QUE BIEN ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS MAL

Hay un consenso extendido en los análisis económicos y políticos (del que no quedan excluidos analistas «del palo») sobre que el segundo mandato de Cristina fue malo en todo sentido, y que allí hay que buscar las causas del triunfo de Macri en el balotaje presidencial del 2015.
Desde esa óptica, se exculpan otros factores como la división del voto peronista con la candidatura de Massa -decisiva para que hubiera balotaje, y para que a éste lo ganara Macri-, con la curiosa conclusión de que la responsabilidad mayor en la derrota del que conservó más votos y apostó a la candidatura del «peronismo realmente existente» como les gustaba decir a algunos por entonces, que la del que rompió desde el 2013 una unidad más amplia, y terminó siendo funcional al triunfo de la derecha en las urnas. Pariente cercano -en falsedad- del análisis según el cual Cristina «fue a menos», apostando al triunfo de Macri, para luego generar las condiciones para un «operativo clamor» pidiendo su regreso: lo curioso es muchos de los que dijeron eso fueron realmente «a menos» frente a Macri, siendo oposición.
Que el gobierno del 2011 al 2015 no fue perfecto y se cometieron muchos errores, o quedaron cosas pendientes que agudizaron determinados problemas generando malestar social y posibles «votos castigo», no caben dudas; del mismo modo que en el desarrollo concreto de la campaña pudieron existir -y de hecho existieron- errores de estrategia. Pero escindir determinados hechos del análisis para llegar a una conclusión predeterminada que -se vio luego- cohonestara ciertas conductas posteriores de «oposición razonable» al macrismo es, como mínimo, un ejercicio de deshonestidad intelectual.
El año electoral 2015 transcurrió en medio del escándalo por la muerte de Nisman, la ofensiva feroz de los fondos buitres para esmerilar al gobierno y obligarlo a rendirse incondicionalmente a sus demandas (con la imprescindible colaboración de aliados internos, desde la oposición a los grandes medios) y, ahora lo sabemos, la intromisión en la campaña de las más refinadas estrategias de influencia sobre la opinión pública como el trabajo de Cambridge Analytica, entre otros hechos relevantes. Aun con todo eso en contra, la fuerza que gobernaba entonces terminó perdiendo en un balotaje por un punto y medio, tras 12 años intensos de gobierno, y llevando a un candidato que no cumplió con lo que de él se esperaba, en cuanto a captar votos por fuera del núcleo duro, dado su perfil.
Pero volvamos al segundo mandato de Cristina, y ese consenso extendido sobre que fue un mal gobierno: no se trata de compararlo acá con el de Macri que lo sucedió, y con el cual hasta De La Rúa podría salir ganando según como se mire; sino de ver hoy, en las particulares condiciones concretas en las que se tiene que desenvolver el gobierno de Alberto Fernández, y las herramientas con las que cuenta para enfrentar la doble crisis (la heredada del macrismo y la generada por la pandemia). En ese sentido se creemos que se pueden destacar determinados ejes:
* Los bancos fueron (como siempre) los grandes ganadores en todo esto, con o sin pandemia, con o sin arreglo con los acreedores externos, y fueron a su vez los que sabotearon o retacearon colaboración a todos los planes desplegados por el gobierno para atemperar los efectos de la crisis. Si el gobierno actual tiene algunas herramientas legales a su alcances para regularlos y forzarlos a cumplir con determinadas cuestiones (líneas de crédito productivo, piso de tasas para los plazos fijos, límites de tenencias de títulos públicos), es gracias a la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, mediante la Ley 26739.
* En los orígenes de su mandato, Alberto Fernández pensó en una «salida exportadora», haciendo hincapié en las divisas que podría generar Vaca Muerta, aunque claro, luego las cosas cambiaron: sobrevino la pandemia y el precio internacional del petróleo se derrumbó. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de que desde allí se aporte a la recuperación de la economía, será con el liderazgo de la YPF cuyo control recuperó el Estado en el 2012, con la Ley 26741. De hecho hace poco y como veíamos acá, los números de la petrolera fueron mucho mejores durante el gobierno «chavista» de Cristina, que con el «market friendly» de Macri.
* Sobre la importancia estratégica del Programa Procrear (creado en el 2012 por el DNU 902), no hay mucho que agregar, salvo que fue reconocida por el propio Alberto Fernández hace poco cuando lo relanzó, en los fundamentos del DNU 643.
* Si el Procrear fue y es posible, es gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, creado cuando el Estado liquidó en 2008 el sistema de jubilación privada de las AFJP. En el año 2015 Cristina hizo votar en el Congreso la Ley 27181, que protegía de «privatizaciones» las tenencias accionarias del Fondo en distintas empresas privadas, disposición protectora volada de un plumazo por el macrismo con la Ley 27260 que aprobó la «reparación histórica», y como resultado de esas y otras medidas, el FGS perdió -durante el gobierno de Macri- la mitad de su valor en dólares, tanto así que desde la ANSES se evalúa ahora propiciar una ley…para proteger sus activos.
* Tampoco creemos que sea necesario agregar demasiado sobre la importancia de mantener una postura firme en la negociación con los fondos buitres, y en darse una política de desendeudamiento como condición para poder crecer: al gobierno de AF le tocó padecer hace poco lo que los fondos inversores son capaces de hacer a la hora de bloquear una negociación, y los «principios de sustentabilidad de la deuda pública» con los que Martín Guzmán condujo la negociación e incluso se hicieron aprobar por el Congreso, son sustancialmente los mismos que el gobierno de Cristina planteó exitosamente en su momento ante la ONU, y fueron aprobados en el 2015 por su Asamblea General.
* El gobierno de Alberto Fernández emprendió, bajo la conducción de la ex fiscal Cristina Caamaño, un profundo proceso de reestructuración de la AFI. Y al hacerlo, retomó no solo las líneas centrales, sino las propias normas que en ése área había aprobado Cristina en su segundo mandato: veíamos acá que, a poco de asumir el gobierno, repuso los Decretos 1311 y 2415 dictados por ella en el 2015, para quitarle el carácter de fondos reservados a la mayoría de las partidas del organismos, que Macri luego les repuso.
* Y por último, lo más actual: en el DNU 690 por el cual declara como servicios públicos a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de Internet, el propio Alberto rescata conceptos y regulaciones que estaban en la Ley 27078 de «Argentina Digital» aprobada en el 2014, y que Macri desguazara prolijamente en su gobierno, junto con las cláusulas de la ley de medios que eran más irritativas para los intereses del Grupo Clarín.

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