CONFESIÓN DE LA PROPIA TORPEZA

El tuit de apertura corresponde a ésta nota en el diario de Nahuel de Ignacio Hintermeister, uno que lo hace quedar a Alaniz más perobinista que el «Bebe» Cooke, y la verdad que no sabés por donde empezar para analizar el repertorio de pavadas y lugares comunes que allí se dicen.

Primero lo primero: en realidad el artículo es una publinota del ex ministro de Economía del socialismo Gonzalo Saglione, hoy «consultor privado» y asesor del bloque del FPCyS en la Legislatura, conteste a lo que viene pasando desde que empezó el gobierno de Perotti: la oposición (ex gobierno hasta diciembre) tira letra, y los medios tradicionales (léase gorilas) la levantan; en este caso para que en los comentarios de los lectores le peguen al gobernador por genuflexo del gobierno nacional. Pero sigamos por parte.

La idea central del artículo es que Santa Fe está entre las provincia más perjudicadas en el reparto de los recursos, no de la coparticipación federal de impuestos, sino de las «transferencias especiales» del gobierno central, que el artículo identifica como totalmente «discrecionales». El cálculo se basa por ejemplo en el plan de obras contenido en el presupuesto nacional enviado al Congreso, dividido geográficamente por provincia y por habitante.

Sentada así la «discriminación», se dirá a renglón seguido que Santa Fe «recibe menos de lo que aporta, por ejemplo en concepto de retenciones», con lo cual se termina asimilando la distribución de los recursos entre las partes de un Estado federal a una especie de régimen de capitalización individual, o más burdamente, a una perinola. Hace unos cuantos años atrás ya desde el socialismo se planteaba tal cuestión, y en su momento nosotros elaboramos un documento (que pueden leer acá) demostrando que la casi totalidad de las transferencias nacionales a las provincias eran automáticas, y las «discrecionales» eran marginales en el conjunto.

La idea que subyace en la nota, por supuesto, no puede ser más absurda: tanto los impuestos como su coparticipación, como el plan de inversión pública en infraestructura no se pueden definir con criterio meramente devolutivo (se recibe en la medida que «se pone»), sino justamente son herramientas esenciales para compensar desequilibrios regionales y déficits históricos de infraestructura en la búsqueda de un desarrollo más integrado y equitativo del país: no es ni más ni menos  que lo establece el artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional, como base del régimen de coparticipación.

Por otro lado meter en la discusión lo que una provincia (en éste caso Santa Fe) «pone» en concepto de retenciones es como mínimo curioso, si se considera que los derechos de exportación no son coparticipables de acuerdo al artículo 4 de la propia Constitución, que cuando Cristina coparticipó el 30 % de las retenciones a la soja por el DNU 206/09 el socialismo -que había votado en contra las retenciones móviles de la Resolución 125 en el Congreso- no lo apoyó, pero sí cobró religiosamente la parte que le tocaba a Santa Fe del Fondo Federal Solidario, que así se llamaba.

Fondo luego derogado de un plumazo por Macri, sin que la provincia de Santa Fe -cuando era gobernada por el socialismo- iniciara una demanda contra la nación por eso, como hicieron otras provincias: todo lo contrario, Lifschitz aceptó la poda porque había firmado el pacto fiscal con Macri, del que la misma se desprendía.

Es también muy curiosa la referencia que hace la nota al fallo de la Corte en favor de Santa Fe de noviembre de 2015 por la parte de la masa precoparticipable que iba a la ANSES. Curiosa porque de inmediato cesaron los descuentos de coparticipación por esa vía, con lo cual el gobierno de Lifschitz gozó de recursos que sus antecesores no habían tenido; y curiosa porque la provincia nunca cobró la deuda, ni instó la ejecución del fallo para su cobro, como hizo San Luis.

Y durante el anterior gobierno provincial no lo hicieron porque con la excusa de que de tal modo le iban a pagar a la provincia esa deuda (cuya cuantía debe determinar la Corte, dicho sea de paso), Lifschitz hizo votar a los legisladores socialistas en el Congreso nacional el blanqueo de capitales y la «reparación histórica» con la que se desguazó el Fondo de Garantía de la ANSES, antes el acuerdo con los fondos buitres y después como se dijo, firmó el pacto fiscal por el que -por ejemplo-se eliminaban o reducían los subsidios al transporte.

Pero lo más extraño de la nota (dado que esta se apoya en el informe de Saglione) son dos cosas, a saber:1) que alguien que formó parte de un gobierno «socialista» defienda el criterio de que acada uno hay que darle recursos en la medida que los aporta: imaginemos esa idea aplicada por ejemplo al impuesto a las grandes fortunas, y los servicios que presta el Estado, y 2) que Saglione haga una confesión tan explícita de su propia torpeza, al reconocer que las transferencias «especiales» de la nación a la provincia también cayeron entre 2016 y 2019, o sea durante el gobierno de Lifschitz, del cual él fue ministro de Economía.

¿De qué sirvieron entonces tantas agachadas frente al gobierno de Macri?

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