: “Tampoco podemos adjudicarle a un sector determinado todo esto. Hay que tener en cuenta que con Los Monos también fue incriminada gente de la Policía de la provincia. Entonces hasta que yo no tenga una comprobación suficiente, no digo que esto sea blanco ni negro”. Para el ministro “hay que hablar menos y hacer más”, y atribuyó a la cartera de Seguridad haber dicho “imprudencias”, en lugar de investigar.

En tanto, se indicó que la custodia del Centro de Justicia Penal no avisó del hecho en el momento –la madrugada del sábado— por lo que esa demora en advertir la situación podría derivar en medidas administrativas sobre el personal.

En tanto, la Asociación de Funcionarios Judiciales de la segunda y tercera circunscripción se sumó al repudió por los atentados y manifestó su respaldo a empleados, funcionarios y magistrados.

Comentarios Facebook